Desiree Madrid
Un grupo de familias de 27 niñas, niños y adolescentes, acompañado por organizaciones de la sociedad civil, académicas y personas defensoras de derechos humanos, emitieron un posicionamiento público en el que exigen el acatamiento inmediato de la resolución judicial emitida por el Juzgado Sexto de Distrito de San Luis Potosí, que ordena el traslado urgente de 19 mujeres privadas de libertad desde el Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, en Tancanhuitz, hacia el Centro de Reinserción Social de La Pila, en la capital del estado.
Esta medida responde a una demanda de amparo interpuesta por las infancias afectadas por el distanciamiento forzado de sus madres. El traslado de estas mujeres a más de 300 kilómetros de sus hogares ha sido criticado por el impacto negativo que tiene en los vínculos familiares, especialmente en el bienestar de sus hijos e hijas.
Las familias argumentan que esta medida vulnera el interés superior de la niñez y los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad.
A pesar de la orden judicial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado alegó que las condiciones de seguridad en el penal de La Pila no son adecuadas para albergar a las mujeres al citar problemas de violencia en el área varonil y falta de espacios físicos habilitados.
Sin embargo, organizaciones civiles y familiares consideran estos argumentos como insuficientes y discriminatorios, pues las mujeres son castigadas por problemas estructurales del sistema penitenciario.
La recomendación 73/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a mejorar las condiciones de las mujeres privadas de la libertad en San Luis Potosí, pero no especificó que esto debía lograrse mediante traslados a centros penitenciarios lejanos.
Las organizaciones firmantes del posicionamiento argumentan que el cumplimiento de esta recomendación debe realizarse con perspectiva de género y respetando el interés superior de la niñez, evitando medidas regresivas en derechos humanos.
El colectivo de familiares y organizaciones exigen lo siguiente:
- El acatamiento inmediato de la suspensión definitiva ordenada por el Juzgado Sexto de Distrito.
- Que las autoridades se ajusten a la legalidad con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e infancias durante todo el procedimiento del juicio de amparo.
- Garantizar que las mujeres privadas de libertad y sus familiares no reciban represalias ni hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias.
- Que las autoridades intervengan para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, de sus hijos e hijas, y de sus familiares.
Las organizaciones firmantes hicieron un llamado a los medios de comunicación, a la comunidad estatal, nacional e internacional, y a la sociedad civil organizada para respaldar y difundir esta información, contribuyendo al cuidado y respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad y sus familias.
El posicionamiento fue dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el gobernador Ricardo Gallardo Cardona; Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como a los medios de comunicación, a la comunidad nacional e internacional y a la sociedad civil organizada.
