Por Antonio González Vázquez
La muerte de Edgar Daniel Esqueda Castro es una afrenta no solo al periodismo sino para toda la sociedad. La violentísima forma en que fue asesinado, nos hace recordar que vivimos momentos convulsos y que la inseguridad ha rebasado a las instituciones públicas.
El fotógrafo fue ejecutado unas cuantas horas después de haber sido brutalmente sacado de su casa por hombres armados.
Lo levantaron en la ciudad más insegura de San Luis Potosí: la capital. Y el cuerpo, fue localizado en Soledad de Graciano Sánchez, segundo entre todos los municipios potosinos con mayor incidencia delictiva.
De hecho, Soledad parece estar convertido en la fosa a donde los criminales acuden a arrojar los cuerpos de sus víctimas.
El foto periodista fue ejecutado en la zona metropolitana donde se cometen ocho de cada diez delitos de alto impacto.
Daniel ha sido asesinado en la administración de Juan Manuel Carreras López que, en dos años ha superado los mil 150 homicidios.
Si los ciudadanos no viven tranquilos ni se sienten seguros, los periodistas no somos la excepción. A unos, los amenazan, a otros, los hostigan y amedrentan, a otros les arman denuncias penales, a otros los presionan o los intimidan.
Lo que nunca había ocurrido es que a uno lo mataran. El gran peligro naciente, es que vuelvan a matar y que San Luis se asemeje a Veracruz o Chihuahua. El peligro latente es que los asesinos de Daniel ahora saben que pueden matar a periodistas y deben de saber que lo podrán hacer de nuevo.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de no dejar el crimen en la impunidad. Sería inadmisible que con las investigaciones iniciadas ya por los gobiernos federal y estatal, nunca ofrezcan resultados o se empantanen de manera inexplicable.
San Luis Potosí no es seguro, desde hace muchos años que no es una entidad segura y desde hace una década que la zona metropolitana es harto riesgosa para todos. No hay tranquilidad y sí miedo, no hay certidumbre y sí temor.
A nivel estatal el gabinete de seguridad del gobernador Carreras ha sido un sonado fracaso y a nivel municipal, Ricardo Gallardo y antes su hijo, Ricardo Gallardo Cardona y ahora Gilberto Hernández, han sido irresponsablemente omisos en el tema de la seguridad. Su pretexto es llano y majadero: eso no nos toca.
Ayer, el gobernador se reunió con decenas de periodistas en el salón de gobernadores y se comprometió a trabajar lo suficiente para castigar a los responsables del crimen de Daniel.
La paciencia para él necesariamente deberá ser poca. Urgen resultados no en meses ni semanas sino cuando mucho en días u horas.
Da la impresión de que ninguna autoridad funciona y que la incompetencia, ineficiencia e ineficacia son el sello en las policías estatal y de los ayuntamientos de San Luis y Soledad.
La muerte tan inexplicable como injusta de Daniel estará cambiando desde ya la vida en San Luis Potosí, no solo para los periodistas que parecen estar en la mira de criminales, sino también de una sociedad que ve cómo pasa el tiempo y las cosas en vez de mejorar, empeoran.
Habida cuenta de cómo están las cosas, resulta necesario recordar al gobernador y a los alcaldes que una de sus primerísimas obligaciones constitucionales es la de brindar seguridad física y patrimonial a los ciudadanos y que, en lo tocante a la libertad de expresión, tienen la obligación de cuidar que en el desempeño de su labor, los periodistas no sean atacados.
Es función del Estado garantizar la libertad de expresión y a la luz de los hechos, no lo han cumplido.
