Por Victoriano Martínez
Por falta de quórum, además de la inasistencia de representantes de la Procuraduría Agraria, se suspendieron las asambleas convocadas en la Comunidad de San Juan de Guadalupe, en las que aprobarían la venta de 57 hectáreas junto a la presa de la Cañada del Lobo para un desarrollo inmobiliario, e incorporarían como avecindados a un grupo de empresarios.
Desde temprano, en el salón comunal del lado sur del Periférico Antonio Rocha Cordero, se instaló un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Guardia Civil Estatal, ante los riesgos de enfrentamientos entre comuneros, luego de que en días previos se ejerció presión en contra de quienes ocupan parcelas dentro del perímetro de las 57 hectáreas que se pretenden vender.
En la primera asamblea convocada para este domingo, se tenía previsto revertir la parcelación de las 57 hectáreas pretendidas por los empresarios inmobiliarios, darles el carácter de tierras de uso común para enseguida aprobar la “aportación del polígono de 57-15-74.710 hectáreas de tierras de uso común a la Sociedad Espacios en el Horizonte S.A. de C.V., o a quien ella designe”.
Al salón comunal acudieron abogados y empleados de la empresa Espacios en el Horizonte para tratar de convencer a los comuneros para realizar la asamblea, pero sólo lograron la participación de 189 de los 334 comuneros titulares, que no alcanzaron el quorum para poder realizar una asamblea dura.
Los intentos por adquirir esas 57 hectáreas han sido acompañados de acoso a comuneros que tienen sus parcelas, entre los que sobresale el caso de Laura Pérez Acosta, quien es sucesora preferente y única del comunero Francisco Pérez Hernández, y ocupa una parcela de alrededor de cinco hectáreas en las cercanías de la Presa.
Pérez Acosta denunció el viernes 6 de enero ante la Fiscalía General del Estado el acoso que ha padecido en el último año, además de interponer un amparo contra las asambleas.
La noche de ese mismo viernes, balearon su vivienda, sobre lo que también presentó denuncia, la reportó a las autoridades federales y envió un escrito de puño y letra al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la segunda de las dos asambleas programadas, el comisariad Ejidal había propuesta en la orden del día autorizar el carácter de avecindados para una larga lista de empresarios y hasta exfuncionarios estatales.
Comuneros inconformes con la urbanización de sus tierras se mantuvieron frente al salón comunal con pancartas de protesta, en las que advirtieron sobre el riesgo de perder su patrimonio.
“Los empresarios son unos mentirosos y abusivos, con este tipo de acciones ya muchos comuneros van a reaccionar, ya los problemas por andar vendiendo lo que no es suyo, los traen desquiciados, ya no saben qué hacer, qué inventar, ni con amenazas van a poder”, advirtió Noe de la Rosa Bravo, uno de los principales activistas en la protección de la Sierra de San Miguelito.
Tras la suspensión de estas dos asambleas, aún sigue vigente la convocatoria a una tercera para el 22 de enero en la que destaca el punto 8 del orden del, “asignación de Solares que fueron señalados como sin asignar, en la asamblea de formalidades especiales de fecha 22 de Junio del 2012”, con lo que pretenden abrir más espacio para los empresarios inmobiliarios.
