Angélica Campillo
Este miércoles 22 de mayo en punto de las 14:25 horas el juez de control del Centro de Justicia Penal del estado de San Luis Potosí dictó auto de vinculación a proceso a cuatro ex funcionarios públicos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como a un presunto proveedor, por el probable delito de peculado.
La audiencia de continuación de vinculación a proceso a la que fueron requeridos cuatro ex funcionarios de la ASE, entre los que se encuentra el ex auditor, José de Jesús N., además de un presunto proveedor, quienes estuvieron presuntamente involucrados en el desvío de 600 mil pesos que habrían sido destinados a una fiesta navideña que no se habría llevado a cabo en diciembre del año 2016, estaba agendada para comenzar a las 10:00 horas de este miércoles en la sala cinco del Centro de Justicia Penal, sin embargo, comenzó una hora con 21 minutos después, debido a que, según información dada a conocer, el juez de control se encontraba en otra región atendiendo un juicio, por lo que la audiencia tuvo que realizarse a través de videoconferencia.
Durante la audiencia, la defensa de dos ex funcionarios y el presunto proveedor de la Auditoría Superior del Estado, alegó que no existían los elementos de prueba necesarios para formular el delito de peculado que se le reprochó a los imputados, y acusó a la Fiscalía de realizar historias del evento, ya que señaló que los únicos datos con los que cuenta la dependencia son las entrevistas realizadas a funcionarios de la ASE quienes refirieron no haber acudido a la supuesta fiesta navideña; asimismo, afirmó que la conducta reclamada es peculado, más no se estaba acreditando en autos.
El abogado defensor del ex auditor aseveró que su cliente aprobó el recurso para que se llevara a cabo la fiesta navideña, en su carácter, en ese entonces, de funcionario y presidente del Comité de Adquisiciones de la ASE, no obstante, si hubo inejecución o ejecución indebida de dicho capital posterior a su autorización, no recayó en actos llevados a cabo por el ex auditor, y fue algo que ya no le correspondía.
La defensa de la ex funcionaria de la ASE dijo que no era procedente tal auto de vinculación a proceso porque, a su consideración, no obran datos de prueba que acrediten el delito de peculado, e incluso la Fiscalía ni siquiera precisó en qué modalidad fue que se efectuó la formulación de imputación de dicho delito. Argumentó que la dependencia estatal hace valer declaraciones de diversos testigos, pero esto no significa que la fiesta no se llevó a cabo, puesto que hay una testigo que manifestó que acudido al evento, por lo que en ese contexto refirió que se deduce que estas personas pudieron haber sido coaccionadas a que, si decían la verdad, podrían tener repercusiones negativas.
El abogado argumentó que es imposible saber si la factura presentada de la fiesta navideña era apócrifa, y además aseveró que la ex funcionaria de la ASE que elaboró el cheque por la cantidad de 600 mil pesos no está imputada, lo que revela imparcialidad en el caso.
Afirmó que no se establecieron las circunstancias de modo, hecho y lugar, lo que deja en indefensión a su cliente; asimismo dijo que no hay dato de prueba que la firma plasmada en el cheque sea de su representada, ya que la Fiscalía no ordenó una prueba pericial de ello. Aunque, indicó que no hubo dolo por parte de su cliente, al momento de la firma del cheque, pues no podía saber que esos recursos no serían utilizados bajo el concepto especificado. De igual forma comentó que la ex funcionaria, quien era la encargada de responder a las solicitudes de información de la ASE, en ningún momento trató de ocultar los datos que le solicitó vía transparencia el activista de la organización civil, Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.
Recordó que hubo un acuerdo en el Congreso del Estado en el que se pidió a la Comisión de Vigilancia de la pasada legislatura llevar a cabo una investigación exhaustiva de los gastos de la denominada fiesta fantasma, no obstante, el acta de la sesión donde se revisó este tema está incompleto en la versión pública de la Unidad de Transparencia y los diputados que forman parte de dicha Comisión en la actualidad, manifestaron que este documento está extraviado. Sin embargo, mencionó que en las páginas con las que cuentan se especifica que esta cuestión fue debidamente solventada por el Poder Legislativo, y no existieron irregularidades.
En ese contexto, los tres abogados de los cinco imputados solicitaron al juez que dictara auto de no vinculación a proceso, apegándose a los derechos humanos y no solo a lo expresado en los datos de prueba.
Por su parte, la Fiscalía manifestó que los argumentos de la defensa son subjetivos y los datos con los que cuentan están acreditados para establecer que se trata de un delito de peculado, ya que uno de los imputados tenía conocimiento de los gastos navideños autorizados hasta por la cantidad de 600 mil pesos, lo que posteriormente generó que dicho recurso fuera extraído de las arcas de la ASE, y autorizado de forma irregular, al no haber estado presentes todos los integrantes del Comité de Adquisiciones al momento de avalar estos egresos.
Asimismo, aclaró que para efecto de la etapa de vinculación a proceso no es necesario que se reúnan todos los requisitos, sino que se requiere que se acredite la probable participación de los actores, que en este caso son los ex funcionarios de la ASE que acordaron aprobar este recurso.
