Alejandro Rubín de Celis
La promoción personalizada que llevó a cabo Ricardo Gallardo Juárez, con la que violó el artículo 134 de la Constitución General de la República, no sólo estuvo presente en bardas, espectaculares y otras superficies, también lo estuvo en medios de información impresos, electrónicos y digitales, prácticamente todos los días, durante los dos años y medio que estuvo al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Como buena parte de sus discursos, el compromiso que asumió a un mes de haber tomado posesión como alcalde de San Luis Potosí en el sentido de que no usaría recursos públicos para promover su imagen, fueron sólo palabras huecas (video del “compromiso” aquí, minuto 1:30).
En los 30 meses que estuvo al frente del Ayuntamiento de la capital, Gallardo Juárez uso fondos de la hacienda municipal por al menos 104 millones 440 mil pesos para hacerse propaganda en medios de comunicación social.
Difusión para radio, televisión y otros medios en la administración gallardista
(Septiembre 2015 – Marzo 2018)
Prácticamente a diario, la mayoría de los medios informativos reproducían boletines enviados desde el área de comunicación social del Ayuntamiento en los que se exaltaban las obras y acciones del alcalde, no todas las cuales por cierto correspondían al contenido de los comunicados de prensa como sucedió, por ejemplo, con los reportes de pavimentación de calles.
Con la complicidad de unos medios que se han acostumbrado a vivir del presupuesto público en vez de fortalecer sus áreas de venta de publicidad comercial o buscar otras fuentes de financiamiento legítimas que les permitan mantener la necesaria independencia frente al poder para hacer periodismo crítico y de calidad al servicio de la sociedad, Gallardo (como lo hacen un buen número de quienes encabezan instancias públicas, empezando por el gobernador del estado) aprovechó esta debilidad de la mayoría de las empresas mediáticas para comprar gacetillas y engañar a los ciudadanos haciendo pasar propaganda de su persona o de su administración como si fuera información periodística, como parte de su proyecto electoral y de gobierno a futuro.
El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución mexicana establece claramente que: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Es por el contenido de este párrafo que finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Ricardo Gallardo Juárez incurrió en promoción personalizada al usar la palabra Gallardía en su propaganda en espectaculares, bardas y otras superficies, pero que también tiene una amplísima vertiente en la proyección de su imagen a través de los medios de comunicación social.
Lamentablemente, la nueva Ley General de Comunicación Social, que es la norma reglamentaria del párrafo octavo de la Constitución y que fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril pasado, lejos de establecer reglas claras para la asignación de la publicidad gubernamental, fue elaborada y aprobada por mayoría para “legalizar” el uso discrecional de recursos públicos para la promoción personalizada y la propaganda gubernamental, lo que facilitaría a Gallardo seguir promoviendo su imagen si continúa en la administración pública, en caso de que el Senado de la República también apruebe esta legislación.
Para colmo, el TEPJF instruyó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a que aplique el procedimiento sancionador que inició desde 2016 contra Ricardo Gallardo Juárez por promoción personalizada, pero al carecer de “dientes” para sancionarlo, dio vista al Cabildo y a la Contraloría del Ayuntamiento de la capital, así como a la Auditoría Superior del Estado para que sean esas instancias las que apliquen las sanciones.
¿Alguien puede creer que Gallardo será sancionado por un Ayuntamiento que está bajo su absoluto control o por una desprestigiada Auditoría Superior del Estado que ha dado amplias muestras de inmovilidad y contubernio con distintos actores políticos?
Muy preocupante pero parece que, si no hay una sorpresa o sucede algo extraordinario el próximo primero de julio, seguiremos viendo, aquí y allá, la imagen de un Ricardo Gallardo Juárez, violador de la Constitución, actuando con plena libertad y dispuesto a seguir despilfarrando el dinero de todos con tal de llevar hasta lo más alto su ego y su ambición de poder.
