María Ruiz
San Luis Potosí se ubica en el lugar 22 a nivel nacional por el número de personas actualmente protegidas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con 17 beneficiarios activos hasta septiembre de 2025, de acuerdo con el Informe Estadístico Mensual más reciente.
Aunque la entidad no figura entre los estados con mayor incidencia como la Ciudad de México (214), Guerrero (128) u Oaxaca (103), sí mantiene una presencia constante de riesgo que amerita atención federal.
Desde la creación del Mecanismo Nacional, San Luis Potosí ha registrado un total de 26 solicitudes de incorporación, cifra que lo coloca en el lugar 19 del país en el conteo histórico de solicitudes. Es decir, aunque la entidad no ha sido de las más afectadas en el acumulado nacional, sí refleja una demanda sostenida de apoyo a lo largo del tiempo.
El panorama actual muestra una composición diversa entre los beneficiarios activos. De las 17 personas protegidas, 10 son hombres y siete son mujeres. Dentro de este grupo, el periodismo concentra la mayoría de los casos: 12 periodistas potosinos reciben medidas de protección —10 hombres y dos mujeres—, lo que posiciona a San Luis Potosí en el puesto 27 nacional en esta categoría, empatado con Yucatán.
Por su parte, el sector de las personas defensoras de derechos humanos es menor, con cinco beneficiarias activas, todas mujeres, sin registro de hombres bajo protección en esta categoría. Este número sitúa al estado en el lugar 27 nacional, junto con Aguascalientes.
El documento también detalla las razones que motivan la incorporación de beneficiarios al Mecanismo, clasificadas según el tipo de agresión sufrida. Aunque estas cifras son de alcance nacional y no incluyen un desglose específico para San Luis Potosí, permiten dimensionar el tipo de riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo o la defensa de los derechos humanos en todo el país, panorama que también comparte la entidad potosina.
A nivel nacional, la amenaza es la agresión más frecuente, con un total histórico de 1 mil 075 casos acumulados hasta septiembre de 2025. Le sigue la agresión física, con 380 registros; y finalmente el secuestro o privación de la libertad, con 77 casos reportados.
Al desagregar estos datos por perfil profesional, el informe revela que entre las personas defensoras de derechos humanos, las amenazas representan 504 casos, seguidas de 169 agresiones físicas y 38 secuestros o privaciones de la libertad. En el caso de los periodistas, la tendencia es similar: la amenaza continúa siendo el principal motivo de incorporación, con 571 casos históricos, seguida de 211 agresiones físicas y 39 secuestros o privaciones de la libertad.
El informe también identifica a los probables agresores de estas personas beneficiarias. A nivel nacional, los principales señalados son servidores públicos, particulares y personas no identificadas. Históricamente, los servidores públicos encabezan los casos de agresión contra periodistas, con 367 registros, mientras que los particulares son el grupo más citado como agresor en ataques contra defensores de derechos humanos, con 266 casos.
En conjunto, las cifras confirman que aunque San Luis Potosí no se encuentra entre las entidades con mayor número de agresiones o solicitudes de protección, sí comparte con el resto del país un entorno de riesgo persistente para quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
