Ley Santi: tenemos derecho a calles accesibles

Marcela Del Muro 

¿Has caminado por las calles del Barrio de San Miguelito en los últimos meses? Desde finales de agosto de 2023, las vialidades principales de esta colonia están en remodelación. Israel Morales San Román, que es ciego, camina diariamente por esas calles de tierra, algunas con zanjas y con montículos de adoquines, para ir de casa al trabajo y viceversa. Hace unos meses, el titular de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de San Luis Potosí, tuvo un siniestro vial en la calle Vallejo, que le provocó un esguince de segundo grado en un pie. 

“No había un acordonamiento adecuado. Pusieron una malla amarrada a un poste, pero el bastón me ayuda a no tocar el poste. Solo podías sentirla si ibas caminando por en medio de la calle, pero ir en medio no es seguro para mí, yo uso las banquetas. Entré a la zona de construcción. Sentí los escombros. Fue un terreno nuevo para mí y se me dobló el pie, fue un dolor horrible”, relata Israel.  

El desorganizado y, hasta ahora, malogrado proyecto de rehabilitación del barrio ha sido un dolor de cabeza para las vecinas y vecinos. Ha provocado la falta de acceso a servicios básicos, como agua embotellada, pipas de agua y gas; ha complicado o imposibilitado la movilidad de adultos mayores, personas con alguna discapacidad e, incluso, de colonos que tienen que atravesar hoyos en el suelo; se han cortado árboles de varios años de vida; el terregal ha sido una molestia para los y las que habitan y transitan la zona; ha dividido las opiniones y convivencia de las personas que transitan y viven en dichas vialidades, entre muchas otras problemáticas. 

Las obras de remodelación son necesarias. Israel cuenta que caminar por las calles del Barrio, desde antes de la obra, era como una carrera de obstáculos, que lo pone en un riesgo constante. Las banquetas angostas y, en su mayoría, dañadas son invadidas por automóviles que se estacionan en ellas. Sin embargo, el arranque de la rehabilitación alertó a los y las vecinas, pues comenzaron a retirar únicamente los adoquines del arroyo vehicular, dejando las maltrechas y reducidas aceras tal y como estaban.  

“En San Miguelito no pensaron en absoluto en las banquetas, banquetas que tienen una tradición de ser inaccesibles, con calles donde ni siquiera las hay. No se está pensando en las personas, ves a adultos de edad avanzada que van caminando, pasito a pasito, por debajo de la banqueta, porque no hay de otra. No hay una idea de calle completa, donde sí, van a transitar coches, pero principalmente van a transitar personas”, explica Catalina Torres, activista especializada en movilidad accesible, secretaria de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo en SLP e integrante del Consejo Ciudadano de Movilidad.      

Durante el arranque de la obra, 60 colonos se ampararon señalando la falta de un proyecto de rehabilitación integral que favorezca a la movilidad de las personas que transitan por esas vialidades y solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), el proyecto de remodelación de las calles a intervenir, el estudio técnico, análisis de impacto, permisos y cronograma de obras. El Juzgado Sexto de Distrito otorgó una suspensión provisional y exigió que las autoridades presentaran los permisos. A la par, la obra fue suspendida por no contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues se encuentra dentro de los perímetro del Centro Histórico. Catalina, que fue una de las que solicitó el amparo, refiere que a la fecha no han tenido acceso al proyecto donde, según datos del Estado, se invirtieron 75 millones de pesos.   

A inicios de septiembre de 2023, el Centro INAH de SLP autorizó la obra, pero conservando el adoquín de piedra ojo de víbora, “parte de los elementos de identidad y emblema de los barrios de la ciudad, muy especialmente los de San Miguelito, San Sebastián, Tequisquiapan y Santiago”. El documento obligaba a la Seduvop a entregar, lo antes posible, un proyecto ejecutivo de cada tramo, elaborándose los planos de diseño de pavimento; detalles de accesibilidad, donde se indica un ancho de banquetas preferente de 1.5 metros para el desplazamiento adecuado de personas con discapacidad; mobiliario y alumbrado.  

