Jaime Nava
La Fiscalía General del Estado asegura que cuenta con 490 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura; sin embargo, no es posible conocer con precisión el número real, toda vez que no existe confianza en que los datos proporcionados por la institución sean correctos debido a que las cifras en sus documentos varían cada vez que se les pregunta.
Según la FGE, entre 2005 y 2013 inició 11 averiguaciones previas por dicho delito. Dependiendo del documento que se consulte, a partir de 2014 se observa un incremento significativo, o no; por ejemplo, en la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00571918, la Fiscalía reportó 43 averiguaciones previas, pero en la respuesta a la solicitud 01071519 se contabilizaron nueve casos repartidos entre las mesas I y II de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Las 32 averiguaciones que faltan podrían encontrarse entre las 107 denuncias que el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa III dijo haber recibido de 2010 a la fecha. No obstante, la manipulación de los datos resulta evidente al analizar las cifras correspondientes a años posteriores, como 2016.
Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal, para una parte de las denuncias presentadas en 2016 se iniciaron averiguaciones previas, mientras que para el resto se abrieron carpetas de investigación. El 9 de mayo de 2018, la Fiscalía hizo constar por escrito la existencia de 50 averiguaciones previas y 48 carpetas de investigación, 98 en total, por el delito de tortura en 2016.
Si se compara ese documento con otros más recientes también elaborados por la Fiscalía, se advierte un aumento considerable, ya que tan solo entre las mesas I y II se obtiene un total de 136 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en 2016, a las que deben sumarse las que se encuentran en la mesa III. La diferencia es de 38 casos más los faltantes.
De lo único que sí se puede tener certeza es de que, ya sean más o menos de 490 casos de tortura en todo el estado, la Fiscalía General del Estado no ha sido capaz de consignar ni judicializar ninguna averiguación previa ni carpeta de investigación, por lo que no existen sentencias condenatorias por este delito.
En lo único que coinciden todos los documentos elaborados por los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos es en que: “no hay sentencias condenatorias por hechos que la ley señala como tortura, no hay funcionarios públicos separados de su cargo derivados de Procesos Judiciales por hechos que la ley señala como tortura, no hay funcionarios públicos que hayan sido imputados por hechos que la ley señala como tortura, no hay funcionarios públicos enviados a prisión por hechos que la ley señala como tortura”.
