Por Victoriano Martínez

Héctor Mayorga Delgado renunció a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, según dijo, por falta de personal y de reglamento.

Jorge Ovidio Robledo Gómez, nombrado titular de la UEC el 16 de mayo, enfrenta al día de hoy la misma situación.

El Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado se publicó desde el 31 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado.

Por eso, igual que Mayorga, Robledo enfrenta la misma situación que su antecesor: una unidad sin personal y sin oficinas.

La falta de voluntad para nombrar al personal de la UEC que le señala a la Junta de Coordinación Política es indudable, porque desde el año pasado se tiene contemplado el presupuesto para esa área.

El próximo martes Robledo cumplirá dos meses al frente de la UEC y, así como no se han visto avances en la contratación del personal que requiere, tampoco han avanzado las actividades que esa área debe desarrollar.

En el apartado de transparencia del Congreso del Estado la Comisión de Vigilancia sólo ha publicado dos actas de sesiones, una el 21 de mayo, en la que no se menciona nada relacionado con la UEC, y la otra del 12 de junio, en la que Robledo presenta el programa de trabajo de su área.

Se trató sólo de la presentación y el acuerdo de distribuirlo entre los integrantes de la Comisión para revisarlo y aprobarlo en su caso en una sesión prevista para el 18 de junio, pero de la que no se reporta su realización.

El miércoles 27 de marzo la Auditoría Superior del Estado (ASE) comenzó el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 y la UEC, que debe vigilar que esos procedimientos se apeguen a la legalidad sigue prácticamente inexistente.

Hasta el 12 de junio, aún no pasaban por la Comisión de Vigilancia los indicadores y sistemas de evaluación del desempeño de la ASE, ni los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que vaya a promover tanto la UEC como la Comisión.

Del proceso de fiscalización, la UEC –y a través de ella, la Comisión– ya se perdieron de supervisar las notificaciones del inicio formal a los entes auditables (27 al 29 de marzo); la entrega de las actas de inicio formal de auditoría a los alcaldes (11,12 y 15 de abril), y las auditorias de campo para verificar físicamente el estado de obras, bienes y recursos ( 22 de abril 1 24 de junio).

A finales de este mes se concluirá la revisión de la documentación de fondos y recursos autorizados, y entre el 27 y el 30 de agosto, los entes fiscalizados se presentarán a la ASE a conocer los resultados de sus revisiones.

El rezago en el trabajo que debe realizar la UEC como apoyo a la Comisión de Vigilancia es tal, que la poca voluntad que muestra la Junta de Coordinación Política para dotar de los requerimientos para que funcione confirma una vez más el poco interés de los legisladores actuales en tomarse en serio la fiscalización de los recursos públicos.

Si en noviembre del año pasado se limitaron a reiterar los dictámenes que venían con el sello de la ecuación corrupta, hoy parecen mantener las condiciones para que –con una mayor discreción– los actos que marcaron a sus antecesores como la Legislatura más corrupta de la historia, sigan vigentes.