Por Antonio González Vázquez
El resolutivo del Juez Cuarto de Distrito de otorgar la suspensión provisional al propietario del predio invadido por el ayuntamiento de Soledad en la calle Acapulco de la colonia San Felipe, fue cumplido por la administración de Gilberto Hernández Villafuerte, lo cual no es precisamente un mérito sino una obligación.
El martes por la tarde el ayuntamiento de Soledad a través de la secretaría General recibió la notificación y en estos momentos las obras se encuentran detenidas, posiblemente por mucho tiempo.
Sin embargo, el ayuntamiento no se ha limitado a iniciar la defensa legal por medio de la sindicatura sino que ha recurrido también a la presión política. Un grupo de presuntos habitantes de San Felipe se manifestaron fuera de las instalaciones del Poder Judicial Federal.
Ese intento para ejercer presión sobre un juez en tanto se tramita el incidente de suspensión en el marco del juicio de amparo, refleja que la autoridad municipal está dispuesta a hacer lo que sea necesario, así sea promover manifestaciones para que la justicia le favorezca.
Es simple: el ayuntamiento de Soledad se apropió de más de cuatro mil metros cuadrados de propiedad privada y por tal exceso, necesariamente debe haber alguna consecuencia legal.
La primera es que por lo pronto la obra está suspendida.
El hecho de que la obra presente un avance sustancial en términos legales no significa nada, incluso, es posible que de decretarse la suspensión definitiva, el ayuntamiento deberá desembolsar una cantidad millonaria de recursos por andar invadiendo propiedad privada.
