Etiqueta: Nada personal

Carlos Rubio

El fraude que hizo el Ayuntamiento de San Luis Potosí hace poco más de un año con la compra de tierras que evidentemente no pertenecen al ejido Rancho Viejo – La Libertad, está cada vez más cerca de cobrarle factura al alcalde Enrique Galindo Ceballos si no hace algo para recuperar los 4 millones de pesos que ya le pagó al ejido.

En julio de 2022, el alcalde junto con la sindico Maribel Lemoine Loredo y el entonces secretario general Fernando Chávez Méndez, firmaron un contrato de promesa de compra venta con el ejido, con la finalidad de pagarles 12 millones de pesos por las tierras en las que la administración de Xavier Nava Palacios construyó el puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero.

El detalle es que ese puente se construyó sobre una vialidad que ya existía: el periférico, y los ejidatarios alegan que esas tierras, que son del dominio público y por las que todos transitan diariamente desde hace años, son de ellos.

El principal problema es que ese asunto aún estaba en litigio en el Juzgado Octavo de Distrito, es decir, la autoridad judicial ni si quiera emitido una sentencia ni había ordenado reparar el supuesto daño al ejido, cuando el Ayuntamiento ya estaba desembolsando cantidades millonarias de dinero con tal de cerrar el asunto (claro, como el dinero viene de los impuestos y no de la bolsa del alcalde).

Otro asunto que hacía mucho, pero mucho ruido, es que esa fue la razón por la que el Congreso del Estado inhabilitó a Xavier Nava Palacios y a parte del Cabildode dicha administración, dejándolos fuera del servicio público por hasta 20 años, asunto que aún continúa en litigio. Nava incurrió en desacato al haber continuado con la obra aun cuando el Juzgado había decretado una suspensión.

Una cláusula del contrato firmado por Galindo establecía que el ejido se debía desistir del juicio 288/2020 que promovió en contra del Ayuntamiento. Esto metería en un problema a Xavier Nava quien también litiga su inhabilitación, ya que el asunto original que la causó estaba por desaparecer y jamás tendría resolución.

Esto finalmente ocurrió. El Juzgado aceptó que el ejido se desistiera del juicio y el asunto fue cerrado. Xavier Nava aún busca quitarse la inhabilitación que le impuso Congreso Verde Ecologista del Estado.

Y aquí viene el gran pero. Según el contrato de promesa de compraventa, el Ayuntamiento haría un primer pago de 4 millones de pesos al ejido, tan solo como garantía de cumplimiento. Esto ocurrió el 22 de septiembre de 2022, cuando el dinero se transfirió a la tesorera del ejido, Juana Cerda Morales. De ahí en adelante quedan tres pagos que el Gobierno Municipal haría conforme el ejido cumpliera con ciertos trámites, con fecha límite para cumplir con el contrato del 31 de diciembre del año pasado, de lo contrario el ejido sería penalizado con 50 mil pesos que se restarían del pago final.

Pues la fecha límite pasó, el contrato final nunca se firmó, al ejido no se le transfirió más dinero y cuando la prensa empezó a preguntar, el alcalde y los dos síndicos le hicieron al tío lolo y nadie supo qué pasó.

Y es que, para que el Ayuntamiento desembolsara otros 2 millones de pesos estipulados en el contrato, el ejido debía convocar y celebrar una asamblea en la que se cambiara el uso de las tierras de uso común a zona parcelada… hasta aquí todo bien, lo podían hacer sin contratiempos. El problema fue que dicha acta tenía que ser inscrita ante el Registro Agrario Nacional y es aquí donde se iba a atorar todo, porque claro que dicha instancia tenía que corroborar que las tierras fueran de los ejidatarios.

Días antes de que los regidores aprobaran pagarle los 12 millones de pesos al ejido, el Registro Agrario Nacional emitió un documento primordial dentro del juicio que promovió Nava Palacios en contra de su inhabilitación.

Paréntesis: el Registro Agrario también había jugado un papel importante, pues con artimañas gramaticales se negaba a informar de forma clara y exacta cuál era el polígono que le pertenecía al ejido, lo que ocasionó gran parte del problema.

Resulta que al Registro Agrario se le presentó un mapa y se le pidió responder sí o no, si los tres polígonos marcados corresponden a las tierras que actualmente son propiedad del ejido. De esta forma el Registro acreditó que el terreno donde se construyó el puente, efectivamente, NO pertenece al ejido.

Este es el documento con el que dio respuesta el encargado de despacho del Registro Agrario Nacional, y este es el mapa que se le presentó, en el que se señalan los tres polígonos, así como el tramo del periférico que los ejidatarios reclaman como propio.

Y para que el Ayuntamiento pagara los siguientes 2 millones de pesos, el ejido debía realizar otra asamblea en la que los ejidatarios adoptaran el dominio pleno de las parcelas para luego venderlas al municipio, lo que también debía formalizarse ante el Registro Agrario Nacional y que obviamente no iban a poder hacer porque, una vez más, las tierras no les pertenecen.

Los últimos 4 millones de pesos que completan los 12 firmados en el contrato, se entregarían una vez que se celebrara el contrato de compraventa definitivo entre el ejido y el Ayuntamiento.

Sin embargo, todo este proceso se atoró en el paso uno. Y, por si fuera poco, el contrato estipula que por cada día que pasara desde el 31 de diciembre de 2022, sin que el ejido cumpliera con sus obligaciones, éste sería penalizado con 50 mil pesos. Y resulta que para el pasado 10 de junio se acabó el crédito de 12 millones que tenía el ejido y ahora ellos son quienes le deben al Ayuntamiento. Para hoy, 124 días después del 10 de junio, ¡el ejido le debe 6 millones 200 mil pesos al Gobierno Municipal! Y aparte le tiene que regresar los 4 millones que ya le habían pagado.

Que desastre armaron el alcalde y el ex asesor José Mario de la Garza Marroquín, la síndico Maribel Lemoine y los regidores, que todo le aprueban a Galindo con tal de mantenerlo contento y sobrevivir en el campo de la política potosina.

