Por Leonel Serrato Sánchez

La ciudadanía paga impuestos y derechos para contribuir al gasto público; los primeros son gravámenes que impone el Estado vía una ley a determinadas actividades por las que los particulares generamos riqueza; los segundos son contraprestaciones que también quedan fijadas en leyes por la que obtenemos servicios, bienes o derechos en forma directa y que los presta el Estado.

Cuando pagamos impuestos estamos quitando un porcentaje de nuestros ingresos y se lo damos al gobierno para que use ese dinero, es el mayor rubro por el que discurre el dinero público.

Cuando pagamos derechos estamos correspondiendo a algo que recibimos, vaya como si compráramos algo.

En el caso de los estados de la República y municipios, también viene dinero federal en forma de asignación directa o participaciones, como habrá adivinado, siempre el ingreso y el gasto quedan determinados en una ley, tanto para dar certeza de que nadie nos cobre lo indebido, como para saber qué harán los gobiernos de los tres órdenes con ese dinero que es de todos.

No necesito recordarle que un porcentaje muy pequeño de los obligados pagamos impuestos y derechos en México, y los estados y municipios la tienen peor, es grosera la evasión o los ardides de empresas y personas físicas que eluden sus pagos, por más que ahora hay mejores mecanismos de control y auditoría.

Pues bien, una parte importante del dinero de todos los mexicanos y de todos los potosinos ahora se usa para combatir la pobreza y para nuestros sistemas de seguridad, quizás por eso Usted y yo sentimos que al pagar impuestos y derechos estamos tirando el dinero, porque nomás no se ven resultados.

Son miles de millones de pesos los que nuestros gobiernos destinan a un sinfín de programas de asistencia a los que menos tienen, y un mundo de dinero el que va a parar a ese hoyo negro en que se ha convertido el presupuesto para seguridad, porque no sólo es complicadísimo revisar en qué, cómo y dónde se gasta, pues todo tiene un velo de “seguridad nacional”, sino que además los resultados brillan por su ausencia.

Con todo y que los gobiernos gastan mucho dinero en apoyar a los más pobres o más vulnerables –sí, ahí en ese rubro van los garrafones de agua, las despensas que se reparten por miles, las tortillas a precio inferior al de mercado, y hasta el dinero con el que se les paga a multimillonarios artistas cuando participan en las ferias y festivales en honor de los carbohidratos– son millones las personas que quedan fuera de los programas de asistencia social, sobre todo porque como se podrá imaginar, la gran mayoría de los programas y gastos tienen una evidente intención electoral, y muchos realmente pobres ni siquiera son electores.

¿Quién atiende a los millones de mexicanos que no “califican” para recibir agua, tortillas, despensas y diversión gratuitas? Los gobiernos no, sino muchas asociaciones y fundaciones de la gente común y corriente que en forma altruista ejerce una labor crucial para la sociedad.

Quizás le suene y le haga más sentido la Cruz Roja y el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios que la Fundación Rino Q, para Niños Quemados A.C. o el Comedor de los Pobres de San Antonio, A.C., pero cuando decimos que personas ordinarias, como Usted y como yo hacen posible mucha ayuda que el gobierno simplemente no presta, nos estamos refiriendo a ese tipo de organizaciones civiles.

Pero en nuestro México y más señaladamente en nuestro San Luis no todas las organizaciones civiles que dicen ayudar a la gente lo hacen de verdad, hay algunas que son literalmente negocios de los que viven las personas que las integran, y no se crea que viven mal, claro que no.

Usted podrá decir, bueno, es dinero privado, que lo gasten como quieran, aún en sueldos, casas, vehículos y hasta viajes para sus directivos, en lugar de cumplir con su objeto legal, pero he ahí el quid del asunto, una gran cantidad de entidades privadas reciben dinero público, dinero de todos los contribuyentes, para que “ayuden” al Estado a dar asistencia social en los más variados ámbitos, y sí, muchas organizaciones no existen, son meras pantallas para sacar dinero de los impuestos de todos y gastárselo sin una pisca de vergüenza.

El recibir dinero público para “asistencia social” de parte de organizaciones prácticamente hechas a modo, que no ayudan, que no prestan servicios o bienes a quienes más los necesitan y que tampoco acceden a ayudas directas de los gobiernos, es un cáncer y una infamia, porque se priva a quien sí lo aplica a favor de la gente necesitada, y unos cuantos bribones hacen negocio con nuestro dinero, y con la pobreza, necesidad, vulnerabilidad y abandono de cientos de miles de personas.

¿Por qué le aburro con esto? Simple, porque he tenido conocimiento de que por vez primera en la historia una asociación civil de asistencia social ha puesto el dedo sobre esa llaga y cuestiona directa e ineludiblemente al gobierno de Juan Manuel Carreras López, y desde luego a la insufrible Asamblea de vagos por la manera en que destinó dinero público a entidades privadas, a unas más, a las más menos.

Renace, Capítulo San Luis AC, una entidad que se dedica a brindar asistencia a personas injustamente presas o perseguidas por las autoridades, generalmente sólo por ser pobres y no tener acceso a una defensa jurídica de calidad, ha presentado una demanda de amparo en contra de la Ley de Presupuesto y Egresos del Estado, porque todo indica que el Poder Ejecutivo pasó por alto las disposiciones constitucionales al otorgar dinero público a las entidades privadas que, en su criterio, prestan asistencia social, y como era de esperarse, la Asamblea de vagos que no se preocupa por ejercer su función, lo aprobó; bajo el patronazgo profesional de la abogada Angelina Acosta Villegas Renace presentó la demanda, y ya se la admitió un juez federal.

El gobierno no explica por qué a la asociación “x” le dio cien pesos y a la asociación “y” le dio sólo diez; el gobierno no explica en qué se basa para que una asociación reciba dinero de los contribuyentes y otras muchas no, puesto que la ley de presupuesto no establece sus acciones ni tampoco sus resultados, mire, ni siquiera indican quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. ¿Existe la posibilidad de que sea ese el medio para financiar a grillos, familiares, queridas, amantes, vaquetones, y demás fauna nociva? Obviamente sí, ¿pero con el dinero para los pobres? Qué asquito.

Temario

  • Vendrán demandas de amparo en contra del proceso que seleccionó a la magistrada y al magistrado de la Justicia Administrativa.
  • Póngale cuidado a los vagos paseando por Alaska, y en pleno periodo de sesiones; ¿irán a votar sin ellos las leyes anticorrupción y el escandaloso caso de la trama Panavi?.

Leonel Serrato Sánchez

unpuebloquieto@gmail.com

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