Por Victoriano Martínez

El ejercicio que encabezó este martes Federico Garza Herrera como Fiscal General del Estado exhibe todo, menos lo que por ley debe exponer.

En la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se afirma que anualmente el Fiscal presentará un informe, “con lo que se garantiza el equilibrio entre el ejercicio de las facultades encomendadas y el principio de rendición de cuentas”.

Una enumeración dispersa de acciones poco tiene de una auténtica rendición de cuentas y sí mucho de una postura engañabobos, más cercana a un burdo intento de expresar cifras presuntuosas, al no relacionar unas con otras.

Así, en la página 41 del Informe se presume que entre octubre de 2015 y octubre de 2018 se judicializaron 2 mil 149 carpetas de investigación, de las cuales mil 206 judicializaciones se dieron durante este año.

Parecen muchos casos llevados a la justicia y, desde la perspectiva de quien no deseé informar, sino presumir, podría ser digno de un espectacular para impresionar a los transeúntes.

En esa dispersión efectista, en la página 38 del mismo documento se presumen otras cifras: de octubre de 2015 a octubre de 2018 se integraron 85 mil 43 carpetas de investigación, de las cuales 34 mil 36 se trabajaron este año.

Una Fiscalía bastante trabajadora, no cabría duda.

Sin embargo, si se toman en cuenta ambos datos, el saldo no resulta nada halagador, más bien sería para dar pena.

De 85 mil 43 carpetas de investigación iniciadas en los últimos tres años sólo se judicializaron 2 mil 149, que representan el 2.52 por ciento.

De 34 mil 36 carpetas de investigación trabajadas este año, sólo se judicializaron mil 206, que representan el 3.54 por ciento.

Se trata sólo de un ejemplo de lo poco efectivo que resulta el servicio que le prestan a la ciudadanía, y de la forma en que se informa sin informar, sino con intenciones de presumir.

Un documento que incumple a todas luces la garantía pretendida en la Ley Orgánica de la Fiscalía –el equilibrio entre el ejercicio de las facultades encomendadas y el principio de rendición de cuentas.

Tan no se cumple con ese equilibrio, que presentado ante un grupo selecto en un recinto alejado del ciudadano común, poco aporta para hacer ver que efectivamente cumplen su función con probidad, justicia y profesionalismo como para que los potosinos dejen de tener miedo.

Más preocupados por quedar bien, exhiben la razón por la que el clima de inseguridad no cede.

 

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