Xochiquetzal Rangel

María Teresa Carrizales Hernández, quien fue desalojada de su oficina en la Oficialía número 11 del Registro Civil, denunció al presidente municipal, Xavier Nava Palacios; Sebastián Pérez García, secretario general del Ayuntamiento; Olga Palacios Pérez, coordinadora municipal de Derechos Humanos; la directora del Registro Civil, Luz María Lastras, y a quien resulte responsable del desalojo arbitrario y uso de la fuerza en el que incurrieron tres agentes de la policía municipal para sacarla de las oficinas.

Relató que todo comenzó a partir de principios de año que cambian unos tabuladores de cobro, cuando ella denunció que se estaba cobrando de más, por lo que en abril se modificaron las cifras y, según dijo, les notificó que el dinero se debía reintegrar ya que no podían quedarse con él, entre otras presuntas irregularidades.

Tiempo después, continuó, comenzó a sufrir hostigamiento, mismo que concluyó el viernes, cuando la citaron en la Unidad Administrativa dos hombres identificados como ingeniero Trejo y licenciado Cerda, para que acudiera a hablar con Sebastián Pérez García para ofrecerle una disculpa o, en caso de negarse, a partir del lunes no podría entrar a su oficina.

“Si no me comprometía a ya estar callada me iba a pesar, no hice nada al respecto el mismo viernes, ellos violentaron las chapas de mi oficina para cambiarlas y que yo no pudiera entrar, tanto que el mismo viernes en la tarde noche, yo presento una denuncia ante la Fiscalía por despojo pero yo no sabía quién había sido, yo sólo le puse contra quien resulte responsable en mi papel de oficial de registro civil”, recordó.

Asimismo, relató que ese mismo día en el que le cambiaron chapas y le pudieron abrir la oficina, así como que le proporcionaron un escolta, pudieron percatarse de que en su oficina faltaban algunas cosas como su computadora personal, 20 mil pesos para pagar la colegiatura de sus hijos y una pluma Montblanc.

Por lo que decidió llevarse documentos y sellos oficiales, pues, aseveró, ella es responsable de los mismos y para evitar malos usos los sacó. Aclaró que dicho acto no amerita alguna sanción para ella o denuncia penal, ya que es la oficial titular y en este momento los papeles se encuentran bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado en el módulo de servidores públicos: “no me los robé, no le hice mal uso”, destacó.

Los hechos

Contó que el lunes llegó a las ocho de la mañana a laborar normalmente y a las 11 de la mañana la licenciada Rocío Romero le notificó que ella sería la titular de su área de forma temporal, pero, ante la negativa de Carrizales Hernández, la oficial del cuarto registro civil le marcó a directora del Registro Civil, Luz María Lastras, quien expresó en altavoz que, en caso de que Teresa no se saliera, accionaran el plan que el sábado habían planeado el secretario municipal, el presidente municipal y ella para desalojarla, por lo que después a su oficina llegaron Olga Palacios Pérez, quien, según expuso la víctima, no se presentó o identificó como coordinadora de Derechos Humanos, personal de la Contraloría Interna y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes, al ver que no se salía de las oficinas, procedieron a sacarla con el uso de la fuerza.

Precisó que el cheque que según había sido depositado desde el viernes, de acuerdo con lo que le proporcionaron en la CEDH al realizar su queja, fue depositado hasta el lunes a las ocho de la mañana; asimismo indicó que también ya tramitó un amparo ante tribunales por el tema laboral.

Una vez en el forcejeo, aseguró: “les manifesté que estaba enferma, que no me pueden hacer eso, soy una persona que desde los 12 años sufro de convulsiones epilépticas, independientemente que estoy bajo un tratamiento de remisión de cáncer cervicouterino desde hace dos años; al decirle esto a la licenciada de la comisión (Olga Liliana Palacios Pérez) me dijo que entonces yo lo hubiera pensado dos veces antes de no hacerles caso, que lo que tuviera que arreglar lo hiciera por la vía legal y que me tenía ahora que atener a las consecuencias”.

Hizo énfasis en que ella aún sigue en el cargo como oficial del Registro Civil debido a que no fue notificada y su nombramiento de 2014 sigue vigente, ya que la ley que establece que las bajas de los oficiales las puede hacer el presidente municipal no le afecta ya que la ley se realizó en 2015 y no puede ser retroactiva, por lo que su baja la tendría que realizar el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, a través de un juicio.

Finalmente, adelantó que buscará juicio político contra Sebastián Pérez García y Xavier Nava Palacios para que queden inhabilitados en la función pública: “No pido destitución, pido juicio político al presidente municipal, y destitución del secretario general inmediatamente, que se haga la suspensión en lo que está el procedimiento, porque no pueden estar ellos ahí con el procedimiento abierto, (…) no voy a parar hasta que se le haga el juicio político, caiga, quien caiga, resulte, lo que resulte en el Congreso, no tengo miedo, no tengo miedo. Ya basta, me quisieron amenazar, me quisieron amedrentar, (…) no tengo miedo Xavier, aquí estoy y ojalá hubiera sido tú; Sebastián, no te tengo miedo, mandaste a tus mujeres de ahí de la secretaría a hacer todo esto”, finalizó.