Angélica Campillo
La propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de implementar en San Luis Potosí la castración a violadores y pena de muerte para feminicidas generó opiniones diversas entre las y los legisladores del Congreso del Estado.
La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Gabriela Martínez Lárraga, manifestó que si bien las y los potosinos están frustrados y molestos por los casos de feminicidios registrados en San Luis Potosí, no se puede utilizar mediáticamente el tema y tomarlo a la ligera, como consideró que lo hizo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al advertir que a quienes comentan estos delitos se les va a castrar o a imponer la pena de muerte, lo que incluso va en contra de la Constitución.
Apuntó que en lo que va de la administración de Gallardo Cardona ha habido 13 feminicidios en San Luis Potosí, por lo que si realmente existe la voluntad del Poder Ejecutivo de ayudar a las familias de las víctimas de feminicidios y resolver el tema, es crear la Fiscalía Especializada en Feminicidios, que cuente con policías de investigación especializados y con una fiscal especializada.
Asimismo, Martínez Lárraga invitó al gobernador para que, además de crear a la brevedad la Fiscalía Especializada en Feminicidios, convoque a una mesa de trabajo con los familiares de las víctimas, con el fiscal José Luis Ruiz Contreras, con Amnistía Internacional, así como con las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, para que se revise el estatus de cada uno de estos expedientes.
“Por favor, no utilicemos esta demagogia en temas de tanta importancia y que realmente le duele a la sociedad. Si realmente queremos ayudar y abonar a este tema que tanto nos duele, y que las mujeres allá afuera están aterrorizadas, hagamos lo propio y tomemos acciones reales”, argumentó la diputada.
Martínez Lárraga recordó que la iniciativa de castración a violadores y pena de muerte para feminicidas ya había sido presentada en el 2020 en el Congreso de la Unión por Ricardo Gallardo Cardona, cuando era diputado federal, pero no procedió debido a la inconstitucionalidad, a todas luces obvia.
En ese sentido, pidió a las y los diputados de oposición que se unan y no permitan que ese tipo de iniciativas ni siquiera lleguen al Poder Legislativo local.
“Espero que los diputados seamos consientes a lo que realmente nos enfrentamos y las familias de las víctimas requieren que le demos seriedad al tema. Que resolvamos y hagamos algo real, conciso y contundente por estas familias que viven un calvario día por día”.
Mientras que las diputadas Emma Idalia Saldaña y María Aranzazú Puente Bustindui, de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, respectivamente, apuestan por fortalecer la prevención de este tipo de delitos, más que en implementar la castración y la pena de muerte.
Saldaña Guerrero consideró que la prevención para evitar violaciones o feminicidios se tiene que reforzar desde las instituciones educativas, y en ello también deben participar instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de pláticas.
Además de que la Fiscalía General del Estado se tiene que fortalecer para la atención de este tipo de delitos, y ya sea con una Unidad o una Fiscalía Especializada en Feminicidios, debe contar con el personal científico especializado y con los agentes de investigación para resolver los casos pendientes.
Saldaña Guerrero mencionó que no se justifican los actos de los violadores o feminicidas, pero hay que buscar los medios que sí se pueden utilizar al respetar los tratados internacionales de Derechos Humanos, ya que en México no se contempla en la Constitución la pena de muerte.
No obstante, la legisladora refirió que cuando se presente esta iniciativa se analizará, pero sostuvo que apuesta por la prevención y en revisar con las dependencias de seguridad lo que harán al respecto.
Puente Bustindui señaló que el PAN defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero van a esperar a ver cómo viene la iniciativa de castración y pena de muerte para violadores y feminicidas, respectivamente, en caso de que se presente, y estudiarlo a fondo y abrirlo a debate a la ciudadanía.
Para la legisladora de Acción Nacional, de manera preventiva se tendrían que fortalecer los valores desde el núcleo familiar y en las escuelas, así como la implementación de campañas de concientización, para inhibir estos delitos.
Por separado, el diputado José Luis Fernández Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que su fracción parlamentaria ya construye la iniciativa de implementar la pena de muerte y castración a quien cometa violación o feminicidio en los términos que planteó el gobernador, pero que se involucre a todos los actores de la sociedad.
Dijo estar consciente de que es un debate que se lleva en otros ámbitos, pero lo que se busca desde el PVEM y desde el Estado es abrir una discusión nacional.
Fernández Martínez comentó que este tipo de delitos que ofenden a la sociedad, tienen penas privativas de la libertad y prácticamente cadenas perpetuas, pero esto no inhibe que se siga incurriendo en ello.
De acuerdo con Fernández Martínez, se busca construir una norma en San Luis Potosí que pueda tener un efecto de erradicar de tajo y por completo la violencia en contra de las mujeres.
“Por lo menos desde este Poder Legislativo vamos a poner nuestro granito de arena, con una norma muy enérgica que mande un mensaje muy serio y directo a quienes estén pensando en cometer algún tipo de delitos en este sentido”, finalizó el legislador.
