Anaís y Kevin: el discreto encanto del nepotismo

octubre 26, 2018
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Alejandro Rubín de Celis

La tentación de colocar familiares y amigos en puestos de los tres niveles de gobierno y los poderes del Estado es casi irresistible para los servidores públicos de alto rango. Las agencias de colocaciones en las que se han convertido estos espacios de poder reflejan toda una cultura de nepotismo, compadrazgo y amiguismo en la administración pública a lo largo de la historia nacional.

A mediados del año pasado nos enteramos con sorpresa ─no por el hecho en sí mismo sino por su dimensión─ de cómo familiares de 500 jueces y magistrados habían sido incorporados a la nómina del Consejo de la Judicatura Federal y que, en el ámbito estatal, San Luis Potosí tenía 146 familiares de servidores públicos trabajando para el Poder Judicial de la Federación, ubicándose en el lugar número 14 a nivel nacional, de acuerdo al estudio Déficit Meritocrático: nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, realizado por el especialista, Julio Ríos Figueroa (consultar página 56 del estudio).

Hoy tenemos en San Luis Potosí nuevas autoridades que se han comprometido públicamente a combatir la corrupción y a ejercer la función pública de una manera distinta que acabe con los vicios del pasado. Nos referimos concretamente a la nueva administración del Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezada por Xavier Nava Palacios, y a la LXII Legislatura del Estado.

Pero ambas instancias presentan ya casos de nepotismo. En el Ayuntamiento de la capital se incorporó a Anaís Capablanca, cuñada del secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, como jefa del área de diseño de la Dirección de Comunicación Social. Sebastián Pérez sostuvo que nada tenía que ver con esa contratación y que incluso no sabía de ella, y en la dirección de Comunicación Social afirmaron que Anaís Capablanca fue quien solicitó el empleo y que, por cumplir con el perfil, se le contrató. Luego el alcalde Xavier Nava declaró que él había sido quien la había contratado, razón por la que no había nepotismo alguno.

¿En verdad el secretario general no sabía de la contratación de su cuñada que es su pariente política por afinidad en segundo grado? ¿Cuántos diseñadores no habrá en la sociedad con la capacidad y el perfil requeridos que quisieran ocupar ese puesto pero no son familiares de Sebastián Pérez o de otro funcionario y por eso no pueden acceder a ese cargo, a pesar de sus méritos profesionales? La gente no es ingenua y pretender engañarla con los argumentos esgrimidos erosiona la credibilidad que pudo haber construido la nueva administración durante la campaña.

Por prudencia política, pero más aún por la convicción que dicen tener de acabar con la corrupción, ni el secretario general del Ayuntamiento ni el alcalde debieron permitir la incorporación de Anaís Capablanca a la nómina municipal. No hay argumento creíble que pueda convencer de que no se trata de un acto de nepotismo que quisieron disfrazar.

El fenómeno del nepotismo está catalogado como delito en los artículos 51 y 56 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí. Veremos ahora si la Contraloría municipal toma cartas en este asunto y se atreve a investigar este caso que ha provocado críticas desde la prensa y la opinión pública.

Y en el Congreso del Estado no se quedan atrás. La diputada morenista, Paola Arreola metió en la nómina del Poder Legislativo a su cuñado Kevin David Gloria Ibarra, con el cargo de secretario técnico del Comité de Orientación de Gestoría y Quejas. La legisladora por el PT, que pertenece al grupo parlamentario de la coalición Juntos Haremos Historia, el que más ha expresado un compromiso por combatir la corrupción en el Congreso, es además integrante de la Junta de Coordinación Política, la misma que aprobó el nombramiento de Gloria Ibarra.

La separación del cargo de Kevin se dio a conocer apenas este jueves, un día después de que se hizo público el acto de nepotismo cometido por la diputada, que, haciéndose víctima de su propia ingenuidad ─¿quién se lo puede creer?─ declaró a la prensa: “me faltó esforzarme en el tema de entender que no podían estar familiares directos, y él es un familiar político”. Paola Arreola tiene como suplente en la diputación que ostenta, y como asistente personal, a su hermana Dora Elia, esposa de Kevin Gloria. ¿Qué pensarán los electores que votaron por esta diputada o por algún partido o candidato al Congreso del Estado por la Coalición Juntos Haremos Historia ─integrada por Morena, PT y PES─, en quienes depositaron su confianza porque se comprometieron a combatir la corrupción y la impunidad?

Más allá de lo que señala la ley sobre el nepotismo en términos de delito y de sanciones, en estos dos casos cobra un enorme peso la dimensión moral del problema, más aún cuando se trata de autoridades y representantes que se han comprometido ante los electores y la ciudadanía en general a combatir a fondo las nocivas prácticas del pasado.

Los casos descritos son una muestra de la casi irresistible tentación de los servidores públicos, especialmente los de alto rango o los de representación social, de colocar familiares y amigos en puestos públicos, aprovechándose de su cargo y de la influencia que desde ahí pueden ejercer.

Se necesitan principios y valores profundamente cimentados para ejercer la función pública con total pulcritud, transparencia y honradez, y algunos de los que se dicen honestos a toda prueba no lo demuestran.