Por Victoriano Martínez
Por tercera ocasión, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez propone encarecer “la expedición de copias derivadas de una solicitud de información”, lo que conforme a las mejores prácticas en transparencia se califica como un inhibidor del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y los diputados… se lo vuelven a aprobar.
En el dictamen de la Ley de Ingresos del ayuntamiento de San Luis Potosí se repite la fracción XV del artículo 31, en la que se fija el costo de las copias simples a 0.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Una UMA actualmente equivale a 75.49 pesos, lo que significa que Gallardo Juárez cobrará en 2018 a 37.75 pesos cada copia, más el incremento que se dé a las UMA a partir del mes de enero.
El dictamen fue aprobado en las comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal por 12 diputados, y este viernes será sometido al pleno para su aprobación definitiva.
En la sesión del Congreso del Estado del pasado 21 de abril, la diputada Josefina Salazar Báez presentó una iniciativa para modificar la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí 2017 para “disminuir el costo de los servicios mencionados y estimular la transparencia por medio del ejercicio de ese derecho”.
En su iniciativa, Salazar Báez propuso la modificación de tres fracciones del artículo 31: en la primera para fijar las copias simples de las actas de Cabildo en 0.02 UMA, la XIII para fijar la cuota de copias por orden de la CEGAIP en 0.05 UMA y la fracción XV para que se cobre por las copias derivadas de una solicitud de información 0.05 UMA por foja.
En el dictamen turnado al Pleno para aprobarse en la sesión de este viernes, las copias de las actas de Cabildo aparecen al doble, una UMA; las copias por orden de la CEGAIP aparecen más baratas que en la propuesta de Salazar Báez, a 0.02 UMA, y en el caso de las copias derivadas de una solicitud de información, aparece diez veces por encima de la propuesta de la panista, a 0.5 UMA, es decir, a 37.75 pesos, más el aumento que se determine para las UMA en enero.
Ni la diputada Josefina Salazar Báez, en su carácter de presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, ni la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública se han pronunciado ante lo que en lo que va de la administración de Gallardo Juárez ha representado una limitante al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
La Ley de Transparencia establece en su artículo 165 que “en caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información”.
En la ciudad existen centros de copiado en los que cada copia fotostática cuesta 30 centavos, lo que representa el mejor indicador de que la autoridad no debe cobrar costos tan superiores a los que en el mercado es posible obtener.
