Por Victoriano Martínez
La corrupción se ha vuelto en los últimos años el distintivo de prácticamente toda la administración pública.
Su combate ha sido una de las mayores demandas ciudadanas, y probablemente fue la propuesta que mayor impacto tuvo en la contienda electoral presidencial.
Quienes están por concluir sus cargos de elección popular vieron en el combate a la corrupción una bandera que podría reivindicarlos, pero su vocación por la tranza convirtió cualquier acción en ese sentido en uno de los más burdos actos de simulación: los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.
Aquí, se aprobaron reformas constitucionales y leyes específicas –aún con el pendiente de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado–, se nombró una Comisión de Selección que nombró un Comité de Participación Ciudadana que se formalizó nueve meses después de su nombramiento y con tal deficiencia, que el Periódico Oficial reportó un acto que nunca existió.
Así de burda resulta la simulación que, como dicen los abogados, podría calificarse como una simulación de tracto sucesivo.
Mientras tanto, ejercicios ciudadanos y periodísticos exhiben la rampante corrupción que la opacidad de la actuación gubernamental permite documentar. La punta del iceberg, aunque suene a lugar común.
“El Congreso ha sido objeto de muchos ataques, cuando aquí se maneja el 0.7% del presupuesto y sin embargo los ojos no han volteado a ver dónde está el 99.3 % del resto del presupuesto”, se quejó Héctor Mendizábal Pérez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el órgano que avaló desvíos por más de 30 millones de pesos en la actual Legislatura.
Lo que Mendizábal Pérez no quiso decir, pero prácticamente dijo, es que si en el 0.7 por ciento del presupuesto público ejercido en el Estado bastó con que se le pusiera la atención que se le puso para se detectaron tranzas tan burdas como simular dádivas a un difunto y que éste agradeciera por escrito después de muerto, tenemos licencia para imaginar lo que ocurre en el resto.
El diputado se duele de un posible interés malsano por desacreditar a los diputados, como si sus faltas no fueran graves, y como si sólo se exhibieran las fechorías de los legisladores. Pero los ojos sí han volteado a otros lados.
Cuando menos se han exhibido, tanto en medios como por agrupaciones civiles, actos de corrupción de siete alcaldes. Algunos de ellos buscaron la reelección y no la lograron. El caso más destacado es el de Ricardo Gallardo Juárez. No se trata de una muestra menor de lo que ocurre en el 99.3 por ciento que Mendizábal Pérez sugiere revisar.
Lo que sí resulta clara es la necesidad de que haya más ojos para observar lo que ocurre en el resto de la administración pública
También se requiere una verdadera política de transparencia combinada con más participación ciudadana para cerrarle el paso a la opacidad y con ello se limite el campo de acción de la corrupción.
El Consejo Estatal Electoral y de PARTICIPACIÓN CIUDADANA y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, organismos supuestamente autónomos, tienen esa deuda con la sociedad.
Del Sistema Estatal Anticorrupción no hay nada que esperar en tanto se sigan esforzando por dejar en claro que se trata de la más burdo disfraz de la Simulación Estatal Anticorrupción.