“El motivo esgrimido para el retiro del adoquín ha sido su mal estado y falta de mantenimiento, y que ‘estorba’ al flujo vehicular, reafirmando el paradigma del automóvil que impera en nuestras ciudades. Tales visiones se han debatido a nivel internacional, especialmente por parte de la ONU Hábitat, quien señala que se debe combatir esa visión de prioridad vehicular, especialmente en espacios históricos como el que nos ocupa”, indica el oficio del Centro INAH que fue dirigido a la titular de la Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero

El pasado 19 de marzo, Catalina y seis ciudadanos, la mayoría activistas y expertos, presentaron al Congreso del Estado la Ley Santi, una iniciativa ciudadana de ley de movilidad para el estado, que busca garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

“La propuesta que nosotros acabamos de hacer al Congreso pone a la persona al centro. Primero deberían de poder moverse las personas, empezando porque debe de haber banquetas”, explica Catalina. Marco Antonio Vargas, esposo de la activista, tiene una discapacidad motriz, utiliza una silla de ruedas y es habitante del Barrio, regularmente se mueve por el arroyo vehicular. Cuando se anunció la obra de remodelación y se dijo que el adoquín sería retirado, Marco Antonio lo vió como una ventaja, “me dijo, qué bueno porque los adoquines hicieron que destruyera una silla completa. Pero él no tendría que estar sobre los adoquines, él tendría que ir sobre la banqueta”, recuerda Catalina. 

La Ley Santi busca trasladar la responsabilidad de los siniestros viales a las autoridades, que son los encargados de gestionar infraestructura vial segura para los y las que circulamos por sus calles, partiendo por el hecho de que todas y todos somos peatones en algún momento, refiere la activista Lois Muñoz.  

El riesgo constante de caminar la ciudad cuando tienes alguna discapacidad         

Israel Morales es originario de Mérida, Yucatán, y ha vivido en cuatro ciudades de México, en San Luis Potosí lleva tres años. Él detecta varias situaciones y costumbres, que son propiciadas por una infraestructura deficiente, que ponen en riesgo su integridad y la de sus compañeros ciegos. La falta de banquetas o la invasión de ellas por carros, materiales de construcción, es la primera; las rampas que abarcan toda la acera, y que para los y las ciegas es complicado detectar con el bastón; las alcantarillas abiertas o mal diseñadas; los estacionamientos que invaden la circulación del peatón; la falta de semáforos con sonido, sobre todo en avenidas o calles muy transitadas, por ejemplo, la calle de Coronel Romero, Himno Nacional, por Sendero, entre otras.    

“En San Luis se prioriza la movilidad del vehículo, cuando se debería de priorizar la movilidad del peatón porque, al final, son los usuarios que utilizan la calle. Los vehículos la tienen fácil, pueden ir a todos lados, quien sufre más es el peatón y más cuando se tiene una discapacidad”, relata Israel. 

Para él, su única forma de movilidad relativamente segura en la ciudad es caminando porque en San Luis Potosí no se cuenta con un transporte público accesible para las personas ciegas o débiles visuales. “En otras ciudades lo que se hace es favorecer el uso del transporte público, haciéndolo accesible para nosotros, pero tengo entendido que aquí es complicado incluso para ustedes, nosotros estamos en mayor riesgo”, señala. 

Por ejemplo, en el área metropolitana los choferes de camiones no cuentan con capacitaciones para tratar con personas con discapacidad, no se cuentan con asientos accesibles o puertas y espacios para que las sillas de ruedas puedan utilizar sus servicios, tampoco hay sonómetros que te indiquen las paradas. 

“Nosotros podemos utilizar el transporte público, ahora tenemos mañas por supuesto, pero no es la idea, Lo ideal es que el transporte público sea accesible por default, elimina estas barreras que existen para que podamos usarlo en igualdad de contextos. Yo te estoy hablando de la experiencia de un ciego, pero aquí no veo que tengan rampas. Por ejemplo, en Mérida ahorita hay un transporte público que se llama vaivén, el camión saca la rampa y se pone de lado, para que suba el usuario; aquí se paga el transporte público, en otras ciudades es gratis para personas con discapacidad”, explica Israel. 

El riesgo de sufrir algún siniestro vial aumenta en la ciudad cuando se cuenta con una discapacidad. El activista y funcionario explica que el ruido de los autos muchas veces desorienta a los ciegos y débiles visuales y, al no contar con semáforos o infraestructura segura y accesible para ellos y ellas, pueden ser atropellados o pueden lesionarse, como le pasó a él hace unos meses. 

Él y su equipo de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad del Ayuntamiento están trabajando para que la ciudad sea un lugar más incluyente y accesible, para que los policías puedan ayudar y priorizar la movilidad de las personas con discapacidad, pero señala que es urgente que la ley de movilidad sea aprobada para que los peatones puedan hacer uso seguro de la ciudad. 

“La movilidad se debe impulsar desde muchas aristas. Hay que trabajar en una ley de movilidad, pero también hay que trabajar con la sociedad. Tenemos que ser más empáticos con los peatones, sobre todo con los peatones con discapacidad, tenemos que ser parte de este cambio. Hay que recordar que la discapacidad se compone de dos dos parámetros; la deficiencia que está en mí, o sea, yo tengo una deficiencia visual, pero también en las barreras que la sociedad construye. Entonces, si la sociedad no se hace cargo de eliminar esas barreras, la discapacidad no avanza”, finaliza Israel.

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