Antonio González Vázquez

Los actos de corrupción de los servidores públicos en San Luis Potosí no los detiene nadie. Da el caso que el 16.7 por ciento de la población de más de 18 años de edad que tuvo contacto con un funcionario, fue víctima de corrupción.

Además, en el caso de las unidades económicas (empresas y/o comercios y servicios) en San Luis Potosí hubo un incremento del 3.2 por ciento de casos de corrupción, lo que supone que más del 33 por ciento del total de unidades económicas en la entidad han sido víctimas de corrupción.

Con ocasión del Día Internacional Contra la Corrupción a celebrarse el día 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica hoy un informe sobre la Prevalencia de Corrupción en México.

En ese sentido, reporta que en cuanto a las experiencias de corrupción se constata un incremento a nivel nacional y en el caso de San Luis, el incremento es también notable en el caso de las unidades económicas.

“En el caso de las empresas, las entidades que presentaron un aumento en la prevalencia de corrupción en unidades económicas respecto al nivel registrado en 2013 fueron San Luis Potosí, Ciudad de México y Querétaro, a diferencia de entidades como Guanajuato, Yucatán, Baja California y Puebla que tuvieron las mayores reducciones en el indicador”, expone.

Del mismo modo, en el caso de la población, San Luis alcanzó ya el penoso cuarto lugar nacional con mayor prevalencia con 16.7 por ciento, sólo por debajo de la Ciudad de México, Quintana Roo y Morelos.

Sin embargo, las víctimas de corrupción casi no denuncian a los funcionarios corruptos, pues el Informe señala que en San Luis Potosí, con datos de los órganos de control interno del gobierno estatal y municipal, apenas se denuncia un caso por cada cien servidores públicos.

“De acuerdo con los tipos de trámites o solicitud de servicios que realizaron las personas en 2017 y las empresas en 2016, se observa que a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal”, destaca el Informe.

“Al distinguir los trámites de acuerdo con el nivel de gobierno se pudo identificar que, entre la población, las mayores prevalencias de corrupción se presentaron al realizar trámites o tener contacto con autoridades del ámbito estatal, en comparación con los trámites federales o municipales, siendo los trámites relacionados con la propiedad y los trámites vehiculares en los que las prevalencias de corrupción fueron más altas, con 30.7% y 17.8%, respectivamente.

En contraste, los actos de corrupción fueron menos frecuentes en los trámites o servicios a cargo del gobierno federal. En el caso de las unidades económicas, estas fueron más susceptibles de ser víctimas de corrupción al solicitar algún trámite o permiso federal o municipal, necesario para su operación, tales como una licencia o permiso de construcción o de uso de suelo, un permiso para importar o exportar, o en la atención de alguna inspección requerida por parte de una autoridad”.

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