Por Jaime Nava
Inversionistas del conglomerado de empresas pertenecientes al Grupo Infinite se manifestaron la tarde de este martes para pedir la intervención del Gobierno del Estado en el conflicto que desde hace meses mantienen con ese grupo financiero por la falta de pago de utilidades y el reembolso de sus capitales.
Con cubrebocas y portando cartulinas, cerca de 30 personas se reunieron afuera del Palacio de Gobierno desde donde iniciaron una caminata por la Avenida Venustiano Carranza con dirección al número 1551 donde se ubican las oficinas de Invercorp, una de las financieras perteneciente al Grupo Inifinite que los inconformes acusan de defraudación pues desde noviembre del año pasado no les han entregado las utilidades a las que se comprometieron y tampoco les han devuelto los montos de capital que invirtieron.
“¡Basta de mentiras Invercorp, regrésanos nuestro dinero!”, “Basta de falsas promesas, devuelve nuestro dinero”, “Invercorp fraude, Gabo Salazar fraudulento”, “Mas de 800 defraudados por Gabo Salazar y su empresa fraudulenta (Invercorp) regresa nuestro dinero pinche rata…”, son algunos de los mensajes que escribieron en sus carteles.
De acuerdo con el testimonio de uno de los afectados, celebraron diversos contratos con Invercorp por periodos de seis meses en los cuales se fijó el pago de un 10 por ciento de utilidad mensual calculado de acuerdo con el valor del capital que cada uno decidiera invertir. “Cada mes pagaban las utilidades y al terminar el contrato nos preguntaban si queríamos volver a invertir o si nos devolvían el capital”, dijo.
Los manifestantes relataron que los problemas comenzaron cuando dejaron de pagar utilidades, se negaron a devolverles su dinero y los “invitaron” a firmar un nuevo contrato en el que se comprometían a pagar el 3.3 por ciento de utilidades cada mes con el argumento de que se trataba de una orden de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Durante el trayecto los afectados gritaron: “¡Gabo, ratero, devuelve mi dinero!”; al llegar a las oficinas de Invercorp se llevaron la sorpresa de que los letreros y anuncios con el nombre de la empresa que cubrían las ventanas fueron retirados. Dentro permanecen muebles, pero no hay ningún logotipo que identifique al lugar con Invercorp.
“Todavía no inicia el concurso mercantil y ya están desmantelando el negocio”, comentaron y comenzaron a pegar sus carteles en los vidrios de la empresa.
El pasado fin de semana, el representante del Grupo Infinite, Gabriel Alan Salazar Soto quien se describe en sus redes sociales como “millonario, filántropo, conferencista, emprendedor” y socio de 24 empresas (entre las cuales se encuentra Invercorp), hizo público un comunicado mediante el cual anunció que iniciarían los trámites para solicitar entrar en concurso mercantil para entregarle el control a un juez con la finalidad de enajenar bienes muebles e inmuebles, activos, empresas, unidades de negocios y marcas “para hacer posible la total liquidación de adeudos, pasivos y compromisos con los diversos acreedores”.
Salazar Soto atribuyó la falta de pago a una afectación en las finanzas de Grupo Infinite originada por la “pérdida de diversas fuentes de ingresos, suspensión de proyectos y cancelaciones de contratos”.
Dicho anuncio ocurrió días después de que los afectados dieran a conocer que presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de fraude y asociación delictuosa.
Desde que los acreedores comenzaron a reclamar públicamente sus pagos, el director ejecutivo de la división financiera de Grupo Infinite, Milton Hugo González Romero, quien además es pareja sentimental de la mamá de Gabriel Alan Salazar Soto, borró su cuenta de Facebook y ha dejado de aparecer en público.
El abogado de los afectados, Salvador Rincón Iglesias, denunció que fue víctima de un intento de intimidación ya que hombres desconocidos lo siguieron a bordo de dos vehículos, uno de ellos -afirmó- era el mismo auto que usan los escoltas de Gabriel Salazar Soto. Iglesias pidió al gobernador, Juan Manuel Carreras, que les conceda una audiencia para que atiendan sus denuncias y lleguen a una solución.
