Antonio González Vázquez

En San Luis Potosí el respeto al Estado de Derecho es mera ilusión. De acuerdo con el Índice del Estado de Derecho en México, la entidad ocupa la posición 17 entre los 32 estados de la república respecto de la real vigencia del Estado de Derecho.

El Índice 2018 de World Justice Project, publicado a través del Instituto Mexicano de la Competitividad revela que el Estado de Derecho en San Luis Potosí es tan débil que se encuentra por debajo de la media nacional.

De un puntaje donde 1 es mayor respeto al Estado de Derecho, San Luis Potosí logró 0.39, mismo puntaje alcanzado por los estados de Oaxaca y Chihuahua.

La entidad con Estado de Derecho más sólido es Yucatán con 0.45, muy lejos del 1, en tanto que la entidad con Estado de Derecho más débil es Guerrero con 0.29.

Los conceptos de evaluación del Estado de Derecho son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Las deficiencias de los gobiernos en esas asignaturas definen su puntaje en el Índice, del que se desprende que San Luis Potosí está más cerca de un peor Estado de Derecho.

Según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, el Estado de Derecho se refiere “al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos”.

Y agrega: “Las instituciones públicas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal”.

En todo eso, San Luis Potosí está reprobado.

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