Recientemente el Ayuntamiento informó a través de una solicitud de información que el contrato se encuentra “en vías de cumplimiento”, a pesar de que la fecha pactada para dar ese cumplimiento ya pasó y está más bien en vías de cumplirse un año desde eso.

Lo que ya se sabía, pero había que reafirmarlo: la síndico Maribel Lemoine es la encargada de dar seguimiento a este tema y es quien debe tener pleno conocimiento sobre esto. Y hay que reafirmarlo porque luego la prensa busca a la síndico ¡y dice que no sabe nada y que no le toca a ella!

En la misma solicitud se le cuestionó el Ayuntamiento las labores que realiza para recuperar el dinero pagado el ejido, ya que el contrato (firmado ante notario) se incumplió. Sin embargo, de forma muy ambigua, respondieron: “Se informa que, la Segunda Sindicatura del Honorable Ayuntamiento ha iniciado trámites previos para cumplimiento forzoso o cualquier acción legal que se desprende del contrato de promesa de venta, requiriendo a los representantes de la parte vendedora por constancias de cumplimiento”.

El fraude que Enrique Galindo cantaba como una victoria se le estancó y debe enmendar la plana antes de que algún Congreso busque inhabilitarlo por 20 años, aunque eso signifique tener que aceptar que se equivocó. Y eso pensando en que los 4 millones de pesos sigan guardados en la cuenta del ejido, porque en caso de que ya hayan sido repartidos, a ver cómo le hacen para obligar a los ejidatarios a regresarlos; o si no alcalde, regidores y síndicos van a tener que empezar a abrir sus carteras para reintegrar ese dinero a las arcas municipales, sino quieren que los empiecen a investigar por desvío de recursos públicos.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.

Carlos Rubio

No debía ser sorpresa. La opacidad con la que se conduce la corriente gallardista tiene un amplio historial en Soledad de Graciano Sánchez y golpeó a la capital junto al Interapas en 2015. Si bien ningún Gobierno puede jactarse de no haber ocultado información, sí hay niveles de ocultamiento, de los cuales hoy San Luis Potosí agoniza y es algo que debería preocuparnos a todos.

La reserva de información que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas a las obras del Parque Tangamanga es una escalada más en la pirámide que comenzó a construir Ricardo Gallardo Cardona desde que inició su sexenio. Una cosa es argumentar reserva por temas de seguridad para las patrullas de la Guardia Civil (que igual es muy cuestionable) y otra muy diferente es no querer decir cuánto pagaste por poner un ladrillo.

Qué tan podridos estarán los procesos de adjudicación y los costos de las obras, para que el Gobierno tome la decisión de ocultarlos durante cinco años. ¿Cuál será la respuesta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública ante tal barbaridad? Los comisionados están obligados a estudiar el caso y revocar inmediatamente dicho acuerdo arbitrario, con el que se burlan de los potosinos.  

El grave momento de opacidad que está viviendo el estado no debe pasarse por alto. La transparencia es una herramienta que nos ha ayudado a pedir cuentas a los funcionarios y sin duda que es una traba más para la corrupción, un mal que tiene sumergido a México en la miseria.

Sin embargo, este no es el único uso que se le puede dar a la transparencia.

Muchas personas en todo el país, incluyéndome, hemos aprendido de Samuel Bonilla, un incansable promotor del aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública, que la transparencia es una herramienta que funciona para la vida diaria y es capaz de movilizar a todo un gobierno, como ocurrió en Brasil, donde el periodista Vinicius Sassine por medio de solicitudes de información logró que se utilizaran aviones de la Fuerza Aérea para transportar órganos para trasplante, en vez de funcionarios. Con ello ha hecho que se salven múltiples vidas.

Como un comercial, Vinicius acaba de dar una conferencia virtual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como parte de los laboratorios para el aprovechamiento de este derecho que Samuel imparte junto con Astrolabio y el aval de la Universidad.

La transparencia no es una petición ni es una muestra de amabilidad, es un derecho que se tiene como ciudadano y una obligación que adquiere una autoridad.

Vinicius hizo un gran cambio con este derecho, pero se tienen pruebas de cómo en México se ha utilizado esta herramienta para lograr que a una persona se le entregue la pensión que le corresponde, para que se pavimente una calle, para que se retire un poste que pone en riesgo a las personas, para que se abastezca un hospital de medicamentos.

Son múltiples los usos que hay y van desde pequeñas acciones que pueden trascender en la vida de una sola persona, hasta cambiar a toda una comunidad.

Es por ello que el riesgo en el que está la transparencia no es solo porque dejemos de saber cuánto costó una obra o una adquisición del Gobierno, está en años de evolución que han vuelto posible que este derecho cambie vidas.

Es algo que está a años luz de comprender el gobernador y todo su gabinete, que solo se han dedicado a ningunear a cualquiera que les pida un poco de respeto a la ley.

A nivel federal la situación no es diferente. De forma autoritaria, Andrés Manuel López Obrador comenzó ocultando sus obras y abrió el camino para que esto se replicara en los estados, sobre todo en aquellos donde gobierna la Cuarta Transformación.

¿Qué otros derechos estarán dispuestos a pisar los mandatarios con tal de imponer su voluntad sobre la del pueblo?

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Carlos Rubio

Finalmente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) respondió a la pregunta que Óscar Vera Fabregat hizo el 19 de julio en sesión extraordinaria: “¿Van a hacer el plebiscito o van a hacer el ridículo?”. Y para no dejar lugar a dudas, los consejeros decidieron dar cátedra de lo que es hacer el ridículo consiguiendo una participación del 6.8 por ciento con un presupuesto de 20 millones de pesos, algo así como que salió a 437 pesos cada opinión emitida el domingo.

Hace meses el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el debate y la polémica en torno a la pertinencia de los Organismos Públicos Locales Electorales, con la reforma que proponía su desaparición. Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) y en todo el país se defendió su existencia y, hasta hoy, siguen vigentes.

