Eduardo Delgado
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, se negó a concederles audiencia solicitada por una magistrada y un grupo de jueces, que lo acusan de atropellos laborales, como hostigamiento y acoso, entre otros.
Por escrito, el día 15 del mes anterior los jueces y la magistrada le pidieron audiencia para exponer “la situación de hostilidad y encono que priva” en el Poder Judicial, “propiciada por usted y su falta de propuesta y aceptación al diálogo”.
El día 17 de ese mismo mes, por escrito, Almazán Cue les respondió que “al encontrarse en trámite diversos procedimientos en las vías que ustedes consideraron pertinentes, por tanto los mismos se encuentran ajenos a las facultades del que suscribe, por lo que al momento no existe tema alguno”.
Les garantizó que de su parte “no ha existido conflicto ni falta de respeto” hacia ellos y que siempre se ha conducido “con absoluto respeto a los derechos humanos de todas las personas y al texto de la ley”.
En cuyo último caso prioriza “la independencia, imparcialidad y ecuanimidad de la institución que represento, sobre cualquier tipo de interés particular” y aplica las medidas “para el correcto desempeño de las actividades del Poder Judicial del Estado”.
“Sin que ello configure una agresión o animadversión hacia las personas que pudieran ser afectadas en sus intereses privados, dado que el cumplimiento de la norma no implica la violación de derechos”, añadió.
En tanto, magistrada y jueces le recordaron la máxima del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, quien proclamó que “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
El diálogo debe existir entre personas que utilizan la razón para buscar la armonía y conciliar las discrepancias, agregaron. Por ende, “le solicitamos… tenga a bien recibirnos en audiencia privada”, para que se atiendan “de fondo” los problemas originados “por la falta de buen trato de usted… hacia nosotros como servidores judiciales”, lo que repercute en detrimento de la sociedad”, expusieron en su petición Adriana Monter Guerrero, con estatus de magistra; Emilio Agustín Ortiz Monroy, Juan Fernando Salazar Hernández y Julián Contreras Ruiz, jueces de primera instancia y Javier Pérez Contreras, juez de Control.
