Por Victoriano Martínez

Prácticamente uno de cada cinco mayores de edad que viven en el Estado ha sido víctima de un acto de corrupción por parte de algún funcionario público.

En el caso de unidades económicas (distintos tipos de negocios), es una de cada tres la que ha enfrentado ese problema.

Así lo estima el INEGI conforme a sus encuestas de Calidad e Impacto Gubernamental y de Victimización de Empresas.

La prevalencia de la corrupción es de por sí preocupante. Pero esa condición se potencia si se pone atención al otro extremo, su combate.

Apenas se presenta una queja por cada cien servidores públicos. El promedio en todos los estados es de 2.6 quejas o denuncias.

Si las instancias para denunciar los casos resultan tan poco confiables, la simulación en que ha terminado el Sistema Estatal Anticorrupción completa el cuadro en el que la prevalencia de los actos de corrupción difícilmente cederá.

Aunque el INEGI reconoce para el caso de San Luis Potosí que a nivel estatal se cuenta con esquema y presuntamente con un plan o programa para combatir la corrupción, lo que no refleja en su encuesta es que el Sistema Estatal Anticorrupción ha resultado un auténtico fiasco.

A más de un año y medio de la vigencia de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), los organismos ahí contemplados no han logrado integrarse conforme a las expectativas que generó.

Tan es así, que aunque el pasado 28 de noviembre se reunió el Consejo Coordinador del SEA, a nueve días no se ha informado sobre lo ahí tratado, mucho menos de los acuerdos que se tomaron.

Sí, hay Sistema Estatal Anticorrupción pero todavía en un proceso inconcluso y que se desarrolla en lo oscuro, cual si se tratara de un SEA sin el prefijo “anti”, en decir, un SEC (Sistema Estatal pro Corrupción).

Lo que si muestran las encuestas del INEGI es que a nivel municipal, menos del 10 por ciento de esas demarcaciones de San Luis Potosí cuentan con planes anticorrupción.

Que San Luis Potosí se encuentre entre los cuatro estados con mayor prevalencia de la corrupción es vergonzoso.

Que el Sistema Estatal Anticorrupción sea más un esquema de simulación que de combate real a la impunidad solo indica que las autoridades en el estado están jugando a una carrera en la que buscan alcanzar el primer lugar como las más corruptas del país.

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