Era una tarea complicada que un solo organismo electoral manejara todas las elecciones en el país, como lo planteaba el presidente. Tampoco era difícil darse cuenta de sus intenciones de tener más control sobre el Instituto, sin embargo, no se equivocaba cuando exhibía la ineficacia de estos organismos y a las cúpulas doradas que los dirigen. En esta ocasión, el Ceepac no hizo más que darle la razón a López Obrador y exponerse a sí mismo como un desperdicio de recursos públicos.

Tanto que los politiquillos y empresarios de San Luis Potosí defienden al INE y se ponen a organizar diminutas marchas que culminan con anticuados discursos de dudosos personajes en Fundadores, para que aquí en su estado, en su casa, el gobernador utilice al Ceepac como instrumento para sus intereses personales y no digan nada, ¿les interesa o no la democracia?

Pero una cosa es que el gobernador quiera utilizar al Ceepac y otra que los consejeros acepten ser usados; y pues sí, ambas ocurrieron.

Desde que propusieron su nada austero presupuesto de 55 millones de pesos para realizar el plebiscito y el gobernador ordenó que se realizara con 20 millones, los consejeros debieron ponerle un alto, exponer a la ciudadanía las razones por las que era imposible realizar el ejercicio y rechazar llevarlo a cabo.

Todavía decidieron llevar la humillación al extremo y lanzar la consigna de que con menos de 23 millones sería imposible realizarlo; propuesta que también fue bateada por el gobierno estatal.

El orgullo de los consejeros no los dejó decir “no se puede” y su sumisión no les permitió negar la solicitud, y en vez de ello decidieron realizar un papelón que terminó confirmando el discurso de López Obrador que ha replicado Ricardo Gallardo en el estado: los organismos electorales representan un gasto excesivo.

Si el Ceepac ya sentó un precedente de que con 20 millones de pesos se puede realizar un plebiscito (sin difusión, aunque esto parecía más bien intencional), ¿cómo será posible que en un futuro se vuelvan a pedir 55 millones para organizar otro? Quedaron atados de manos.

¿Qué hubiéramos obtenido con casi el triple de presupuesto que pedía el Ceepac?, ¿el triple de opiniones? ¿Una participación del 20.4 por ciento? ¿Un abstencionismo del 80 por ciento sí lo estaríamos celebrando?

En cada elección el abstencionismo triunfa; las recientes consultas promovidas por el presidente no han sido la excepción y el plebiscito sobre Villa de Pozos llegó a la capital a confirmar la nula capacidad que tienen el Ceepac y sus consejeros para incentivar la participación ciudadana, que guardados en sus oficinas piensan que con organizar cuatro foros es suficiente para convencer a una persona de salir a de casa un domingo para votar sobre algo que no sabe si le beneficia o le afecta.

El trabajo real fue hecho por los funcionarios de las Mesas Receptoras de Opinión, que se encargaron de informar sobre el ejercicio que se estaba llevando a cabo a los curiosos que se acercaban. Ellos sí tuvieron la convicción de promover la participación.

Solo queda esperar a que el Ceepac presente un balance de resultados y los consejeros le bajen dos rayitas a su orgullo para aceptar que realizaron un ejercicio que fracasó, no por la municipalización de Villa de Pozos, ese proceso seguirá y el gobernador cumplirá su cometido, sino por apenas haber alcanzado la humilde cifra de 45 mil 713 opiniones de un universo de 669 mil 525 electores.  

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Carlos Rubio

Las últimas señales de simpatía de Enrique Galindo Ceballos con El Saucito no son casualidad ni provienen de una reflexión de sus actos, son el control de daños que el alcalde debía realizar si no quería una afectación mayor para su campaña de 2024, que de por sí ya ha sido trastocada por sus errores y viene empañada por el Frente Amplio por México, cuyos líderes en San Luis Potosí están sometidos al gobierno en turno.

Galindo sabe que el conflicto que estalló en El Saucito no solo exhibió su falta de labor política y la de sus funcionarios, como lo dijo el regidor Arturo Ramos Medellín, quien señaló a los secretarios generales por no haber preparado el terreno antes de entrar con maquinaria a la colonia; seguramente el alcalde se reunió con su nada barato grupo de asesores y comunicación social, que le advirtió sobre los riesgos a futuro de tener a otro grupo en su contra, y el uso que sus detractores le podrían dar a éste.

Es así que el pasado domingo, el Ayuntamiento realizó su acostumbrada propaganda en El Saucito a la que llama Día de Talacha, en la que simulan que los vecinos salen a acompañar al alcalde mientras limpian las calles, pero que en realidad la mayoría son trabajadores municipales que obligan a ir, como si no se pagara ya por este servicio a otras personas.

Al evento llevaron a un numeroso grupo de gente que durante siete minutos y medio recibió el micrófono para agradecer la presencia del alcalde y reiterarle que las puertas están abiertas para él, un acto simbólico de reconciliación con la colonia a la que meses atrás intentó someter con la fuerza pública.

Desde un punto de vista político es un acierto para el alcalde limar asperezas y pasar la página hacia otros asuntos, en lugar de dejar fracturada su relación con una gran e histórica colonia; no puede mantenerse peleado con un sector de la población, pues es el representante de todo el municipio y no solo de unos cuantos, esto es algo que entendió mejor que el gobernador, que por donde se para se esfuerza en crear nuevos enemigos (algunos imaginarios), atacar y difamar al por mayor, lo cual no es propio de un mandatario ni de la vida democrática de un país.

Aún sea un acierto la bien organizada reconciliación del alcalde con El Saucito, no se debe ser ingenuo; el objetivo ahí tiene tintes electorales que en meses rendirán frutos. Si no cómo podemos explicar que meses atrás Galindo planeaba modificar las calles que rodean el Santuario del Señor de Burgos y hoy quiere declarar El Saucito como el octavo barrio de San Luis Potosí. ¿Acaso una noche tuvo una visión que le aclaró la relevancia histórica de todo el entorno que iba a poner en peligro con su paso a desnivel?

