Por Antonio González Vázquez
Ayer se cumplió un lustro de impunidad. Un crimen no aclarado ni castigado. Un feminicidio impune.
Cinco años es una eternidad para una familia en duelo y siempre triste. A Karla la mataron hace cinco años; las instituciones de procuración y administración de justicia se han mostrado más inútiles, incompetentes e ineficaces que nunca.
Karla murió en su juventud pero no se ha hecho justicia, ni a su memoria, ni tampoco a su familia y amigos.
En las administraciones de Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras se ha construido el ominoso muro de la impunidad.
En estos días se festina desde el poder público que hay una nueva Fiscalía General, que ya no existe el fuero y otras tantas baladronadas. Dicen que hay más y mejores leyes, más y mejores instituciones y que incluso, la impunidad está viviendo sus últimos momentos de vida.
“Es oficial: este lunes acaba la impunidad”, rezaba el sábado el titular de la prensa, puesto que este lunes se publica en el Periódico Oficial del Estado el Decreto que elimina el fuero.
Debemos decir que la impunidad no se acaba ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana ni durante mucho tiempo.
El lamentable caso de Karla es ejemplo doliente de eso. Van cinco años y el Estado ha sido incapaz de resolver el crimen, mucho menos de castigar a quien o quienes cortaron de tajo su vida.
San Luis Potosí y sus autoridades han sido exhibidos una y otra vez en el plano nacional e internacional por el caso de Karla, pero eso a nadie en el gobierno de ahora ni en el de Toranzo pareció importarles un poco.
La Procuraduría, ese monstruo hoy llamado Fiscalía General, resolvió hace cinco años que la muerte de Karla fue un accidente. Fue una aberración. Esa misma Procuraduría con sus agentes es literalmente la misma a la que hoy se elevó a categoría de Fiscalía General.
Mientras que la autoridad local incumple con su obligación de cuidar y atender a la familia de la victima, el mes que entra la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá resolver el caso y hacer que se haga justicia.
A las instituciones y políticos potosinos que se las dan de ir siempre a la vanguardia en todo, en realidad, apenas son capaces de caminar a punta de azotes y no sería extraño que venga un sólido palo legal para ver si así se le hace justicia a una víctima.
Un lustro de espera es demasiado, ya basta.
