Por Victoriano Martínez

Es apenas una empresa y son 114 millones 171 mil 370.09 pesos.

En la lista de empresas que facturan operaciones simuladas, el SAT reporta 9 mil 866 en todo el país, con corte al pasado 26 de marzo.

La empresa 79 Integración Empresarial Center S.A. de C.V. es una más en la lista, a la que el SAT le detectó operaciones simuladas por más de 114 millones de pesos, sólo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

De esos, más de siete millones se los facturó a la administración de Ricardo Gallardo Juárez, más de 2 millones 658 mil pesos al gobierno del estado, casi un millón 933 mil pesos al ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.

También le facturó, ese mismo año, a los ayuntamientos de Mexquitic de Carmona en 35 ocasiones; Ciudad Valles y Tanquián en tres; Ciudad Fernández, Cedral y Tamazunchale en dos, y con una sola ocasión Tampamolón y Tancanhuitz.

Es sólo una empresa y es sólo lo facturado en un año.

De los 114 millones de pesos facturados, unos 20 millones fueron facturados a entes gubernamentales. Eso deja más de 94 millones de pesos facturados por operaciones simuladas con particulares.

Tan grave la simulación en las entidades públicas como en las privadas.

Del otro lado de las facturas de operaciones simuladas se encuentra las empresas que deducen operaciones simuladas.

Entre los particulares, facturar operaciones simuladas es una maniobra para evadir impuestos.

Entre los funcionarios públicos, facturar operaciones simuladas es una maniobra para encubrir desvío de recursos, que en muchos casos representa una forma de apropiarse del erario.

Las facturas apócrifas afectan por una doble vía al interés común: los ingresos que no llegan a las arcas públicas y los egresos que no se aplican a los objetivos públicos.

El caso de la empresa 79 Integración Empresarial Center S.A. de C.V. no puede ser tomado como el único con el que hayan operado los 10 municipios y el gobierno del estado, ni tampoco debe considerarse que los otros 48 municipios y el resto de las entidades públicas no hayan incurrido en estas prácticas.

Muy efectista resulta que el gobernador Juan Manuel Carreras López se pronuncie por investigar y sancionar a los responsables de los 2.6 millones de pesos que les facturó esta empresa, cuando organizaciones como Ciudadanos Observando le han señalado operaciones con otras empresas fantasma.

Sería muy diferente si Carreras López pusiera a disposición de la ciudadanía el padrón real de proveedores del gobierno estatal y las facturas que le emiten, y la convocara a que lo ayuden a detectar operaciones simuladas en ese listado.

Muy lejos de eso, en el Portal Estatal de Transparencia Carreras López difunde un formato en el que simula un listado de 561 proveedores y contratistas, cuando en realidad sólo aparecen 41 personas morales distintas (17 repetidas 11 veces y 24 repetidas en 12 ocasiones), y siete personas físicas (6 repetidas 11 veces y una 12 veces).

En todos los casos, las personas físicas y morales cuentan con tantas direcciones fiscales como ocasiones son mencionados en el listado.

Una simulación que encubre al resto de las empresas con las que tiene tratos el gobierno estatal, entre las que se encuentra 79 Integración Empresarial Center S.A. de C.V. y seguramente algunas (o muchas) más de las 9 mil 866 empresas que facturan operaciones simuladas en todo el país.

Tratar de aprovechar un solo caso para exhibir una actitud justiciera es querer reforzar la transparencia simulada de la obligación de difundir su padrón de proveedores, con todo lo que con ello le permite ocultar.

El caso 79 Integración Empresarial Center S.A. de C.V. es apenas la punta de una madeja que la actitud justiciera de Carreras López pretende ocultar, antes que permitir que revele todos los otros casos similares que existen… y no sólo como sospecha.

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