“El Saucito se lo merece y esta administración quiere dejar documentado su valor cultural, histórico, religioso, de tradiciones, es importantísimo y yo creo que ese es el mejor obsequio que le podemos dejar más allá de un puente”, fueron las palabras que Galindo utilizó el domingo para endulzar los oídos de toda una comunidad que se sintió seriamente afectada después de aquella noche en la que no durmieron para proteger su entorno.   

Hasta una sesión de Cabildo quieren llevar a cabo ahí, que no es más que propaganda y simbolismos que más que beneficiar a la colonia, limpian la imagen del alcalde que sí o sí aparecerá en una boleta el próximo 2 de junio de 2024.

Con todo esto, Galindo sigue sin aceptar la derrota con la cancelación rotunda del proyecto del paso a desnivel e insiste en que se puso en pausa para ejecutarse el próximo año, sin embargo, tanto él como todo su equipo saben que la obra no será aceptada en este año ni el siguiente, así haga 50 Días de Talacha o Domingos de Pilas.

Al parecer lo que se vislumbraba como un desastre, terminó por favorecer a El Saucito, que seguramente será declarado como el octavo barrio de la ciudad, proceso que no tardará mucho (mientras no haya irregularidades ni opositores), pues para entrar en campaña Galindo debe separarse del cargo, lo que le impediría encabezar esa sesión de Cabildo y se perdería del beneficio político de la declaración.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Carlos Rubio

La LXIII Legislatura y especialmente los diputados del Partido Verde Ecologista de México, junto con sus aliados (incluyendo a Morena), no se han cansado de hacerle el trabajo sucio al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y cada vez innovan más en las formas de humillarse; eso sí, siempre buscan que su dignidad decaiga hasta profundidades nunca antes conocidas y que quede constancia de quién es su mandamás.

Hace dos semanas se dedicaron a atacar vecinos del Barrio de San Miguelito, así como a una defensora de los Derechos Humanos (también vecina), todo para justificar las pretensiones del gobernador de llevar a cabo una obra que no estaba autorizada y ni si quiera constaba de un proyecto serio que pudiera ser presentado ante el Instituto Nacional de Historia y Antropología.

Fueron capaces de darle la espalda y atacar a la ciudadanía que se supone que representan, con tal de respaldar las ilegales acciones de Gallardo Cardona y sus funcionarios. Pero qué más se podía esperar de la bancada que impulsa la iniciativa sobre la castración química.

La más reciente de sus brillantes ideas fue la de establecer una comisión que analice las concesiones del Ayuntamiento, así como el crédito de BANSI al Interapas que alertó al sistema financiero.

Está por demás hablar sobre el evidente tinte político de esta propuesta, que apunta más hacia otro capítulo de la pugna Gallardo – Galindo por la capital del estado. Y es muy desafortunada por el hecho de que son temas importantes; para nadie es un secreto la votación fast track mediante la que el Cabildo renovó por otros 15 años la concesión del servicio de recolección de basura a Red Ambiental, un movimiento sumamente dudoso sobre todo después de aquella muy conveniente y nada importante escoba de platino que el alcalde fue a recoger de las manos del mismísimo rey de asuntos sin trascendencia en España.

La concesión que hoy ostenta Aguas del Poniente Potosino es otro foco rojo sobre el que también se debería vigilar cada paso del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ahora más que los regidores demostraron su alta eficiencia para manejar asuntos en sigilo y hacer votaciones de la noche a la mañana.

Es desafortunado que los diputados busquen manchar de sus intereses particulares estos asuntos que son de suma trascendencia para los potosinos, porque al final eso le permite al alcalde restarles importancia y justificar que pertenecen a una agenda política, como ya lo hizo con las quejas de dos regidores sobre la renovación de la concesión de basura.

Que el Partido Verde y la gallardía se atrevan a exhibir irregularidades y a denunciar opacidad, es una de las más grandes paradojas de la política potosina, ya que han demostrado tener la misma vocación en Soledad de Graciano Sánchez, bastión familiar que ha sido saqueado durante más de una década y contando; donde la Plataforma Estatal de Transparencia es tan solo un ornamento y estructuralmente el municipio se cae a pedazos.

¿También se le va a crear una comisión especial a Soledad?

Y ni se diga de la opacidad con la que se ha manejado el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, que ni de la Feria Nacional Potosina quiere mostrarnos la más pequeña factura. Ya no hablemos de los artistas que contrata, ni si quiera se atreven a dar a conocer cuánto les costó un tornillo. En ese nivel están las irregularidades de la fiesta de los potosinos.

Y ese es nada más un tema, si volteamos a ver todos los vehículos que han adquirido, las obras que han hecho y los créditos que han solicitado, entre otras cuestiones, nos da para que los 27 diputados integren una comisión especial que vigile al gobierno estatal.

¿También vamos a crear una comisión que vigile al gobierno estatal?

Para ir a criticar casas ajenas, primero habría que barrer la propia, y este grupo político ha acumulado toneladas de basura que tarde o temprano habrán de desprender un olor tan fétido, que alguien se tomará la molestia de comenzar a limpiar y se encontrará con todo un mundo de corrupción.

Por lo pronto ahí están los diputados, dispuestos a barrer un poco, que cada semana se esfuerzan por encabezar un nuevo ridículo en este camino llamado “obtener un nuevo cargo después del 2024”.

Ya estamos a miércoles, por lo que les queda poco tiempo para anunciar la creación de un nuevo Poder Judicial o el inicio de un juicio político contra los trabajadores que no acaban la Arena Potosí. Aunque mejor ya no doy ideas.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Carlos Rubio

La forma en la que la administración de Enrique Galindo Ceballos extendió por 15 años la concesión de recolección de basura en San Luis Potosí dejó un muy mal sabor de boca y no puede más que levantar un sinfín de dudas sobre el presente y el futuro de la ciudad. En una coyuntura en la que a nivel nacional y local se cuestiona ampliamente la ética de concesionar servicios que deben ser públicos a empresas privadas, el alcalde ha sumido a la capital en otro compromiso a largo plazo que será difícil echar para atrás y ha sembrado la incertidumbre sobre la forma en la que manejará el tema sobre Aguas del Poniente Potosino.

