Marcela Del Muro
Desde septiembre de 2024, trabajadores del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial Federal en San Luis Potosí han denunciado maltratos laborales por parte de la jueza titular Ana Ley Flores Sánchez, quien ocupará el puesto hasta el 2027. Sin embargo, el futuro de la jueza está en riesgo; su continuación depende de la resolución de la visita extraordinariarealizada por el magistrado Alejandro Alfaro Rivera en noviembre del año pasado, donde se armó un expediente con los testimonios de algunos trabajadores judiciales.
No es la primera ocasión que la jueza es señalada por acciones similares contra sus subordinados. En septiembre de 2022, secretarios, actuarios y oficiales adscritos al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con Residencia en El Rincón, municipio de Tepic, se quejaron contra Flores Sánchez por irregularidades y “atropellos” laborales, la denuncia quedó asentada en la Queja 2445/2022-XI.
Ana Ley Flores Sánchez tiene una larga carrera judicial. En noviembre de 2021 ascendió al puesto de jueza; justamente, cuando fue asignada al Juzgado en la localidad de El Rincón, en Tepic, un lugar pequeño a 15 minutos de la capital de Nayarit donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, uno de los penales de máxima seguridad del país.
La queja señala que la hostilidad, malos tratos y violaciones a los derechos laborales de los trabajadores judiciales en Tepic comenzaron un día antes de la entrada en funciones de la jueza. El 15 de noviembre de 2021 convocó a los secretarios a una reunión presencial, a pesar de que aquel día era inhábil. Al día siguiente, cuando el personal haría la entrega recepción del juzgado, la jueza no llegó. Los trabajadores constantemente eran privados de sus horas y días de descanso, sin saber si la jueza se encontraba laborando.
Flores Sánchez complicó el funcionamiento del Juzgado, pues restringió la posibilidad de hablar con los trabajadores judiciales, toda la comunicación fue a través de su personal de confianza, sobre todo su secretario particular, quien también se encuentra señalado en la queja.
Las pocas veces que la jueza se comunicaba con su personal era para reclamar por la desorganización, “cuando ha sido ella quien no se ha inmiscuido o participado en la organización del juzgado”, refiere la queja. Fue hasta el 9 de agosto de 2022, tras casi nueve meses de su asignación, que Flores Sánchez recorrió los pasillos del juzgado. “Pues es muy hermética y se la pasa encerrada en su privado sin recibir a nadie que no sea su gente de confianza, incluso nunca sabemos si está o no”, declararon los trabajadores.
Para la jueza, señala la queja, el comunicarse con sus trabajadores y dar audiencias para solventar dudas o comentar los asuntos era una “pérdida de tiempo”, esto entorpecía el trabajo. “Ante su antipatía se trabaja el doble, pues no se conoce su criterio o lo cambia constantemente”, dice la queja.
Las pocas reuniones del personal con la jueza
La queja de los trabajadores del juzgado en Tepic se presentó a los 10 meses de la llegada de Ana Ley Flores Sánchez. En ese tiempo, la jueza solo se había reunido en cinco ocasiones con su personal, la mayoría de las veces se convocaban en días inhábiles o fuera del horario de trabajo y se limitaba la participación de los asistentes; cuando era de forma virtual, la jueza pedía a su Coordinador Técnico Administrativo que apagara los micrófonos.
En la tercera reunión, el 8 de febrero de 2022, donde se citó a todo el personal del Juzgado, Flores Sánchez anunció que una de sus secretarias de confianza se encargaría de levantar procedimientos administrativos contra el personal, pasando sus expedientes a otras Secretarías, provocando la saturación de trabajo en las demás mesas de trámite.
“A partir de esa fecha hemos trabajado con miedo, porque estamos en constante amenaza de que al mínimo error, la servidora pública nos levantará alguna certificación y nos iniciarán procedimiento; a muchos compañeros ya los han exhibido públicamente por sus errores en acuerdos administrativos”, dice la queja.
La comunicación entre la jueza y sus secretarias y secretarios es fundamental para el buen funcionamiento del Juzgado; no obstante, la jueza no accedió a reunirse con ellos cuando se lo solicitaban. Por miedo a ser sancionados, los trabajadores no se atrevían a solicitar las audiencias por escrito.
Las malas prácticas judiciales
La queja 2445/2022-XI da cuenta de malas prácticas que, incluso, rayan en corrupción. Los trabajadores denunciaron que fueron obligados a realizar trabajos que van en contra de los principios y la ética.
“Obliga a los secretarios a firmar cuestiones que no son ciertas (‘certifican mentiras’) y los presiona, los acosa o los amenaza para hacerlo, incluso a veces de manera grosera, manda la corrección modificando el contenido de la certificación a su ‘antojo’ o a su conveniencia, lo que hace de su puño y letra”, señala la queja.
Es decir, en un Juzgado existen ocho secretarios que tienen fe pública, todo lo que certifiquen tiene presunción legal y es cierto. Ella obligaba a sus secretarios a certificar resoluciones o acuerdos “a modo”, con el fin de no mancharse las manos directamente, pues, los errores, retrasos o cualquier repercusión referente a la certificación recaía directamente contra las y los secretarios.
También era frecuente que se subieran los acuerdos o sentencias al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en fechas distintas, alegando que hubo un fallo en el sistema y obligando a los y las secretarias a que lo certifiquen.
“Es una ‘casualidad’ que el sistema falla justo al momento de emitirse las sentencias y solo para ese supuesto. Es muy extraño que una Jueza que tiene a una secretaria encargada únicamente de certificar irregularidades no haya realizado ningún requerimiento al área correspondiente del consejo para buscar una solución a tantos problemas con el Sistema”, señala la queja, que habla de tres ejemplos claros sucedidos durante el 2022.
