Por Victoriano Martínez
Todo indica que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) cuenta con muchos elementos en el contrato de arrendamiento del predio para la prácticamente mal lograda plaza comercial Distrito Santa Fe que podrá hacer valer, al extremo de poder reclamar que se le pague la renta correspondiente al año de gracia pactado.
Una circunstancia a la que sin duda ha contribuido la empresa arrendataria, Distribuidora VEM, S.A. de C.V., al incurrir en una cadena de incumplimientos que colocan a la UASLP en posición de aplicar la cláusula décima cuarta sobre la “terminación anticipada”.
“El presente contrato podrá darse por terminado, de manera anticipada, por voluntad de cualquiera de ellas (las partes), cuando se incumpla cualquiera de sus cláusulas”, se estableció en la cláusula y determina una notificación que debe darse 30 días naturales antes de dar por terminado el contrato.
La UASLP ya dio ese paso con la inclusión de su propuesta de convenio de finiquito que, como reveló Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general de la Universidad, incluye la reclamación del pago de un año de renta correspondiente a la ocupación del predio durante ese periodo.
“Lo anteriormente estipulado no exime a “las partes” de las obligaciones contraídas por el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por las cláusulas cuarta y séptima”, indica el último párrafo de la décima cuarta cláusula.
La primera de esas cláusulas establece un depósito de garantía por 287 mil 500 pesos que debió entregarse a la UASLP el 12 de abril de 2024, al momento de firmar el contrato, y una fianza por 10 millones de pesos para garantizar la inversión requerida en infraestructura a depositarse cuando la empresa hubiera logrado la licencia de uso de suelo.
Es muy probable que no se haya llegado a la necesidad de que la empresa depositara la fianza de los diez millones de pesos porque no existe registro en el Ayuntamiento de San Luis Potosí sobre la obtención de la licencia de uso de suelo, en tanto que por parte de la UASLP tampoco se conoce que haya recibido el depósito y esa fianza.
La muy probable inexistencia de la licencia de uso de suelo le da a la UASLP un elemento más para la rescisión del contrato de arrendamiento. “En caso de no ser autorizada la Licencia de Uso de Suelo, el contrato será rescindido en términos de lo dispuesto por la cláusula décima cuarta”, señala el tercer párrafo de la cláusula décima quinta.
En la séptima cláusula, también citada como aplicable en la terminación anticipada, se impone al arrendatario una pena convencional que, si al terminar el contrato, mantiene una ocupación indebida del inmueble deberá pagar “una suma igual a la renta anual que se señala en la cláusula segunda, por cada mes que tarde en desocupar el inmueble”.
“El arrendador podrá, en cualquier momento, iniciar cualquier acción judicial en contra del arrendatario, ya sea para obtente la desocupación del inmueble, o la obtención y cobro de la pena convencional, así como para el cobro de rentas y/o intereses moratorios, según amerite”, se advierte en la cláusula séptima.
Por si fuera poco, el contrato da la ventaja a la UASLP en caso de tener que llegar a un litigio: “El arrendatario será responsable de las costas y gastos que se causen con motivo de cualquier controversia suscitada con respecto al presente contrato, ya sea en forma judicial o extrajudicial, cuando recaiga en éste la responsabilidad y esta sea fehacientemente probada”, advierte la cláusula décima quinta.
La UASLP dejó de contar con el predio de Lomas Cuarta Sección por un año en tanto que Distribuidora VEM incumplió el contrato al grado de cambiar el objeto del arrendamiento de unidad deportiva a centro comercial.
Si la UASLP ha iniciado el proceso de recuperación del inmueble, el contrato le da la oportunidad no sólo de revertir el daño patrimonial que estaba en curso, sino de la aplicación de penas convencionales que den cuenta de que no se puede abusar de esa institución. Tras la reacción dubitativa, es lo que ahora está en puerta.