La historia de Red Recolector (Vigue) en San Luis Potosí ya ha sido abordada muchas veces, de muy buenas formas y sigue presente en la memoria colectiva, así que sería ocioso intentar volver a contarla a mi modo.

En México la reelección está prohibida para el presidente, que debe conformarse con seis años en el cargo, así como para gobernadores; el asunto es un poco más flexible para alcaldes, diputados y senadores, que tienen la oportunidad de reelegirse; en el Poder Judicial es en donde jueces y magistrados suelen eternizarse en el cargo, pero hasta ahí hay límites establecidos en la Constitución que blindan el poder para que ninguna persona pueda ostentarlo todo por siempre, sin embargo, lo que sí se permite es que las empresas privadas se introduzcan en el servicio público para asegurar un millonario ingreso durante al menos 30 años.

A falta de unos meses para que culminara la concesión, Galindo y sus regidores emprendieron la tarea de escoger un regalo para la empresa Red Recolector para festejarle sus primeros 15 años de cobrar en el Gobierno Municipal. Y qué mejor regalo que darle otros 15 años más para que siga viviendo de recursos públicos. Para el año 2039 vamos a tener en la ciudad a un vividor de 30 años que sigue pidiéndole dinero a su papá Ayuntamiento.

No sorprende el sigilo con el que el Ayuntamiento manejó este tema. Pregonan transparencia, pero desde mayo el alcalde había pedido que se analizara ampliarle la concesión a Vigue y ¿cuándo se informó sobre esto? Enrique Galindo cree que solo es necesario que la población se entere de que recibió la escoba de platino y para eso sí paga publicidad en medios, pero no cree importante dar a conocer que está a punto de garantizarle dinero público a una empresa durante los próximos 15 años.

No es la primera vez que lo hace. Sabe los asuntos que son delicados y que por algo no serán bien recibidos por la población, por mucho que quiera resaltar las bondades de sus decisiones. Ocurrió con las patrullas que le arrendó mediante adjudicación directa a una empresa extrañamente beneficiada por gobiernos priistas. No habían informado nada hasta que el verdadero costo y proceso de asignación fueron dados a conocer en este medio.

Con el tema de Vigue lo sabían y lo dejaron plasmado en el comunicado que enviaron el viernes después de la sesión de Cabildo. En las 349 palabras que conforman el texto proporcionado por Comunicación Social del Ayuntamiento, en ninguna se menciona el término “concesión”, tampoco dice cuál empresa es la beneficiada ni cuánto va a costar el servicio. Una forma muy tramposa de simular transparencia, pero esto en nada se diferencia de las acostumbradas prácticas del gobierno gallardista.

“…el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría calificada la garantía de la continuidad del servicio de la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que se generan en la ciudad. También por mayoría calificada se aprobó la obtención de servicios adicionales de barrido mecánico, recolección en papeleras, contenedores soterrados y cuadrillas de barrido manual…”.

Esto fue parte de lo escrito en dicho comunicado, que más que informar demuestra la incapacidad del alcalde para hablarle de forma directa, clara y honesta a la gente que representa y que votó por él para colocarlo en el lugar en donde ahora se encuentra.

Pero aquí lo podemos traducir con gusto:

“El Cabildo de la capital aprobó por mayoría calificada ampliar por 15 años más la concesión del servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que se generan en la ciudad, a la empresa Red Recolector S.A. de C.V., por un monto de… (…) También aprobó concesionar a la misma empresa los servicios de barrido mecánico, recolección en papeleras, contenedores soterrados y cuadrillas de barrido manual, por lo que se pagará la cantidad de…”.

Así de fácil era hablar con claridad, pero les gusta engañar.

¿Se estudiaron más empresas para ver cuál brindaba mejor servicio? Ensañarse con la misma durante años es lo que abre dudas sobre la pulcritud del proceso. Y, además de la escoba de platino, ¿cuáles son los parámetros que se utilizaron para calificar el servicio como eficiente?, ¿a quién se le preguntó?

La discreción con la que se llevan a cabo las sesiones de comisiones del Cabildo es otra ventaja que utiliza el Ayuntamiento para analizar asuntos en lo oscurito y después aprobarlos sin rendir cuentas ni explicaciones ante nadie. Como en el Congreso del Estado, el Ayuntamiento debería dar vista de estas reuniones –como mínimo– a la prensa, en aras de garantizar plena transparencia.

Enrique Galindo Ceballos envió una muy mala señal sobre las formas con las que se conduce, sobre todo si se toma en cuenta que este año debe tomar la decisión de renovar o no la concesión de Aguas del Poniente Potosino, otro quinceañero incomodo de la ciudad, que tiene el propósito de convertirse en treintañero mantenido. ¿Le preparará el Cabildo su regalo para celebrar sus quince años?

A Vigue le renovó la concesión seis meses antes de que esta concluyera, por lo que es probable que el dictamen referente a Aguas del Poniente ya se esté trabajando y en cualquier momento pueda votarse en Comisión para pasarse al Cabildo.

A lo largo del año Galindo ha mostrado actitudes distintas sobre este tema, que a leguas se ve que le ha resultado incomodo, tanto por su relación con empresarios como con el gobernador Ricardo Gallardo. Lo que es una realidad es que están predominando intereses particulares en un asunto que por la coyuntura exige seriedad para con la ciudadanía, en un momento en el que se sufre de escasez de agua, por lo que no hay margen para equivocarse.

Al final, solo queda preguntarse: ¿Galindo nos prepara otro madruguete?

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Carlos Rubio

Desde chico me lo dijo mi padre en innumerables ocasiones: lo difícil no es llegar, sino mantenerse. El cierre de la planta de Calidra que operaba ilegalmente sobre la carretera Rioverde es un logro por el simple hecho de que anteriormente tres alcaldes avalaron esta práctica, sin embargo, sería un error pensar que el asunto está concluido y podemos estar tranquilos; viene lo más difícil: mantenerla cerrada y evitar a toda costa que continúe contaminando y afectando la salud de los vecinos.