La Fiscalía enfatizó que hubo dos facturas emitidas por el presunto proveedor, también imputado, ambas con el número 113, y por la cantidad de 600 mil pesos: la primera fue por concepto de 23 arcones navideños y la segunda por concepto de gastos de la fiesta navideña.
El representante legal de la Fiscalía dijo que, si el tema de los gastos de la fiesta navideña fue analizado por la Comisión de Vigilancia de la pasada legislatura, no es la única vía por la que puede ser investigada la situación, ya que también puede ser sujeto de indagación en materia penal. Luego de ello, y una vez desahogados los datos de prueba, solicitó al juez que las cinco personas mencionadas fueran vinculadas a proceso por su coparticipación en el delito de peculado por la distribución de tareas, con un fin común que fue el desvío de recursos públicos.
Posteriormente, tuvo el uso de la voz el juez, quien explicó que luego de la información vertida en la audiencia, se constató que existen dos facturas con el número 113, del mismo proveedor, ambas por la cantidad de 600 mil pesos, y la primera señala como concepto la compra de 23 arcones navideños, mientras que la segunda especifica que se trató de gastos para un festejo navideño.
Puntualizó que tras la denuncia presentada por la titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Cervantes en contra de los ex funcionarios de la dependencia, por el presunto desvío de los 600 mil pesos, no existe acreditación ni comprobación de dicho gasto. Además, indicó que el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, y quien era el encargado de convocar a las sesiones, no estuvo presente cuando se aprobó este recurso para la fiesta navideña, ya que se encontraba de vacaciones; asimismo, reveló que este ex funcionario afirmó que la persona que emitió las dos facturas con el número 113, no es proveedor de la ASE.
No obstante, el juez refirió que las declaraciones de los empleados de la ASE que manifestaron no haber acudido a dicho festejo navideño, no prueban que el evento no se haya realizado. De igual forma añadió que hubo una persona que afirmó haber acudido a la fiesta, pero dijo no recordar la dirección donde se llevó a cabo, y además comentó que no recibió ningún regalo, e incluso expuso que hubo más empleados de la dependencia que acudieron, a quienes conoce únicamente de vista.
El juez apuntó que, bajo estos indicios razonables, y bajo el estándar más mínimo, se establece que existió la cantidad de 600 mil pesos que se extrajo de la ASE, y que se llevó a cabo ese desvío, de acuerdo a lo manifestado por la actual titular de la dependencia, Rocío Cervantes, quien dijo que no existe la acreditación de ese gasto.
Asimismo, el juez consideró extraño el que haya desaparecido el acta, que estaba a favor de los imputados, y que en el portal de transparencia ese documento aparezca mutilado. De igual forma, cuestionó a la Fiscalía el hecho de que a la ex funcionaria de la ASE que expidió el cheque por los 600 mil pesos, no se le haya formulado imputación, y en ese sentido aseveró que en la Ley no debe haber distinciones. Añadió que, respetando el derecho de presunción de inocencia, y a un grado mínimo, los imputados adquieren participación de coautores, y durante el período de investigación complementaria la Fiscalía deberá indagar quien distrajo y de qué manera esos recursos.
Posteriormente, el juez mencionó que en la sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones en la que se aprobó el gasto de los 600 mil pesos para la fiesta navideña, se advierte que existía maquinación, ya que no estuvieron presentes al menos dos integrantes del mismo, por lo que salta la duda del extravío del acta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado donde se revisó este tema.
Indicó que en este tenor, corresponderá a la Fiscalía entrevistar a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la pasada legislatura, ya que se pone en duda si estos diputados fueron parte del desvío de los 600 mil pesos, por lo que también tendrán que dar cuenta de ello.
Cabe destacar que siendo las 14:25 horas de este 22 de mayo, el juez dictó, bajo el estándar mínimo, el auto de vinculación a proceso de los cinco imputados, en el hecho que la ley señala como delito de peculado.
Posterior a ello, la Fiscalía solicitó cinco meses de investigación complementaria para recabar información en la que llevará a cabo lo siguiente: entrevistar a las 39 personas que supuestamente acudieron a la fiesta navideña; la revisión de dos cuentas: la de la Auditoría Superior del Estado y la del presunto proveedor; para solicitar a un juez federal bajar imágenes que obran en un teléfono celular; así como para localizar el acta extraviada, o de lo contrario, llamar a declarar a los ex diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la pasada legislatura.
Por su parte el abogado de la ex funcionaria imputada solicitó seis meses para armar la defensa y estar en posibilidades de impugnar, si así se requiere, lo cual le fue concedido por el juez. La audiencia finalizó a las 14:44 horas.
Cabe mencionar que son seis las personas imputadas en el caso de la fiesta fantasma, sin embargo, uno de ellos ya había sido vinculado a proceso desde el pasado domingo 19 de mayo, y para lo cual se fijó un periodo de cinco meses de investigación complementaria.
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