Las y los quejosos dicen que sentían miedo a las presiones de la jueza. “No saben en qué otras cosas les quiera hacer mentir en el futuro, comprometiendo su ética profesional y poniendo en riesgo su fuente de trabajo”.
Las afectaciones físicas, mentales y emocionales de las y los trabajadores en Tepic
La carga de trabajo en el Juzgado de El Rincón saturaba a su personal, quienes no tenían derecho a la desconexión. La queja señala que se les obligaba a trabajar en sus días de descanso o fuera del horario laboral, amenazándolos con despedirlos si se negaban a hacerlo.
“Pasa el particular a decir que nadie se puede ir hasta que se cumpla con alguna cuestión que quiere la Juez, teniendo al personal en incertidumbre sobre la hora de salida y sin disponibilidad de conseguir alimentos porque el centro de trabajo está más de 10 kilómetros de la orilla de Tepic y dentro de un centro federal donde no hay tiendas, ni forma para obtener comida, ni siquiera máquina de refrescos, galletas o papitas”.
En agosto de 2022, un licenciado y dos oficiales trabajaron 20 horas de forma continua, sin comida ni descanso; se fueron a casa un par de horas y regresaron a trabajar. Eran habituales este tipo de prácticas, el personal judicial trabajando hasta la madrugada, algunas madres o padres con responsabilidades personales u otros con enfermedades que los obligaban a tomar medicamentos. Sin que la jueza tuviera consideraciones por la seguridad de su personal, obligándolos a transitar por carretera durante la madrugada.
La queja menciona que la jueza “se ensañaba” con ciertos trabajadores, la mayoría varones, que eran más violentados laboralmente y se sentían presionados a renunciar. Pero, prácticamente, todas y todos los trabajadores judiciales a cargo de Flores Sánchez eran maltratados.
“Con motivo de las irregularidades y ‘atropellos’ laborales. Señalan que están sumamente afectados tanto física como emocionalmente por las actitudes déspotas y humillantes que la juzgadora implicada realiza a todo el personal, quien atenta contra su derecho humano al descanso, a un trato humano, a la desconexión, a la alimentación, a vivir tranquilos, a trabajar en armonía y a cumplir con sus obligaciones sin sentirse presionados, amedrentados, o amenazados”, indica la queja.
La queja va enumerando violación tras violación de la jueza Ana Ley Flores Sánchez y su personal de confianza, incluso sobrepasando lo absurdo, como: “La prepotencia ha llegado a tal extremo que no quiere que nadie la vea; cuando ella llega al juzgado su personal de confianza le pide a los oficiales Judiciales B que están en los pasillos buscando causas o sacando copias, que se metan a alguna oficina porque la juez va a pasar”.
A pesar de la gravedad de la queja 2445/2022-XI del personal de los Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con Residencia en El Rincón, municipio de Tepic, no dejó, como tal, consecuencias en la carrera judicial de Flores Sánchez; sin embargo, fue designada al Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial Federal en San Luis Potosí, donde asumió el cargo el 16 de diciembre de 2022.
Las similitudes en el Juzgado Primero
A excepción de las presiones, mentiras y malas prácticas judiciales, las violaciones a los derechos laborales del personal del juzgado potosino son prácticamente las mismas. En los casi dos años y medio que la jueza Flores Sánchez lleva al frente, decenas de trabajadores y trabajadoras se han ido, presionados por las malas condiciones de trabajo, los malos tratos y la explotación.
Como en Tepic, las violaciones empezaron desde el día uno, cuando citó al personal judicial para dar indicaciones, fueron pasando las horas y hasta la medianoche la jueza indicó que se retiraran, a excepción de los secretarios. “Desde ese momento mostró su desdén y falta de respeto a los trabajadores, además de su modo prepotente con el que se conduciría”, señala un extrabajador.
El personal menciona que la comunicación que tiene con ellos es siempre de forma hostil; siempre gritando, siendo grosera, humillándolos, exigiéndoles trabajar en horarios y días de descanso, amenazándolos con levantarles procedimientos administrativos e, incluso, incitándolos a peleas.
“Golpea las mesas, grita, amenaza, intimida”. “Trabajamos jornadas inhumanas, durante la madrugada, fines de semana y vacaciones”. Al igual que en Tepic, la carga de trabajo es dispareja y se torna personal: “si no le caes, te da menos personal o al menos capacitado, pero te doy mucho más trabajo. Además de sus ocurrencias para generar más trabajo”. “No es eficiente, deja acumular el trabajo. Tiene sentencias que no ha dictado desde hace muchos meses, cuando el máximo son tres meses. Solo es violentadora”, denuncian unos extrabajadores.
Las consecuencias de salud física y mental del personal son graves, hay varios casos que han tenido que recurrir a ayuda psicológica o psiquiátrica para poder continuar sobrellevando la violencia, acoso y la sobrecarga de trabajo.
Los trabajadores del Juzgado Primero esperan la resolución de la revisión, se desconoce si podrá ser sancionada, si será cesada o absuelta de los señalamientos para continuar en su cargo.
“Es mala jefa y mala juzgadora. El rendimiento y resultados de su administración de justicia no le favorece ni guarda congruencia con sus ‘exigencias’. Ni siquiera observa los principios del código de ética del Poder Judicial Federal. Cambiarla de adscripción no es la solución, a dónde la cambien, va a destruir”.
El 28 de abril, Astrolabio se acercó a la jueza Ana Ley Flores Sánchez, a través de su correo electrónico institucional, buscando su versión sobre la queja 2445/2022-XI y los señalamientos de los trabajadores en el juzgado en San Luis Potosí, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