Aunque la administración de Enrique Galindo Ceballos fue la que finalmente dio el golpe certero a Calidra, durante todo este proceso la actuación del Ayuntamiento fue muy cuestionable. Primero porque los vecinos solicitaron una audiencia con el alcalde, la cual no les fue concedida y por lo tanto tuvieron que recurrir a un amparo para conseguirla. Ahí nació la primera sospecha de una colusión con la empresa.

Después las visitas de la Dirección de Comercio a la planta, en donde los inspectores dejaban por sentado en las actas que no encontraron actividad más que la administrativa, pese a las pruebas fotográficas que proporcionaban los vecinos, en las que se veía humo blanco saliendo de las chimeneas. Y no creo que, por mucho que se usen y se desgasten, las computadoras emitan tal cantidad de gases, ¿verdad?

Aún después de que el caso fuera dado a conocer en este medio y que se reanudaran las reuniones entre vecinos y las autoridades, la Dirección de Comercio insistió en que ya habían comprobado que no se llevaba a cabo ninguna actividad en la planta. La misma instancia que semanas después la clausuró.

¿Quiénes eran los inspectores que asentaban que no había actividad en la planta?, ¿por qué lo hacían?, ¿se les va a investigar?, ¿estaba enterado de esto el director Jorge García Medina? ¿O acaso desde el Ayuntamiento se le avisaba a la planta cada que se iba a realizar una inspección?

El proceso que se atravesó para lograr la clausura de la planta fue un tanto cuestionable, lo que pone en duda la fortaleza que tendrá el Ayuntamiento para mantener esta determinación y no ceder ante los fuertes embates que seguramente ya lleva a cabo Calidra, empresa fuerte a nivel nacional que poco a poco ha abarcado mayor territorio en San Luis Potosí y no dejará de lado fácilmente la inversión de más de 200 millones de pesos que realizó para instalarse en la carretera Rioverde (más uno que otro moche que tuvo que ofrecer a los exalcaldes).

Si bien hoy la administración de Enrique Galindo puede darse palmadas en la espalda, el verdadero reto es que la planta no vuelva a operar y no siga evadiendo la ley en tierras potosinas.

Pasó años operando ilegalmente. Desde 2019 no tenía licencia de uso de suelo, luego de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la anulara a través de un juicio de amparo, ante la irregular entrega que hizo Mario García Valdez cuando su Cabildo pretendió cambiar el uso de suelo habitacional por comercial. Pero hasta para ser mañoso hay que tener cabeza, pues el magistrado que analizó el asunto determinó que todo el proceso estaba mal hecho y ni si quiera habían designado el uso de suelo correcto, ya que la planta estaba categorizada como una industria.

Calidra perdió esta licencia durante la administración de Xavier Nava Palacios, que no tuvo el valor de acercarse a la planta y colocar los sellos de clausura. Tuvieron que pasar cuatro años para que alguien (luego de un poco de presión mediática) se atreviera a hacerlo.

No hay que darle muchas vueltas al asunto, el tema no era si Calidra contaminaba o no, si dañaba la salud o no, la planta no tenía licencia de uso de suelo y listo; así usted quiera instalar una fábrica en medio de Carranza que aparte limpia el aire, no lo va a poder hacer porque no es el uso de suelo establecido para la zona.

Ya hay numerosos grupos creados en torno a esta situación. Decenas de vecinos que seguirán vigilantes de que la planta se mantenga cerrada. Todo un movimiento creado para mantener a Calidra al margen de la ley. Ahora el compromiso de Galindo debe ser mayor con la ciudadanía, que con un pendiente menos, se acerca cada vez más a su siguiente reto… la concesión de Aguas del Poniente Potosino.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Carlos Rubio

Ricardo Gallardo Cardona puede tener el control de cualquier político, funcionario, medio de comunicación y empresario con cola que le pisen o que se someta por el simple interés económico. Puede dominar cualquier alcaldía presidida por alguien sin convicciones. Puede acaparar los partidos, Poderes y organismos autónomos que quiera, siempre y cuando al frente esté alguien con una amplia variedad de principios para ofrecer. Pero no puede enfrentarse con el ciudadano común, porque se topa con personas que no les interesa más que defender su día a día, su entorno, su futuro.

Desde que entró en funciones (y quizá un poco antes) el gobernador está acostumbrado a que no le sea negado ni el menor de sus caprichos, de ahí la intolerancia que demuestra cada que alguien interrumpe sus planes, ya ni si quiera en busca de frenarlo, sino simplemente de preguntar: ¿qué piensa hacer?

El retiro del adoquín en el Barrio de San Miguelito tomó por sorpresa a sus habitantes. Tan válidas son las opiniones de la gente que se manifiesta a favor, como de las que lo hacen en contra del proyecto, así como del gobernador por tener el interés de llevar a cabo la obra; el principal problema es que el mandatario no estaba dispuesto a escuchar a los vecinos ni a dialogar con ellos, su plan consistía en hacer su evento propagandístico, intervenir las calles e irse al siguiente barrio. Es un error que piense que su visión es la que debe de imperar cuando ni si quiera vive ahí ni tampoco pasa a echarse unos tacos de barbacoa en la mañana y mucho menos un elote en la noche.

Teniendo en puerta el plebiscito sobre la municipalización de Villa de Pozos, el primero a realizarse en la historia de San Luis Potosí, sorprende que el gobernador aún no reflexione sobre la necesidad de consultar a la gente, más cuando estás a punto de modificar su forma de vida y ni si quiera le has explicado de qué modo lo harás.

La postura de los vecinos de San Miguelito es clara: no están de acuerdo con la obra, pero tampoco están en negación total; quieren y están dispuestos a escuchar el proyecto que les fue ocultado por el gobernador y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop). La principal inconformidad es por la forma en que las autoridades arribaron, primero a hacer un evento propagandístico con acarreados que aplaudían la obra; luego a abrir el piso sin si quiera haber avisado y con el único fin de que no hubiera vuelta atrás para la realización del proyecto.

