Por Oswaldo Ríos Medrano
El de PANAVI debe ser el caso del dictamen más sospechoso de corrupción que ha llegado a votación a una sesión de Pleno. A pesar de ser repudiado por prácticamente todos los sectores de la sociedad potosina, incluyendo a las cámaras empresariales, la iglesia católica, académicos, organizaciones civiles y líderes de opinión pública, un grupúsculo de legisladores mantiene la obsesión de lograr su aprobación al costo que sea.
De entre todos los desfiguros que han hecho para salirse con la suya, el más burdo es el nauseabundo dictamen en el que, en solamente dos párrafos, “justifican” destinar recursos de la hacienda municipal hasta por 1,512 millones de pesos a una empresa que no cumplió con sus obligaciones, y además, que la garantía de pago sean las participaciones federales futuras, esas que sirven para desarrollar las obras y acciones que tanta falta hacen en la capital potosina.
Así como lo lee. En dos párrafos y sin dar un solo argumento técnico, jurídico, social o de política pública, la fracción PANAVI (Enrique Flores, Guadalupe Torres, Óscar Bautista, Jorge Luis Díaz, José Luis Romero, Manuel Barrera y Sergio Desfassiux) pretende llevar al Congreso del Estado a protagonizar la página de mayor corrupción e impudicia de su historia. Si algo queda de vergüenza en el resto de las y los legisladores, este jueves será el momento de demostrarlo. No solo para que se pongan del otro lado de ese grupo de diputados a los que hermana su insaciable apetito y su pésima fama pública, sino para que eviten ser responsables de las flagrantes violaciones a la ley que cometerían.
Primero, el Congreso no tiene por qué autorizar la renovación de un contrato que está precedido por un incumplimiento de la empresa, si como alegan, esa falta ocurrió por “circunstancias supervenientes”, ¿por qué no exhiben el documento en el que se hizo constar técnicamente esa condición ante una autoridad competente? No lo hacen porque esa resolución no existe.
Segundo, a inicios de mayo promoví una solicitud de información en la que pedí que el Poder Legislativo me entregará los documentos que hicieran constar el cumplimiento de las exigencias legales que más adelante detallaré. La respuesta fue un himno al cinismo. El 1 de junio me respondieron que no podían acceder a la petición porque “el expediente aún se encuentra en revisión”, lo cual, además de ser una mentira (el asunto lo habían resuelto desde marzo), su mayor descaro consistió en admitir que no tenían algo que era de previo cumplimiento.
Tercero, la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios establece que las “obligaciones” son los compromisos de pago a cargo de los sujetos derivados de los financiamientos y de las asociaciones público-privadas (es el caso de PANAVI), en virtud de ello, el principal elemento de factibilidad debería ser el análisis de la capacidad de pago y endeudamiento del ayuntamiento capitalino, de lo cual, el dictamen no menciona ni media palabra, lo que constituye una grave responsabilidad para los legisladores si aprueban esa ilegalidad.
Cuarto, el 27 de abril del presente año, entró en vigor en todo el país la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, una norma que obliga a los funcionarios que aprueban endeudamientos o afectaciones al erario a ser especialmente escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legales. Para no abundar más, lo que pretende aprobar el Congreso del Estado violenta todas las disposiciones que serían aplicables a este tema.
Y quinto: ¡Adiós reelección!. Si los diputados PANAVI suponen que (como suele ocurrir) podrán atropellar la ley impunemente, están equivocados, porque esta vez se incluyó un capítulo de sanciones muy rígido, estableciendo que quienes no observen la Ley de Disciplina Financiera estarán obligados a pagar con sus recursos la indemnización correspondiente, que la responsabilidad se determinará por autorización u omisión, y que el pago se garantizará con efectivos créditos fiscales, con independencia de las sanciones penales y administrativas que resulten.
Ante tan evidente estercolero. ¿Qué pasará en la sesión? Que los bufones del Congreso hagan un montaje como los que acostumbran y con escándalos traten de distraer la atención para realizar la siguiente maniobra: algunos diputados fingirán estar en contra del dictamen en sus términos y solicitarán modificarlo para disminuir los 212 millones de pesos que del total de 1,512 millones ellos mismos autorizaron en comisión, pensando que con eso engañarán a la opinión pública. Farsantes. Eso no exenta las ilegalidades que aquí he documentado, además de las muchas otras que se han ventilado durante meses, como la fantasmal supuesta propietaria de PANAVI, el caudal de intereses económicos que están detrás de esta embestida, los señalamientos de corrupción hacia algunos diputados promoventes y el extrañísimo comportamiento de algunos actores. A continuación me explico.
Los priístas de a pie, esos que defienden celosamente su militancia, no comprenden por qué el gobernador Juan Manuel Carreras no ha fijado una postura clara ante este desaseado asunto en el que su partido no gana nada, y por el contrario, fiel a su indefinida forma de ser, se ha constreñido a decir que será “respetuoso” de la decisión del Parlamento. Intenta, pero su mustio discurso a nadie engaña.
Todo mundo sabe (pero sobre todo sus correligionarios) que en la cultura política priísta bastaría una expresión pública o privada del gobernador pidiendo a los legisladores de su partido votar en contra del atraco para que este no se consumara. No lo hace por una razón elemental: Juan Manuel Carreras disimula indecisión cuando en realidad está a favor de la aprobación de PANAVI. Dejarlo pasar, es uno de los tantos acuerdos inconfesables que tiene para fortalecer a Ricardo Gallardo aún a costa de enterrar políticamente al PRI. El pacto secreto le llamé, y con el tiempo, las actuaciones de Carreras no hacen sino comprobar mi análisis: no puede ser el líder de los priístas porque ya se comprometió a ser el dócil lacayo que le entregará el poder a la gallardía.
Prueba del entramado de pestilentes complicidades es que el principal operador del Poder Ejecutivo a favor de PANAVI es el secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tobías. Podrá valerle un pepino que la consulta indígena fuera una fiasco, que la Alerta de Género no se emita, o que el estado se ahogue en un baño de sangre por la violencia, pero el responsable de la política interna ha mantenido una línea permanente y decisiva de comunicación con el puñado de diputados que están aferrados en consumar el negocio de PANAVI. Igual que lo fue UBER, PANAVI es la gran prioridad del Caco que solo es leal a sus propios intereses.
En un Congreso medianamente digno, la discusión sería para exigir al alcalde y su Cabildo emprender acciones legales para penalizar a PANAVI por el incumplimiento del contrato y exigir su inmediata revocación. Pero como es este y no otro, lo que se votará es si la representación política de San Luis Potosí se hinca ante el poder corruptor del dinero y la perversidad política de una pandilla de facinerosos con fuero.
El pueblo se los demandará.
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