Alejandro Rubín de Celis

Cuesta trabajo creerlo pero parece que algunas denuncias ciudadanas e indagatorias oficiales sobre casos de presumible corrupción comienzan a tener algunos efectos positivos. Sin embargo, frente a las experiencias históricas de impunidad en San Luis Potosí nadie puede asegurar si más de algún funcionario o miembro de la clase política, o si quiera al menos uno, pisará la cárcel… y sobre todo que se quede por un buen tiempo ahí dadas sus fechorías.

El más reciente caso se refiere a la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde de Ciudad del Maíz, Juan Antonio Gómez Páramo, y otros ex funcionarios de ese municipio, por supuestamente prestarse al desvió de recursos por parte de ex diputados, que estaban destinados a la realización de obras; y otras dos demandas contra un par de ex diputados, el panista Jorge Díaz Salinas y el petista José Belmárez Herrera, que no regresaron dinero de la partida de Gestoría Institucional con el que indebidamente se quedaron. Estos casos se desprenden de la revisión de las cuentas públicas de 2017. 

De acuerdo con un comunicado de prensa, el órgano fiscalizador podría presentar próximamente nuevas denuncias “toda vez que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la ASE afina los últimos detalles en la integración de varios expedientes, así como de los informes de presunta responsabilidad administrativa”. Veremos.

Otro hecho que emite una señal favorable es la vinculación a proceso de cuatro ex funcionarios de la propia Auditoría Superior del Estado, ꟷentre ellos el ex auditor, José de Jesús Martínez Loredoꟷ, involucrados en presunto peculado por 600 mil pesos con motivo de la llamada Fiesta Fantasma, en diciembre de 2016.

La ASE ha anunciado además que en los próximos días presentará una denuncia penal, también por peculado, contra varios ex funcionarios de esa dependencia por la posible apropiación indebida de 25 millones de pesos retenidos por concepto de cuotas de los trabajadores al sistema de pensiones. En este caso se involucra a algunas de las “fichitas” que renunciaron y que fueron liquidados con motivo de la Ecuación Corrupta, entre ellos Abraham Reinhardt Guerrero, Gloria Raquel Rivera y el propio José de Jesús Martínez Loredo.

Y todavía está por verse si aparece el documento original del Acta 14 de la Comisión de Vigilancia de la pasada legislatura que podría involucrar a los ex diputados Martha Orta, Oscar Bautista y José Guadalupe Torres por posible complicidad, pues ellos aprobaron el acta que absolvió a los responsables del desvío de los 600 mil pesos.

A las demandas de la ASE se suma otra que ha presentado en los juzgados la Fiscalía General del Estado y que derivó en la vinculación a proceso del ex diputado, Mariano Niño Martínez, quien hasta falsificó la firma de una persona fallecida.

En este asunto de la falsificación de firmas y engaños con empresas fantasma, la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, a cargo del doctor Noé Yair López García, informó a principios de junio que se encontraba integrando 15 carpetas de investigación en las cuales estaban involucrados 25 de los 27 diputados de la legislatura pasada.

Es de la mayor relevancia señalar que la gran mayoría de estas demandas y las que puedan venir, son producto de la lucha de activistas y organizaciones sociales que durante años han mostrado su preocupación por la rampante corrupción que existe en San Luis Potosí, destacando los casos de Ciudadanos Observando, Ganemos y el Frente Ciudadano Anticorrupción. Si no hubiese sido por la presión ejercida por estas agrupaciones, quizá ninguno de estos asuntos estaría hoy en la agenda pública.     

Es difícil de creer que pueda haber justicia en los asuntos señalados pero la sociedad debe darles, una vez más, el beneficio de la duda tanto a la Auditoría Superior del Estado como al Congreso local y a la Fiscalía General del Estado, de que harán cada una lo que les corresponde para que así suceda y que no pasen a formar parte de la larga lista de casos de impunidad en el estado. Desde luego la vigilancia y la presión social serán determinantes para que ello suceda.

Lamentablemente hay un elemento que viene a poner en duda los escasos avances que se han logrado y es la prerrogativa que contiene el Sistema Penal Acusatorio para que los inculpados puedan proponer la reparación del daño y así evitar la prisión, y que ha sido promovida por el propio fiscal general, Federico Garza Herrera. Aun está por verse, de los casos que se logren consignar a los juzgados, cuántos inculpados se acogerán a ese beneficio.

No queda más alternativa que el que los ciudadanos se unan a las movilizaciones y exigencias sociales de justicia, a efecto de que estos casos no se caigan y se prolongue la Ecuación Corrupta en versión mejorada.