Si la Seduvop se reunió con los vecinos ayer por la tarde, no fue por su buena voluntad, sino una reacción ante el bloqueo que se les hizo a las maquinas y la consigna de que no los dejarían trabajar hasta que no transparentaran el proyecto. Sin embargo, dicha reunión ofreció poco y nada de resultados, predominó la opacidad de la autoridad y hasta se hicieron presentes los acarreados del Gobierno del Estado. ¿Cuál será el límite de los gobernantes para denigrar la dignidad humana?

En varias ocasiones se ha elogiado la habilidad de Ricardo Gallardo para hacer política y llegar a donde está ahora, pero a la vez, esto se termina convirtiendo en su principal carencia; no es lo mismo pactar con Mario Delgado, que sentarse a dialogar con los vecinos de un barrio histórico. No es casualidad que el gobernador ya haya hecho lo primero, pero evite lo segundo.

Estar dispuesto a escuchar y dialogar más allá de los periodos electorales son características de las que muy pocos gozan y el mandatario no es uno de ellos. Por fortuna esto es algo de lo que puede aprender y poner en práctica, todo depende de la actitud que asuma de ahora en adelante. La mala noticia es que no es la primera vez que le pasa y no ha aprendido. Ya en una ocasión se opusieron al derribo de árboles en la avenida Himno Nacional y por su terquedad e insistencia lo tuvieron que frenar con un amparo.

Son esos límites a los que se han tenido que recurrir y de los que no habría necesidad si este Gobierno fuera transparente y capaz de entender a la gente, pero es la actitud autoritaria lo que termina por molestar a más de uno.

El dialogo y el debate, tan temidos por muchas personas, no significan una confrontación, una pelea o una disputa, simplemente son la exposición de ideas y la capacidad de llegar a acuerdos, de convencer y de ceder, de entender que vivimos en una sociedad donde cada cabeza es un mundo con la capacidad de expresarse y el derecho a ser escuchada.

El lema “potosí para los potosinos” debe ser más que un simple slogan. Si realmente San Luis Potosí dejó de ser el botín de unos cuantos y se va a compartir con todos los potosinos, eso implica que todos estemos informados y seamos incluidos en la toma de decisiones. No somos potosinos solo en el Teatro del Pueblo o en el Parque Tangamanga. Somos ciudadanos que tienen un hogar en este estado, que disfrutan del Centro Histórico y que caminan libremente por las calles.

Asumir que una persona no tiene el derecho de opinar sobre lo que va a pasar con la calle en la que vive, es una actitud propia de un Gobierno autoritario. Afirmar que todos los que se oponen a tus decisiones son detractores, es una característica de la intolerancia.

Vamos para el segundo año de Ricardo Gallardo como gobernador, aún faltarán otros cuatro. Este no es el primero ni será el último grupo que se le plante firme y le impida entrar a un vecindario a hacer y deshacer. Por ahora ha sido de forma pacífica, pero esto puede escalar y provocar un verdadero conflicto.

Hay que aprender a dialogar.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Carlos Rubio

Desde el año pasado, la deuda del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha crecido mes con mes, pero dejando de lado por un momento la cuestión económica, el panorama es más preocupante de lo que podríamos imaginar: los estudiantes no han mostrado ni el mínimo interés en entender esta problemática y mucho menos han esbozado un gesto por afrontarla.

Si una institución educativa goza de reconocimiento y valor no es por sus altos funcionarios ni por el tamaño de sus instalaciones, sino por su principal razón de existir: sus alumnos. Son ellos los que en el exterior engrandecen el nombre de la Universidad, no solo en México, en todo el mundo.

Pero la coyuntura política que vive actualmente San Luis Potosí vuelve imposible que la actividad estudiantil se limite a las aulas. En una época en la que se exige una universidad gratuita para todos, es impensable que se permita que desde el gobierno estatal se le nieguen los recursos a la máxima casa de estudios.

Si bien la cuestión política y económica debe ser manejada por la Rectoría, esta ya ha sido rebasada por un Gobierno que busca incidir en todos los aspectos de la vida, hasta en la comunidad universitaria. El próximo año será crucial para la vida de la UASLP, el gobernador buscará impedir la reelección de Alejandro Zermeño Guerra y colocar a algún alfil para manejar otra institución “autónoma”.

Es por ello que las alarmas deben encenderse entre el estudiantado, en 2022 el Gobierno del Estado dejó una deuda de 152 millones 467 mil 714 pesos con la UASLP. Si desde la administración estatal se deseara priorizar la educación de los jóvenes, no se realizarían esta serie de embates contra una institución que forma profesionales.

En este 2023, para julio, la deuda ya es de 165.9 millones y no existe la mínima intención del Estado por reintegrar ese dinero.

¿Qué valor tiene la palabra del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, si no puede cumplir con el convenio que firmó en el que se comprometió a entregar los recursos a la UASLP?

Por ahora cualquiera puede poner en duda los compromisos que el mandatario estatal asuma y basta con este antecedente para comprobarlo.

Pero la responsabilidad de cuidar una institución como la UASLP no solo debe caer en la pasividad de la Rectoría. Son los alumnos quienes hacen a la Universidad y los que también deben asumir el compromiso de protegerla.

¿En dónde está Federación Universitaria Potosina? Que después de tener una estruendosa toma de protesta, poco y nada se ha sabido de la nueva presidenta y vicepresidenta.

Se gastan recursos para movilizar estudiantes para las elecciones, pero después de eso no se les vuelve a ver. ¿No existe un mínimo interés en que su universidad obtenga el respeto que merece por parte de un gobierno que demostrado que no le importa la educación?

¿En dónde están los consejeros alumnos y maestros? Que su trabajo se limita a asistir a sesiones del Consejo Directivo, intentar no dormirse y levantar la mano. Su labor no puede quedar en lo que un reglamento diga, si fueron elegidos, asumieron el compromiso de representar a todo un sector y, por ende, de estudiar sus afectaciones, informarlos de ellas y proponer soluciones.

