Por Leonel Serrato Sánchez

Hace dos semanas, el 15 de mayo, el país se vio sacudido por el asesinato del periodista Javier Valdez en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; uno más a la cuenta ya muy grande de hombres y mujeres de la información que han sido abatidos por hacer exactamente lo que deberían, que es mantener a la sociedad al tanto de los hechos.

El estupor inicial por el tremendo hecho de violencia en el que fue privado de la vida el corresponsal de La Jornada, y director fundador del semanario Riodoce, dio paso lentamente a una formidable e inédita solidaridad de todos los medios del país –incluida Televisa, que socarronamente primero eludió pronunciarse y finalmente apoyó a los periodistas y empresarios de medios de comunicación– que condenaron el asesinato y exigieron al gobierno que protegiera la libertad de expresión.

Ya antes, apenas unos días, la periodista Miroslava Breach quien era corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua y colaboraba en el medio Norte Digital Ciudad Juárez, fue también asesinada a balazos cuando salía de su casa para trabajar.

El común denominador de estos periodistas no sólo era que se trataba de colaboradores del diario capitalino que dirige en San Luis Potosí Julio Hernández López, sino que abordaban los temas de la violencia indiscriminada de que ha sido objeto la población en sus respectivos estados.

Ellos, como antes y ahora muchas otras mujeres y hombres del periodismo, documentaron la barbarie que se vive gracias al dominio del crimen organizado y que enluta a miles, decenas de miles de hogares por todo el territorio nacional.

El Estado se ha visto absolutamente rebasado en esta lucha desigual, porque el Estado está sometido a legislaciones arcaicas que le impiden reaccionar con prontitud y energía, incluida la negativa de los legisladores federales para dar cauce a una ley de seguridad interior que faculte a las fuerzas armadas a actuar en contra de los malos.

Los integrantes del crimen organizado han asesinado periodistas, y seguirán haciéndolo si no se les detiene, porque la labor informativa de los medios y de las personas que los hacen se les atraviesa en el cumplimiento de uno de sus más anhelados objetivos, que es el socializar su presencia, ganarse el favor de la gente, y que sea ésta quien los protega de las acciones de la Justicia.

El lavado de dinero es la “menos peligrosa” de las expresiones de socialización que llevan a cabo los criminales, usando para esos fines a personas inocentes, empresas y empresarios ingenuos, pero también a gobiernos, a tesorerías municipales enteras que les permiten quitar la sangre y el dolor a los miles de millones de dólares que los fascinerosos introducen todos los días al sistema financiero mexicano.

Lavar dinero les permite a los mafiosos contar con una fuente inagotable de recursos económicos para comprar voluntades, pero también para participar de la política y de la vida pública.

Ya le he explicado someramente cómo lavan dinero los narcotraficantes, los tratantes de personas, y los mercaderes del dolor y el sufrimiento, ahora usan a políticos y a las instituciones, usan métodos que parecieran inocentes, como conciertos de artistas famosos, o peor, disfrazan su vil conversión de dinero tinto en sangre, en dinero limpio para generosos e inauditables “programas sociales” o para financiar campañas políticas, aún fuera de procesos electorales.

Los periodistas los descubren, los desenmascaran, o le dan voz a los líderes sociales genuinos que los denuncian y evidencian.

Los medios de comunicación traen a la arena pública sus acciones subrepticias y nos muestran sus crímenes.

Sociedad, periodistas y medios de comunicación estorban a los criminales porque les impiden pasar por personas decentes y ponen los reflectores sobre sus acciones delictivas, a veces disfrazadas de política, otras disfrazadas de ayudas a la gente pobre, y las más, disfrazadas de sobornos, moches y dádivas a las mujeres y a los hombres del poder.

El periodismo es uno de los brazos que tiene la sociedad, quizás el más largo e insistente, pero también el más frágil, para alcanzar a esos maleantes y eventualmente ponerlos tras las rejas.

Las instituciones de la República están bajo fuego y muchas han sido tomadas por asalto a golpe de billetes y de balas, pareciera que no existe esperanza de que eso termine y regrese al control un Estado fuerte basado en las mejores prácticas democráticas, como la libertad de expresión, pero sí la hay.

El dolor, el sufrimiento y los atentados a la integridad física de decenas de periodistas por todo el territorio nacional es el peaje que la sociedad mexicana está pagando para impedir el avance y total empoderamiento de los mafiosos.

Ya hay ejemplos muy bien documentados de cómo los criminales se coludieron con los políticos –o los amedrentaron– para ejercer el control de todos los ámbitos de la vida de un país, fue en Colombia; ahí llegó a ocurrir que incluso la sociedad perdió la brújula y apoyaba a los delincuentes, porque lograron su objetivo de socializar su maldad a base de dinero, de circo, y de amenazas.

Cuando en nuestro San Luis Potosí se han oído voces que claman por transparencia en el manejo del dinero público, porque parece que las tesorerías municipales aparecen dinero de la nada, y lo gastan demagógicamente, en programas sociales que en realidad son dádivas, sobornos y veladas amenazas a la población más pobre, debería de servirnos de una poderosa llamada de atención, y exigir la rendición de cuentas.

Cuando en San Luis Potosí se revela que un grupo de júniores y mirreyes, asociados de sospechosas empresas sin respaldo financiero quieren hacerse con 1,500 millones de pesos del patrimonio de los potosinos con pura saliva, y que en ese “negocio” de las lámparas de led están metidos hasta el tuétano políticos locales apenas hace unos años acusados de lavar dinero y de asociación delictuosa, deberían sonar todas las alarmas de nuestra comunidad y frenarlos en seco.

Cuando en San Luis Potosí nuestro Poder Legislativo está convertido en una Asamblea de vagos, que protagonizan lamentables espectáculos en cada sesión, y el Poder Ejecutivo los contempla impávido, capaces de censurar a quienes les critican, deberíamos estar preocupados, porque primero es la censura, luego las agresiones, y finalmente los asesinatos.

Que no le suene raro que el poder agreda, a través de sicarios de la pluma, a quienes les denuncian y los evidencian –columnistas, reporteros, locutores, fotógrafos, directores y dueños de medios– en sus porquerías; he ahí el germen; Dios quiera que luego no estemos lamentando asesinatos.

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Leonel Serrato Sánchez

unpuebloquieto@gmail.com

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