Una impunidad sobre otra

Por Victoriano Martínez

Que no se cometa “un delito sobre otro”. Bien dicho por Juan Manuel Carreras López, el hombre preocupado por la ola de linchamientos, efectivos y frustrados, pero mal para el primer responsable de la seguridad en el Estado, por mucho que se afirme que diariamente se reúne a coordinar a las corporaciones policíacas.

“Se tiene que abonar en tener mayor cercanía con la ciudadanía”. Lo vuelve a decir bien, pero es claro que no se refiere a sí mismo en la investidura que  representa.
Si así fuera, habría sido el primer preocupado por atender de la mejor manera a Magdalena Saavedra, a quien el Estado torturó y le robó cinco años y medio de su vida, le destruyó sus medios de sustento y le arrebató la libertad.

Vaya forma de abonar a la cercanía: negarse a recibirla, hacerla dar vueltas con su asistente y remitirla a la instancia menos indicada para atender su requerimiento que, de ninguna manera, se trataba de una dádiva.

Y ese sólo es un ejemplo. Hay muchos más que son públicos.

“Evitar circunstancias que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos”. Ni duda cabe. Un discurso políticamente correcto muy bien practicado. Lástima que sólo sea el discurso de un mandatario acostumbrado al cálculo de imagen y al timing.

“Lo mejor es fortalecer las denuncias”. Todo un intento de trasladar la responsabilidad a esos ciudadanos que antes que acudir al ministerio público, prefieren hacerse justicia por propia mano.

Como si en las mesas del ministerio público todo estuviera armado para favorecer el fortalecimiento de las denuncias y no se dieran casos como el de la señora María Teresa Monzón Rodas, de 97 años de edad, que a quien denunció su desaparición le pidieron omitir los datos que finalmente resultaron clave para su localización.
Otra vez: ejemplos hay muchos.

Denuncias muy bien integradas por organizaciones civiles y hasta por la Auditoria Superior del Estado, pero para las que lo único que se tiene que fortalecer es la voluntad política de quien hoy pide fortalecerlas,  porque la Fiscalía parece seguir a pie juntillas una instrucción para entorpecerlas.

Y no cabe atrincherarse en el argumento de una Fiscalía autónoma cuando prevaleció el fiscal carnal, pero también porque se trata de la autoridad máxima en el Poder Ejecutivo que protestó cumplir y hacer cumplír las leyes.

Llamar, como expresión de un buen deseo o recomendación moralina, a que no se cometa “un delito sobre otro” a quien de esa forma expresa su desesperación ante la negligencia para brindar seguridad de poco sirve si las autoridades, comenzando por el gobernador,  no sustituyen su discurso por hechos.

Carreras López, como cabeza del aparato que debe garantizar la seguridad (para lo que se supone que cada mañana encabeza una reunión),  no es ajeno al problema.
Nada justifica un linchamiento, pero prevenirlos pasa por que desde la autoridad ya no se tolere una impunidad sobre otra.

La causa de la causa es la causa de lo causado.

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