Y si bien todos ellos tienen un compromiso por el cargo que aceptaron, la responsabilidad es para toda la comunidad universitaria. Tanto alumnos como administrativos deben entender el significado de los embates del gobierno en contra de la UASLP: se quieren adueñar de ella, así como lo han hecho de la mayoría de los Ayuntamientos de San Luis Potosí, así como lo son de poderes como el Legislativo y el Judicial, así como lo son de otros organismos autónomos como la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública o la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Y aunque reconozco que es complicado, recientemente nació una muestra de cómo un sector unido frenó a una autoridad: los vecinos que impidieron la construcción del puente a desnivel de El Saucito. Le hicieron frente al alcalde Enrique Galindo, el funcionario municipal con mayor fuerza del estado; se plantaron en las calles y cerraron el paso; tomaron el Templo y nunca bajaron la guardia, todo con el fin de decirle que no al presidente municipal.

La UASLP está en un punto en el que puede marcar historia como la comunidad que se opuso a la invasión del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en todas las instituciones del estado, pero también puede pasar el olvido como la comunidad que por pura ignorancia y desinterés ayudó a que la Universidad se convirtiera en una más de la lista de instituciones manejadas por el gobernador.

La autoridad no tiene nada qué hacer frente a una sociedad organizada.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Carlos Rubio

Ha llegado la época favorita de Ricardo Gallardo Cardona: la celebración de la Feria Nacional Potosina. Y no es porque al gobernador le encante pasearse por los pabellones para comprar artesanías o irse al área de comida a degustar de unas deliciosas enchiladas. No, esta es la época en la que puede derrochar una estratosférica cantidad de recursos para promocionar su imagen a nivel nacional, con el beneficio de tener un distractor bajo la manga en caso de que cualquier crisis aseste contra su gobierno.

No nos equivoquemos, a Gallardo no le importa posicionar a la Fenapo como la feria más importante de México, como ha dicho en reiteradas ocasiones, lo que él busca es posicionarse como un gobernador al que le gusta el espectáculo y es capaz de darle entretenimiento a su gente. El año pasado me sorprendí cuando una persona que vive en Yucatán me comentó que la gente por allá comenzó a hablar de la feria de San Luis Potosí y, especialmente, del gobernador.

¿Cuántos recursos se utilizaron para promocionar la Fenapo hasta un estado que se encuentra a mil 700 kilómetros de distancia? Más importante aún, ¿cuál es la necesidad de que se promocione a la Feria junto a la imagen del gobernador? Ricardo Gallardo quiere ser visto y conocido a nivel nacional porque allá está su proyecto a futuro; lamentablemente su carta de presentación será la Fenapo, en lugar de proyectarse como un gobernador que soluciona problemas de fondo. Sí tenemos una feria con entrada, estacionamiento y juegos gratuitos, pero ¿ese representaba un problema anteriormente? ¿Había quejas por parte de la gente? ¿Resolvió al menos el problema de la presa que descarga sus aguas en la colonia Satélite? No, y esto sí es algo que afecta de verdad a cientos de personas.

Sí, tenemos un Parque Tangamanga renovado y muy bonito, por cierto, pero ¿era prioridad esa obra? Tenemos calles repavimentadas y con menos baches, pero ¿se resolvió ya el problema de movilidad? ¿Las calles ya son incluyentes con todas las personas?

Como alguna vez lo describió el periodista Abelardo Medellín, tenemos un gobierno de fachadas, que sabe construir frentes muy agradables a la vista, pero el interior de la casa sigue estando como siempre, abandonado, sucio e incompleto. Pero a nivel nacional lo que sirve es la fachada, porque es difícil que desde otro estado comprendan las carencias de San Luis Potosí y viceversa.

La entrevista pagada que le realizó Adela Micha a Ricardo Gallardo es una de las muestras claras de esa visibilidad que busca obtener a partir de los recursos que invierte en la Feria.

Estamos siendo parte del proyecto personal del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que se mantiene en pie gracias al Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión y a la incertidumbre sobre quién será el candidato a la presidencia de Morena. Cualquiera que no sea Adán Augusto López Hernández será negativo para el pollo. Por mucho que sus aduladores busquen colocarlo en la misma esfera de Claudia Sheinbaum, es claro que no están en la misma sintonía. La línea de separación ha sido más marcada por Marcelo Ebrard, quien conoce a detalles el gobierno de San Luis Potosí y a sus funcionarios. Esto en un panorama en el que Morena obtenga la victoria, de ganar la oposición, el futuro será desolador para Gallardo.

Por otro lado, el inicio de la Fenapo llega para apaciguar las aguas a la capital, aunque difícilmente se podría hablar de aguas, porque en San Luis Potosí no hay. La Presa San José está a punto de secarse y con ello se va otra fuente de abastecimiento para la capital. El problema se agrava y el Ayuntamiento cada vez se encuentra frente a un panorama más oscuro. Lamentablemente (o no) para Enrique Galindo, la relación con el gobernador se ha roto, en Soledad de Graciano Sánchez buscan ponerle el pie en cada paso y la única administración que podría ayudarlo (y lo ha hecho) es la de Andrés Manuel López Obrador, curiosamente, a la que se oponen los partidos políticos a los que pertenece.

Un panorama muy complicado para una ciudad a la que le prometieron agua para los próximos 125 años, según dijo Gallardo Cardona hace poco más de un año, en junio de 2022, cuando parecía que la problemática abarcaba únicamente el acueducto de El Realito, sin embargo, una vez que el daño se presentó en la cortina de la presa, poco a poco se deslindó hasta que comenzó con sus paliativos que no solucionan el fondo: entregar tinacos en las instalaciones de la Fenapo, a personas que ni si quiera podían llevárselos de ahí.

Mientras la ciudad se sume en varias crisis simultáneas: agua, seguridad y movilidad, por mencionar algunas, el gobernador sale bien librado de la mano de los artistas que se presentan en la Feria Nacional Potosina y de paso se busca posicionar para que alguno de los candidatos morenistas le entregue una Secretaría y así pueda seguir trazando su camino en el ámbito nacional.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.