Estela Ambriz Delgado
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, indicó que las manifestaciones de comunidades de la Huasteca contra funcionarios municipales y de la Secretaría del Bienestar por supuestas irregularidades en la entrega de apoyos tras las lluvias, son evidencia para la definiciones rumbo a la elección de 2027, pues hay perfiles de círculos favorecidos de Morena que ya se sienten prospectos a un cargo de elección popular y hacen uso de las acciones públicas como plataformas políticas.
Aunque el regidor Justino Pérez Pérez se deslindó de las acusaciones en su contra hechas por diversas comunidades sobre dar a conveniencia apoyos a los afectados por las lluvias en el municipio de Matlapa, lo cierto es que no es el único funcionario del que se han presentado este tipo de quejas.
Como señala Cisneros Sánchez, a la protesta de comunidades como Tlaxco, Tamala, Coaquentla, Manantiales, y Peñita, derivada de las irregularidades en el levantamiento del censo para atender a los damnificados, se suman en el norte del estado Mexquitic, Santo Domingo, Salinas, así como habitantes del municipio de Tanquián de Escobedo.
En todos los casos el reclamo coincide: denuncian que la Secretaría del Bienestar no ha ido a censar a todos los domicilios afectados, sino establece una casa para realizar tal labor y que comúnmente coincide con un operador político del partido Morena.
El activista puntualizó a que esto se suman denuncias contra algunos servidores de la nación que dan preferencia a personas que simpatizan con sus causas políticas, pero no necesariamente requieren de los apoyos federales porque no son afectados.
Sin embargo, también hizo mención de que los reclamos de las comunidades no sólo se han dirigido a funcionarios como el regidor Justino Pérez, sino también a Griselda Mezquida, coordinadora de la Secretaría del Bienestar en Ciudad Valles, quien recientemente fue exhibida con una actitud prepotente hacia una ciudadana que la grabó en video mientras sostenía una reunión inherente a su trabajo.
En dicho material gráfico se observa a la funcionaria montar en cólera por ser video grabada, por lo exige que “apaguen eso”, e interrumpe la reunión retirándose del lugar.
“Este perfil de reacción no es solo de estos dos servidores públicos, actualmente es una tónica que viene desde arriba hasta debajo de la estructura de la Secretaria de Bienestar en el estado. Si usted se atreve a decirle algo a Guillermo Morales, este le acusara de ‘alborotador’, si usted protesta por la falta de atención, lo excluyen. Si le recortan presupuesto y se ampara, no te dan tarjeta, y si la exigiste, congelan la cuenta. Si se te ocurrió exigir con el juez judicial que reactiven tu cuenta dirán que estas contra la presidenta de la república y que te volviste verde”, precisó Cisneros.
Además, señaló que en el caso de los recursos que reciben de manera directa las comunidades indígenas como “La escuela es nuestra” y los relacionados a infraestructura social básica, como el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), la situación es todavía más complicada.
Detalló que, en este mes de octubre, las presiones a las comunidades para que acepten los proveedores, ingenieros, arquitectos, y constructoras fue al alza, “ni se le ocurra presentar un técnico independiente al club de color guinda”, pues en esos casos los servidores de la nación les ignoran.
Encima de estos abusos sistemáticos, “los servidores públicos se hacen las víctimas (…) en el fondo, estas expresiones son evidencia de un problema: la elección 2027 ya está definiéndose y los directivos de Bienestar o del INPI en el estado, y sus principales círculos favorecidos, ya se sienten prospectos a un cargo de elección popular y están usando las acciones públicas como plataformas políticas”.
Por último, Cisneros Sánchez afirmó que lo que los funcionarios olvidan es que en las regiones indígenas tienen damnificados permanentes, dañados por la marginación, el rezago social, y la pobreza, por lo que es inútil para los afectados la politización de la ayuda.
“Los damnificados coyunturales de las tormentas e inundaciones requieren acciones de corto plazo, de mediano y largo plazo, pero el desconcierto institucional y las componendas políticas desplaza la objetividad más elemental para sacar adelante las necesidades permanentes y coyunturales de la población afectada”.
