Antonio González Vázquez

El caso del homicidio (aún impune) del periodista gráfico, Edgar Daniel Esqueda Castro fue incluido en el Informe Conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en México.

El Informe que da a conocer  la ONU en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Organización de Estados Americanos consigna el caso del periodista potosino, desaparecido el día 5 de octubre de 2017 y ejecutado un día después. Su cuerpo fue localizado el 6 de octubre del año pasado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

En el apartado III De los ataques a periodistas, en su inciso A, relativo a homicidios y otras agresiones físicas contra periodistas, se precisa que en 2017 se registraron al menos 12 homicidios de periodistas.

Y enseguida se enumeran: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Arturo Valdez, Salvador Adame, Héctor Jonathan Rodríguez, Cándido Ríos, Juan Carlos Hernández Ríos, Edgar Daniel Esqueda Castro y Gumaro Pérez Aguilando.

Agrega que desde inicios de 2018 y hasta la época en que se redactó este informe  fueron asesinados 5 periodistas: Carlos Domínguez, Pamela Montenegro, Leobardo Vázquez, Juan Carlos Huerta y Alicia Díaz.

El informe del Relator Especial refiere que “muchos de los ataques han tenido como víctimas a periodistas que informaban sobre corrupción, narcotráfico, colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, violencia policial y temas electorales”.

Del mismo modo, el Informe expone la preocupación de los organismos internacionales por la vulnerabilidad en que se encuentra la ciudadanía en cuanto a su derecho a la libre opinión, expresión y manifestación públicas.

En ese sentido, se coloca a San Luis Potosí entre las entidades mexicanas donde existen protocolos, leyes o anteproyectos de ley que “concitan serias dudas sobre el cumplimiento de los estándares internacionales”.

“En particular, estas normas contienen disposiciones que permiten el uso de armas letales en las proximidades de protestas, imponen diversos obstáculos administrativos que en la práctica limitan los derechos relevantes y agravan las sanciones para quienes cometan ciertos delitos en el marco de protestas, entre otras medidas”.

Por eso, el Relator, sugiere que “estos aspectos deben revisarse con urgencia para asegurar que sean congruentes con los estándares internacionales de derechos humanos”.

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