Alejandro Rubín de Celis

Ahora sí, diputados podrán hacer de las suyas una vez que han destituido a la persona que los forzó a hacer un uso moderado de los recursos públicos y que no se prestó al despilfarro ni a maniobras sucias a las que varios de ellos están acostumbrados ─porque  han sido anteriormente legisladores, locales o federales y las han puesto en práctica─ y a las que ya se acostumbraron algunos otros que dijeron que serían honrados y austeros.

Los diputados que votaron a favor de la remoción de Marcelina Oviedo como oficial mayor del Congreso del Estado encontraron una endeble excusa para destituirla: haber hecho una reclamación a una empresa aseguradora en aras de defender el patrimonio público pero con ello haber usurpado funciones, lo que muy convenientemente definieron como “pérdida de confianza” para dejarle caer la guillotina, como si para el caso no hubiera bastado que se le hiciera una llamada de atención y conminarla a no volverlo a repetir.

El pecado de Oviedo fue evitar compras a precios inflados, gastos innecesarios, maniobras para obtener moches, horas extras no justificadas; buscar proveedores que ofrecieran precios bajos y alta calidad en productos y servicios, ahorros en insumos y  tomar todo tipo de medidas para hacer realidad la austeridad que los diputados se comprometieron a cumplir; y no prestarse a lo que llamó una “corrupción gigantesca” que presumiblemente pretende una parte de quienes integran ese cuerpo legislativo.

La ahora ex oficial mayor fue testigo presencial del acuerdo que se tomó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para incrementar el sueldo de los congresistas en 20 mil pesos mensuales mediante una sucia maniobra con la partida que reciben para la contratación de asesores, y que se haría perdidiza en los laberintos contables para no dejar huella, con el objeto de compensar y hasta superar la reducción salarial de 10 mil 500 pesos por diputado que habían acordado y que entró en vigor el mes pasado.

Que el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo, Edson Quintanar Sánchez, afirme que no existen pruebas de ese acuerdo porque no está consignado en actas y por lo tanto es “falso”, es querer dar atole con el dedo o considerar ingenuos a unos ciudadanos que saben perfectamente de la opacidad y discrecionalidad con que se conducen en la Jucopo, a grado tal que en muchos casos ni siquiera comparten acuerdos tomados e información relevante con el resto de los diputados.

No parece exagerada la expresión de Marcelina Oviedo cuando califica a quienes la destituyeron como “traidores a la patria”.

Por más que la posición de la Oficialía Mayor la mantenga el grupo parlamentario de Morena, como se ha anunciado, donde hay cinco legisladoras que votaron en contra de la destitución de Marcelina Oviedo, pero cuyo líder Edson Quintanar sí voto a favor al igual que otros 15 diputados, es previsible que a la nueva o nuevo titular de esa oficina, los congresistas que quieren más privilegios ─entre ellos los que forman parte de la Junta de Coordinación Política─ habrán de leerle la cartilla y de condicionarla o condicionarlo para que deje pasar cualquier instrucción o petición encaminada a obtener prebendas o cometer actos indebidos, con la consabida discrecionalidad que se le exigirá.

El nombramiento de un oficial mayor “a modo” puede significar la nueva versión ─ corregida y aumentada─ de lo que fue la Ecuación Corrupta en la legislatura pasada, al no contar con un freno a los excesos y actos de corrupción y dejar “manos libres” a diputados abusivos y rapaces para manejar arbitrariamente los fondos del Congreso con el propósito de obtener beneficios indebidos.

En gran medida, todo el funcionamiento del Congreso del Estado, el destino de los recursos públicos que se le asignan ─bueno, que ellos mismos se asignan─ y las decisiones que se toman en el Poder Legislativo, giran en torno a la Junta de Coordinación Política, y es ese órgano colegiado el que es indispensable sanear.

Por eso, resulta de la mayor urgencia que la fracción parlamentaria de Morena, o de ser necesario la dirigencia estatal o el órgano de honestidad y justicia de ese instituto político, quite a Edson Quintanar como su representante ante la Jucopo, pues ha dado varias muestras de plegarse a decisiones que van en contra del interés general y porque es indispensable que esa representación la asuma una legisladora ─ las otras cinco de la fracción son mujeres─ que ponga un dique a los abusos y excesos que se cometen en ese órgano legislativo y que repercuten en las decisiones y acciones de la Oficialía Mayor.

Lo mismo debería suceder con el PT, cuya representante en la Jucopo, Paola Arreola, también se ha prestado a respaldar decisiones ajenas al interés general y hasta ha incurrido en nepotismo, y poner a prueba a Pedro Carrizales, quien en la votación para remover a la oficial mayor no estuvo presente. Del Partido Encuentro Social ni qué decir, pues sólo tiene una posición en el Congreso y en la Jucopo en la persona de Mario Lárraga, al que en todo caso hay que exigirle congruencia en su actuación y con el compromiso que hizo de transformar el Congreso para bien de la sociedad.

Es indispensable que exista un contrapeso real al interior de la Jucopo o de lo contrario regresarán los excesos, continuará la opacidad y discrecionalidad que ya se han demostrado, y muchos diputados tendrán vía libre para hacer lo que les dé la gana en tema de las finanzas.

Se requiere de legisladores que constituyan un dique a los abusos en ese órgano colegiado y que denuncien pública y oportunamente ─sobre todo ante la argucia de no consignar decisiones en las minutas─ cualquier intento de corrupción o de tomar decisiones que favorezcan intereses particulares.

De no hacerlo ya podremos estar viendo la segunda Ecuación Corrupta, versión  remasterizada.

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