Sin licitar, Gobierno de SLP adjudicó 59 mdp a asesora fiscal de Tamaulipas

Carlos Rubio

Aunque por ley estaba obligado a realizar una licitación pública, el Gobierno de San Luis Potosí adjudicó directamente un contrato por 59 millones 999 mil 999.96 pesos a la empresa Consultores Mata, Mata & Asociados S.C., constituida apenas en 2018, en Matamoros, Tamaulipas, para la aumentar la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

El proceso de adjudicación directa fue solicitado por el titular de la Secretaría de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, y lo llevó a cabo la Oficialía Mayor en enero de 2023.

El contrato DGA-CAASPE-AD-003-23 que suscribió el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, tiene el objeto de realizar “la contratación de servicios especializados para incremento de recaudación del impuesto sobre erogaciones para remuneraciones al trabajo personal (3% sobre nóminas)”.

De acuerdo con el decreto 0567, el monto máximo que el Gobierno de San Luis Potosí puede adjudicar directamente es de 135 mil 380.7 pesos (1125 UMA’s con IVA); mientras que los contratos que superen el valor de un millón 624 mil 568.4 pesos (13,500 UMA’s con IVA) deben asignarse mediante licitación pública.

Este contrato supera en 58 millones 375 mil 431.56 pesos el monto permitido para realizar una adjudicación directa.

La tercera cláusula del contrato estipula que el Gobierno pagará a la empresa el 30 por ciento (más IVA) de cada pago que los contribuyentes realicen a la administración pública, pudiendo superar la cantidad de 59 millones prevista desde un principio.

En los antecedentes del contrato se explica que el secretario de Finanzas firmó un escrito de “acreditamiento y justificación a la excepción de la licitación pública”, el cual alude a la fracción II del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones del Estado, que dice:

“Artículo 26.- El comité podrá, bajo su responsabilidad, adjudicar directamente adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse a las formalidades de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, cuando:

II. Existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios”.

En el contrato no se especifican cuáles son dichas circunstancias que pueden provocar “trastornos graves a la institución o costos adicionales”.

La descripción completa del contrato señala que la empresa prestará “servicios especializados” para el incremento de la recaudación estatal del ISN, que equivale al tres por ciento. Esto “a través de un modelo de inteligencia que permitirá identificar contribuyentes que no están inscritos en el padrón estatal, inscritos, pero que no presentan declaraciones ni pagos, inscritos que presentan declaraciones, pero pagan menos de lo que deben pagar y aquellos que están suspendidos en el padrón estatal pero siguen teniendo operaciones económicas”.

La Ley de Ingresos 2023 señala que el Gobierno del Estado espera recaudar un total de 2 mil 989 millones 175 mil 823 pesos por el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo.

La empresa beneficiada

Juan José Mata Martínez es quien aparece como representante legal de Consultores Mata, Mata & Asociados S.C., empresa constituida el 14 de junio de 2018 en Matamoros, Tamaulipas, de acuerdo con el contrato firmado.

Además de ser representante de dicha empresa, en el Registro Público de Comercio Mata Martínez aparece como integrante de tres sociedades más: Distribuidora de Bebidas y Alimentos del Sur de Tamaulipas S.A. de C.V., Inmobiliaria y Constructora Kanan Naj S.A. de C.V. y Distribuidora Regional de Cervezas Importadas S.A. de C.V.; esta última cuenta con estatus cerrado por liquidación.

La página web oficial de la empresa señala que brinda servicios de “asesoría fiscal, contable y en tecnología”. Además, realiza trabajos de “Recuperación de ISR de municipios y estados, solución contable, fiscal, auditoría, legal, administración, laboral y desarrollo tecnológico.

Notas periodísticas de medios de Tamaulipas señalan a la empresa de haber sido contratada de forma irregular por el Congreso local mientras Morena presidía la Junta de Coordinación Política.

De acuerdo una nota periodística de El Diario de Tamaulipas, la empresa Consultores Mata, Mata & Asociados fue señalada en el Congreso local por haber sido contratada de forma irregular para brindar capacitación en la operatividad y funcionamiento del Poder Legislativo, sin formar parte del padrón de proveedores y, además, fue omisa al entregar los informes de sus servicios.

El contrato firmado con el Gobierno de San Luis Potosí señala que la empresa se encuentra “legalmente establecida” en la calle 1ª ext. 38 int. 203, en la colonia Modelo, en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la aplicación Google Maps, la dirección de la empresa beneficiada por el Gobierno del Estado corresponde al siguiente edificio:

Recuerdos del Interapas 2017

Un contrato con condiciones similares se adjudicó en el Interapas en 2017, cuando se contrató a la empresa RAEDSA Maquinados y Maquilados D. de R.L. de C.V., con el objetivo de recuperar la cartera vencida del organismo operador del agua, trabajo que presuntamente, nunca realizó.

En 2019 la nueva administración del Interapas presentó una denuncia en contra de la empresa y diversos directivos como Jesús Salvador González Martínez, quien fungía como contralor interno y hoy es el secretario de Finanzas del Estado, que solicitó llevar a cabo el proceso de adjudicación directa que terminó por beneficiar a la consultora tamaulipeca.

Aquel contrato con el Interapas otorgaba a la empresa un pago del 15 por ciento del monto recuperado de la cartera vencinda, cobro que ascendió a 6 millones 117 mil 503.75 pesos.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. En rueda de prensa se informó que la contratación de la empresa se dio cuando el Interapas contaba con una cartera vencida de 90 mil usuarios, sin embargo, al finalizar los supuestos trabajos, el número se había incrementado a 99 mil morosos.

A la empresa se le denunció por los delitos de daño patrimonial, uso indebido de la función pública, peculado y asociación delictuosa.

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