Por Antonio González Vázquez
El Instituto de las Mujeres de Gobierno del Estado así como el Consejo y Tribunal Electoral acusaron a los medios de comunicación de difundir información que constituye violencia política contra las Mujeres. No obstante, no especifican por su nombre a los medios que incurren en esa práctica ni tampoco precisan que noticias, columnas o artículos agreden a las mujeres.
Esas tres instituciones que forman parte del llamado Observatorio de Participación Política de las Mujeres, donde la mayoría de sus integrantes son instituciones del gobierno estatal y federal, así como de partidos políticos, sugieren a los periodistas y medios a que se acerquen con ellos para que reciban asesoría.
En un comunicado de prensa del pasado día 11 de abril, exponen su “posicionamiento” ante casos de violencia política contra las mujeres en medios de comunicación, pero no mencionan ninguno. No aportan nombres de mujeres víctimas de tal violencia ni tampoco citan nombres de los medios que habrían publicado información de contenido violento para las mujeres.
Afirman que “hemos identificado, en este proceso electoral 2017-2018, manifestaciones de violencia política por razón de género en distintos medios de comunicación en contra de funcionarias públicas y mujeres de diversos partidos políticos, a través de notas informativas cuyo objeto es menoscabar sus derechos políticos a través de la reproducción de estereotipos de género, las cuales son actos de discriminación en razón de género”.
La dependencia que preside Erika Velázquez, reportó que “en distintas notas en medios locales, se han presentado casos donde se enmarca a funcionarias públicas y mujeres políticas, aspirantes o no a cargos de elección popular, en roles patriarcales, tradicionales, estereotipados, limitados, con lenguaje sexista, moral sexual y se les da un tratamiento diferenciado con respecto a los hombres en la política, pretendiendo desalentar la participación de mujeres en política y en general en el ámbito público”.
Asegura que ese Observatorio “apuesta por la libertad de expresión y exhorta a los medios de comunicación a que asuman su responsabilidad en el marco del respeto de los Derechos Humanos, entre los que se encuentran el derecho a votar y ser votada y el ejercicio de la función pública; sujetando su actuación en el marco de la ética periodística”.
Señala que si bien es cierto que actualmente varias conductas de violencia política contra las mujeres no están tipificadas como delitos; algunas de ellas podrán considerarse delitos penales o electorales, discriminación, daño moral, infracciones electorales, entre otros.
“Las instituciones participantes en este Observatorio ofrecemos a los medios de comunicación la capacitación necesaria para evitar este tipo de acciones que les sitúan como entes perpetradores de discriminación y violencia política contra las mujeres”.
Por cierto, van ya 20 mujeres asesinadas y el Observatorio no se ha atrevido a exigir cuentas al gobernador Juan Manuel Carreras López, de quien Erika Velázquez es subordinada.
