Por Victoriano Martínez
Si el gobernador Juan Manuel Carreras López ha frenado el Sistema Estatal Anticorrupción con su estrategia del timing de la impunidad, desde el Congreso del Estado han contribuido con su postura de solucionadores que ahora tienen que analizar si intervienen para coadyuvar a que funcione, cuando son parte del problema.
Los diputados Marite Hernández y Ricardo Vllarreal coinciden en declarar que se analizará la situación del SEA. “Ver qué acciones pudiéramos tomar porque es una herramienta que se está desaprovechando”, dijo Villarreal. “Tendríamos que analizar cuáles son las cuestiones que no permiten el buen desarrollo”, añadió Hernández.
Si de verdad trabajan en ese análisis –y no sólo es una declaración para aparentar que trabajan– necesariamente tendrán que percatarse del abandono y la falta de seguimiento al paquete de reformas y leyes que crearon el SEA por parte de sus antecesores.
No sólo se desentendieron de un acompañamiento a la Comisión de Selección para integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC), al grado que ningún representante del Poder Legislativo, ni del Ejecutivo, estuvo presente en la toma de protesta del primer CPC, en el Colegio de Contadores, sino que fueron omisos en promover la publicación de los nombramientos en el Periódico Oficial.
Los integrantes de la LXI Legislatura nunca dieron seguimiento a la solicitud de juicio político en contra de los funcionarios que obstaculizaron el proceso de integración del SEA, consecuencia de la omisión del propio Legislativo, que fue responsable en parte del retraso en la publicación de los nombramientos.
Hoy, quienes integran la LXII Legislatura seguramente darán por perdida la petición de juicio político hecha por los integrantes del CPC en las mismas cajas de archivo en las que no encuentran el acta 14 de la fiesta fantasma.
Parte de esa omisión de acompañamiento tiene que ver con las lagunas de la Ley del SEA que dan pie a los malos entendidos entre los integrantes del CPC, especialmente en la prelación para ocupar la presidencia del organismo, cuando hay reglas de interpretación que los legisladores, como autores, pudieron aclarar y, con ello, evitar disputas bizantinas.
El desinterés de los actuales legisladores sobre el SEA está más que acreditado por lo poco que se han involucrado en el tema, que no es más que la prolongación de la falta de acompañamiento, que incluiría trabajo de verdadero ajuste legislativo para tratar de eliminar las lagunas conflictivas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Tan poco atentos han estado a lo que hoy califican como “herramienta que se está desaprovechando”, que no han reaccionado aún a la renuncia de dos integrantes de la Comisión de Selección, Lorena Guadalupe Villarreal Zárate y Nadia Carolina Rangel Valdivia, quienes dejaron sus cargos desde el pasado 6 de noviembre.
Han pasado 226 días, y los diputados preocupados porque el SEA no funciona no han movido un dedo para completar la Comisión de Selección, para que esté en condiciones de iniciar el proceso para cubrir la vacante que dejó Alejandrina Cedillo en el CPC con su renuncia el pasado 29 de mayo, de la que entregó una copia en el Congreso del Estado.
La Comisión de Selección, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del SEA, tendrá que haber electo a quien sustituya a Cedillo en 90 días, que se cumplen el 27 de agosto. Ya perdieron 22 y la responsabilidad bien recae en el Congreso del Estado que ha sido incapaz de nombrar las dos vacantes dejadas desde el 6 de noviembre.
Los problemas al interior del Comité de Participación Ciudadana están muy lejos de ser la principal causa de que el Sistema Estatal Anticorrupción no funcione.
Desde la autoridad se ha operado, tanto por acción como por omisión, para obstaculizarlo: comenzando por el carrerista timing de la impunidad y las omisiones del Congreso del Estado, sean por negligencia o por ignorancia… o plenamente intencionales. Por lo que sea, grave.
