Alejandro Rubín de Celis
La inseguridad y la violencia en el proceso electoral en curso está escalando a niveles que antes no se habían visto. Los riesgos de que haya enfrentamientos son latentes. Se percibe un ambiente de crispación. Varios casos de violencia se han presentado en la etapa previa y posterior a las campañas.
En vísperas de la Navidad, Ángel Medina Burgaña, candidato del PAN a la alcaldía de Tampamolón, fue asesinado a balazos por una supuesta mala negociación en la venta de unos gallos de pelea, pero aún existe la sospecha de que fue asesinado por motivos políticos. El 27 de marzo, el que fuera candidato a diputado federal por Morena, Israel Mendoza Vázquez, fue baleado mientras conducía su vehículo en calles de la cabecera municipal de Matehuala, lo que lo llevó a tomar la decisión de renunciar a su candidatura.
El 20 de abril, dos miembros del equipo de campaña del candidato de la coalición Contigo por San Luis, Xavier Nava Palacios fueron asaltados y amenazados por sujetos armados al salir de un evento proselitista en el fraccionamiento Tangamanga, y una semana después fue asaltada la oficina de campaña del propio Nava de donde se sustrajo equipo de cómputo con información relacionada con la elección, según la denuncia hecha pública por el candidato y presentada ante autoridades ministeriales.
El 29 de abril, día en que arrancaron oficialmente las campañas, el joven Pedro Carrizales Becerra, candidato de Morena a diputado local por el octavo distrito electoral con cabecera en el municipio de la capital, fue golpeado y amenazado de muerte por elementos de la policía municipal y ahora analiza la posibilidad de renunciar como candidato con tal de proteger su integridad física. En un mitin en el Saucito celebrado el 30 de abril, habitantes de ese tradicional barrio de la ciudad capital y simpatizantes del candidato a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, protagonizaron conatos de enfrentamientos a causa de las protestas de los primeros por el intento de las autoridades municipales de construir un paso a desnivel en esa zona, y un periodista de Astrolabio Diario Digital fue agredido físicamente por huestes del alcalde con licencia ─presumiblemente azuzados por un líder del gallardismo─.
¿Quiénes son los responsables de la espiral de violencia e inseguridad que se vive en esta contienda electoral? ¿Qué más tiene que suceder para que las autoridades policiacas y otros actores del proceso electoral actúen para mantener la paz y la tranquilidad?, ¿que alguien más vaya a dar al hospital o que muera a causa de las rencillas entre contendientes y sus simpatizantes?
Si bien es notoria la ausencia de agentes policiacos en mítines y otros actos proselitistas de los candidatos para garantizar la seguridad de los asistentes, en el ambiente de hostilidad y amenaza que se percibe hay otros responsables, no sólo los gobiernos y las autoridades encargadas de la seguridad pública, que sin duda tienen una parte importante de la responsabilidad que no pueden soslayar. De nada sirvió el acuerdo de civilidad denominado “Declaración por la Democracia” que firmaron los distintos actores políticos entre otras cosas para evitar confrontaciones y asegurar la tranquilidad de la contienda.
El gobernador, Juan Manuel Carreras afirmó en una declaración que habría garantías para la seguridad en el proceso electoral y no se observa ninguna estrategia de su gobierno para que ese compromiso sea una realidad; el Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha hecho pública alguna acción en ese sentido y lejos de ello ha exigido respeto de los contendientes hacia la administración municipal de corte gallardista; los candidatos no cesan de emitir discursos centrados en acusaciones y descalificaciones hacia sus contrincantes; algunos líderes que acompañan a los candidatos contribuyen a alimentar el clima de crispación política cuando hacen uso de la palabra; los partidos políticos observan las disputas sin hacer un llamamiento a sus abanderados para que atemperen sus discursos y llamen a sus seguidores a mantener la calma; hay medios que apoyan a un candidato y hacen acusaciones al contrario de éste ─muchas veces sin pruebas─ y muchos usuarios de redes sociales contribuyen con campañas negras ─guerra sucia─ y expresiones de odio contra los oponentes. Esas conductas y omisiones no ayudan a mantener la paz y la tranquilidad que son indispensables en las campañas.
Es legítima la crítica y el cuestionamiento bien sustentado hacia los adversarios ─no la diatriba, el insulto y la acusación sin fundamento─ porque es parte inherente de las campañas, pero no es lo único ni lo más importante. En buena medida lo que los ciudadanos esperan de los candidatos, más que discursos candentes y eufóricos, son propuestas viables para resolver los grandes problemas que enfrenta el estado y sus habitantes, especialmente los que se encuentran en una situación más vulnerable por los altos niveles de desigualdad y pobreza que registra la entidad.
Ya varias voces que representan a distintos sectores de la sociedad se han pronunciado por detener esta espiral de insultos y agresiones que no coadyuva a un clima favorable de la elección. Organismos electorales, la Iglesia católica, empresarios, diputados y hasta candidatos agraviados han hecho un llamado a la civilidad en la contienda. Es un llamado aún oportuno y muy necesario.
Estamos a tiempo de mantener lo que queda del proceso electoral en un clima de paz y tranquilidad antes de que los ánimos se desborden y haya otras consecuencias que lamentar, más graves incluso que los hechos violentos que se han suscitado hasta ahora.
El compromiso debe ser de todos los actores involucrados: gobierno estatal y gobiernos municipales, organismos electorales, partidos políticos, candidatos, equipos de campaña, líderes sociales, medios de comunicación y ciudadanos. Cada uno debe asumir la parte de responsabilidad legal y moral que le corresponde para llevar a buen fin esta elección.
