Por Victoriano Martínez

El Servicio de Administración Tributaria investiga las operaciones de venta de medicamentos por parte de Sandra Sánchez Ruiz al ayuntamiento de Ricardo Gallardo Juárez, a pesar de la que la fantasmal vendedora trató de impedirlo, vía amparo.

De acuerdo con el expediente 1187/2016, que se tramitó ante la Mesa II del Juzgado Segundo de Distrito, Sánchez Ruiz, apoyada por los abogados Julio Aspe Hinojosa e Iván González Muciño, presentó una solicitud de amparo para evitar la “orden de visita VRF0600008/16 en oficio 500-50-00-05-2016-10559 de 31 de agosto de 2016”.

De acuerdo con la petición de amparo, presentada el 19 de septiembre, Sánchez Ruiz citó como acto reclamado “actos fuera de juicio” y como acto específico la orden de visita. Además indicó como materia la administrativa y sub materia “Actos de inspección y verificación en materia fiscal”.

Aunque al día siguiente se dio la admisión de la solicitud de amparo, con esa misma fecha se le negó la suspensión provisional. De acuerdo al expediente publicado por el Juzgado Segundo de Distrito, el 26 de septiembre se le negó la suspensión definitiva y se le notificó al día siguiente.

Sánchez Ruiz habría vendido medicamentos para personal de confianza de la administración de Ricardo Gallardo Juárez hasta por más de 66 millones de pesos, entre los meses de octubre de 2015 y marzo de 2016.

La cifra habría llegado a los 70 millones de pesos el pasado mes de septiembre, dado que de marzo a ese mes, Sánchez Ruiz aparecía en la lista de proveedores con los que Gallardo Juárez mantiene adeudos con 3 millones 379 mil 893.32 pesos pendientes de pago. En la relación de deudas del mes de octubre, la proveedora de medicamentos ya no apareció.

Hasta donde se sabe, diversos grupos ciudadanos han presentado quejas anónimas ante el SAT por la compra de medicamentos a una proveedora cuya farmacia apareció, después de que se reveló el gasto, en un local cuyas dimensiones difícilmente corresponden a un establecimiento que maneje esos volúmenes.

No obstante, sólo se ha hecho público el expediente iniciado ante el SAT por Rodolfo Isaac Monsiváis Morquecho, identificado como Expediente 1603490 por la Procuraduría Fiscal de la Federación.

No es el único caso por el que se investiga a Sánchez Ruiz, el propio Monsiváis Morquecho presentó una denuncia ante la PGR en contra de Ricardo Gallardo Juárez y Jesús Emanuel Ramos Hernández, “así como, quien o quienes resulten responsables, por hechos probablemente constitutivos de delitos que, señala en su misiva, cometidos en su agravio y el de la ciudadanía”.

En el reporte del Juzgado Segundo de Distrito sobre el amparo solicitado por Sánchez Ruiz aparecen como abogados autorizados “en términos amplios” los profesionistas con números de cédula 1777360, que corresponde a Julio Aspe Hinojosa, y 3838977, de Iván González Muciño.

Entre algunos datos de los abogados, destaca el caso de Aspe Hinojosa, quien aparece en la relación de aceptados para un doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el protocolo ““Derecho penal autoritario en la persecución simultánea de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal”.

 

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