Desiree Madrid
Luego del anuncio realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia el año 2030, representantes de los sectores industriales y empresariales de San Luis Potosí coincidieron en la necesidad de una implementación cuidadosa, negociada y con enfoque sectorial.
Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), reconoció que la reforma es ya una realidad y la flexibilidad que permitirá adaptar la medida según la capacidad de cada empresa.
“Nos están dando margen de cinco años para negociar con los sindicatos que tienen representatividad del personal sindicalizado y la parte patronal”, explicó.
Añadió que cada empresa enfrenta realidades económicas y operativas distintas, por lo que “no se puede aventar un solo tajo para todas”, aunque ya han iniciado contactos con sindicatos para evaluar su aplicación, y añadió que el reto será aterrizar la reforma sin vulnerar la viabilidad de las empresas.
Luis Gerardo Ortuño, presidente de Coparmex San Luis Potosí, subrayó que si bien la reducción de jornada puede tener beneficios para la vida personal de los trabajadores genera inquietudes en cuanto a competitividad y costos, sobre todo en un contexto de presiones económicas externas como los aranceles estadounidenses.
“No todos los sectores están en las mismas condiciones, y esto afectará sobre todo a las pequeñas empresas”, advirtió.
Asimismo, descartó que la reforma pueda convertirse en “botín político” para los sindicatos, pero debe aplicarse con gradualidad y prudencia.
“Estamos de acuerdo, pero que se haga de forma escalonada”, puntualizó.
Por su parte, Rodrigo Sánchez Espinosa, presidente del Consejo Directivo de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), consideró que la medida tiene tanto ventajas como riesgos.
“Es positiva desde el desarrollo humano, porque da más tiempo a las personas para su vida personal, pero también afecta la competitividad, especialmente en un momento donde debemos buscar ser más eficientes frente a retos comerciales internacionales”, expresó.
Añadió que desde el sector empresarial se preparan propuestas conjuntas para colaborar con el gobierno en la implementación responsable de esta reforma.
Los tres líderes empresariales coincidieron en que, si bien es importante avanzar hacia condiciones laborales más justas, la transición debe ser sensible a las capacidades reales de cada empresa, especialmente las más pequeñas, y evitar medidas generalizadas que puedan poner en riesgo empleos o la sostenibilidad de negocios.
La reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum Pardo es considerada una de las más relevantes en décadas para el entorno laboral mexicano; aunque busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su éxito dependerá en gran medida del diálogo, la gradualidad y el diseño de mecanismos flexibles que consideren las particularidades de cada sector productivo.
