Leticia Vaca 

En rueda de prensa, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), evidenció que no hay resultados por parte de autoridades de justicia, en la investigación del caso de la “Ecuación Corrupta”, del cual hoy se cumple un año. En dicho caso se reveló la forma de “operar” en el Poder Legislativo para “limpiar” cuentas públicas.

Los evidenciados fueron los diputados con licencia, el ex panista Enrique Flores, así como los de los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, Manuel Barrera Guillén y Oscar Bautista Villegas (hoy candidato a diputado federal), respectivamente. Además, del legislador perredista en funciones J. Guadalupe Torres Sánchez, Partido de la Revolución Democrática.

El vocero del FCA, Hugo Stevens Amaro, señaló que la Fiscalía además de no dar resultados, se ha escudado en el hecho de que al no contar con la Ley Orgánica no se puede avanzar.

Mencionó que este proceso jurídico muestra el “muro” de complicidades que protege a los corruptos. “Con el gobernador Juan Manuel Carreras López a la cabeza, consideramos que existen muchos más motivos de indignación, así como más razones para defender el interés de una sociedad amenazada por un cacicazgo alentado por la impunidad”.

Por otro lado, como resultado positivo de la revelación de la fórmula de la limpia de cuentas públicas, Stevens Amaro destacó que el intento de la administración de Ricardo Gallardo Juárez, a fin de ampliar el contrato con la empresa PANAVI para renovar las luminarias de la ciudad de mil 300 a mil 520 millones de pesos, y la compra de voluntades entre los diputados para su aprobación, despertaron la indignación ciudadana.

“El caso PANAVI provocó las primeras movilizaciones de algunos sectores de la sociedad, la revelación de la Ecuación Corrupta logró unir a los potosinos que rechazaron esos actos”.
Recordó que también se forzó la renuncia del titular de la Auditoría Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo y de 18 de sus funcionarios más cercanos. Así como el despido de 80 personas recomendadas por los diputados y se logró que se rechazaran los informes finales de auditoría a las Cuentas Públicas 2016 de los 113 entes fiscalizables.

Finalmente dijo que el llamado está puesto para ejercer una ciudadanía comprometida con el bien común, sea desde organizaciones empresariales, sindicales, profesionistas, sociales o simplemente ciudadanos.

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