Antonio González Vázquez

En la madrugada del 12 de abril fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la habitación de un hotel en la capital. Por la noche del 11 de abril, se hospedó junto con un hombre y horas después, desapareció. La mujer de 35 años fue asesinada por estrangulamiento. Su cuerpo fue descubierto en la cama y presentaba señales de violencia. Con ella, van 19 mujeres asesinadas.

En ese contexto, conviene revisar información reciente que da cuenta de la magnitud del problema que tiende a agudizarse no obstante la Alerta de Género vigente.

El Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio presentó el Informe  Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para acreditar  las razones de género 2014-2017. En el apartado correspondiente a San Luis Potosí se publican datos muy graves que involucran a servidores públicos en la muerte violenta de mujeres.

De la página 124 a la 126, el Informe detalla lo delicado del fenómeno feminicida que en San Luis no se ha resuelto con la Alerta de Género.

Cita por ejemplo que de 2014 a 2017, la Fiscalía del Estado informó al Observatorio que en los años 2015 y 2016 se cometieron 58 asesinatos de mujeres, de los cuales 17 fueron investigados como feminicidios.

Cabe destacar que desde la fundación del OCNF el gobierno de San Luis Potosí no ha proporcionado información desagregada sobre las características de los asesinatos de mujeres, lo que impide conocer la situación sobre los feminicidios en la entidad.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 31 homicidios dolosos y 18 feminicidios en 2017.

En el informe se explica que resulta “preocupante que no se investiguen los feminicidios, sobre todo reconociendo el contexto de criminalidad que prevalece en el estado, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se cometieron 730 homicidios de hombres y mujeres en 2017, lo que equivale a un incremento de 57%.

Cabe destacar que San Luis Potosí es el único estado en el que la CONAVIM reconoció como autores de los asesinatos de mujeres a servidores públicos (al menos en 12 casos); sin embargo, se desconoce cuántos de ellos fueron procesados por el delito de feminicidio”.

Especialmente grave resulta el hecho de que con todo y Alerta de Género, “el Protocolo de investigación no se ha actualizado a los más altos estándares de la debida diligencia, perspectiva de género y derechos humanos, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima, entre otros. Además, no especifica las diligencias que deberán hacerse para la acreditación de las razones de género. Un punto positivo que contempla el Protocolo es la generación de una base de datos”.

Del mismo modo, se documenta que “en el periodo comprendido de enero de 2011 a noviembre de 2015 registraron 121 asesinatos de mujeres en todo el estado; 58 tipificados como feminicidio y los restantes como homicidio, homicidio calificado y homicidio doloso.

La procuraduría consignó 52 casos, que sólo se registraron nueve sentencias condenatorias y que se otorgó reparación del daño únicamente en tres casos (lo que representa 2.56%), y ésta se ha limitado a ser económica.”

De acuerdo con esos datos contenidos en el Informe del Observatorio resulta evidente que las instituciones públicas no están haciendo lo que les corresponde para prevenir la violencia contra las mujeres, ni tampoco para aclarar y castigar lo más pronto las agresiones que sufren, en el caso extremo, la muerte.

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