Por Victoriano Martínez

Este lunes se vence el plazo para que los interesados en formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presenten su postulación para ser considerados por la Comisión de Selección para ocupar las tres vacantes que dejaron las renuncias que desde hace un año se dieron en ese organismo.

Se trata de las vacantes dejadas por Alma Irene Nava Bello, presidenta numeraria, el 16 de octubre; Blanca Torres Espinosa, supernumeraria 1, el 27 de octubre de 2017, y Benjamín Alva Fuentes, supernumerario 5, el pasado 11 de abril.

Para el caso de la presidenta numeraria, el periodo para el que había sido nombrada concluyó el pasado 19 de septiembre. De entrada, a quien se le asigne ese cargo ya no será para concluir el periodo.

Los otros dos casos, como supernumerarios, llegarían a cubrir el resto del periodo para el que fueron nombrados quienes renunciaron, es decir, hasta el 19 de septiembre de 2022.

A diferencia de hace un año, cuando los integrantes de la Comisión de Selección recorrieron el estado para promover durante 33 días la participación de la ciudadanía en la convocatoria, en esta ocasión limitaron el periodo de registro a 10 días sin la más mínima promoción que los ejemplares del Periódico Oficial del Estado con la convocatoria.

De acuerdo con la base octava de la convocatoria, “la Comisión de Selección dispondrá de un periodo de 30 días naturales a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí de la presente convocatoria, para elegir las vacantes”.

Hoy cierra el registro de aspirantes y en 20 días tendrán que darse los nombramientos.

Un proceso demasiado discreto para un tema tan trascendente y de interés público como la representación ciudadana nada menos que en el Sistema Estatal Anticorrupción, el flagelo que mayor indignación ha provocado en los últimos meses.

Un manejo casi secreto del tema que muestra claramente el nivel de importancia que le dan al tema los titulares de los tres poderes, especialmente el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien avaló una irregular instalación del Comité Coordinador del SEA el pasado 28 de agosto.

Una muestra clara del rompimiento de los integrantes de la Comisión de Selección con la labor que harían a nombre de la ciudadanía, de la que ahora prácticamente se ocultan, y cuyos intereses no parecen buscar proteger.

Son diversas las situaciones irregulares al interior del Comité de Participación Ciudadana que no han sido atendidas por la Comisión de Selección.

Una de ellas tiene que ver con una situación que se podía prever desde el inicio de las campañas del pasado proceso electoral, cuando Carlos Espinosa Rincón, integrante numerario del CPC apareció como candidato a regidor en Rioverde.

Si uno de los requisitos para poder ser parte del CPC (artículo 17, fracción VII) es no haber sido candidato tres años antes del nombramiento, convertirse en candidato ya nombrado necesariamente rompe con el espíritu de esa disposición.

La Comisión de Selección no se pronunció ni tomó acción al respecto. Espinosa Rincón se convirtió en regidor electo después del 1 de julio, y desde este 1 de octubre ya ocupa el cargo.

La fracción IX del mismo artículo señala como requisito para ser parte del CPC “no ser secretario o titular de dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal”.

Espinosa Rincón forma parte del cuerpo titular del Cabildo de Rioverde, y es el presidente de la comisión de Salud Pública de ese cuerpo edilicio, además de integrante de las comisiones de Obras Públicas; Deporte; Derechos Humanos; Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, y Transparencia, Archivo y Protección de Datos Personales… ¡y numerario en el Comité de Participación Ciudadana!

El gobernador Juan Manuel Carreras López y los titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría General del Estado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, seguro disfrutan de la situación.

Son los organismos ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción los que no dan una para poder hacer que el SEA resulte efectivo… y desde el sector gubernamental felizmente no se tienen que someter al sistema anticorrupción.

Claro, Carreras López y su equipo están detrás de las maniobras para que el SEA no funcione, y se aprovechan del poco compromiso que quienes encabezan la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana, pero, sobre todo, de la ignorancia y apatía de toda la ciudadanía, que no acompaña ni exige acciones efectivas para el Sistema Estatal Anticorrupción.

Una ignorancia y apatía ciudadana que difícilmente se puede remontar, si quienes la representan en el proceso han optado por una discreción que sólo favorece a quienes hicieron todo para que el Sistema Estatal Anticorrupción naciera muerto con fiscales carnales y estructuras de fiscalización a modo.

Todo indica que cualquier cosa que se mueva en el Sistema Estatal Anticorrupción, es para sepultarlo cada vez más en las profundidades de la impunidad.

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