Fernanda Durán
Con el argumento de armonizar la legislación local con reformas federales en materia de salud mental y derechos humanos, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa que propone derogar la figura del internamiento involuntario en San Luis Potosí y tipificar esta práctica como un delito de privación ilegal de la libertad, cuando se realice sin consentimiento.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Salud Mental, la Ley de Prevención y Control de Adicciones, y el Código Penal del Estado, para eliminar disposiciones que actualmente permiten el internamiento forzoso de personas con trastornos mentales o adicciones, incluso con el aval de familiares o tutores.
Entre los puntos centrales, destaca la propuesta de reformar el artículo 156 del Código Penal del Estado para establecer que se considerará privación ilegal de la libertad cuando una persona sea internada en un centro de salud mental o rehabilitación sin su consentimiento, o el de un familiar, tutor o representante legal.
“Resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas”, argumentó Aradillas en su exposición de motivos.
La iniciativa también plantea derogar los artículos 23 y 24 de la Ley de Prevención y Control de Adicciones, que permiten el ingreso involuntario a centros de tratamiento con la sola solicitud de un médico y un familiar, y modificar el artículo 20 de la Ley de Salud Mental para eliminar los internamientos involuntarios y obligatorios, dejando únicamente los voluntarios bajo prescripción profesional.
De acuerdo con lo expuesto por la diputada, busca alinear la legislación estatal con las reformas a la Ley General de Salud publicadas en mayo de 2022, que consideran como violatoria de derechos humanos la privación de libertad sin consentimiento en contextos de salud mental. En el texto se refiere que, hasta antes de estas reformas, el internamiento involuntario era legal y común en México con un alto porcentaje de personas tratadas bajo este esquema.
La iniciativa retoma principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y tratados internacionales que reconocen el derecho al consentimiento informado y el respeto a la libertad personal, aún en condiciones de enfermedad mental.
Aunque algunas normativas como la NOM-028 aún reconocen el ingreso obligatorio bajo ciertos modelos de atención a las adicciones, la diputada subrayó que la reforma busca colocar el consentimiento como eje rector de toda medida médica o psiquiátrica, eliminando la posibilidad de decisiones unilaterales por parte de familiares o instituciones.
En su exposición de motivos, también se advierte que la modificación busca proteger el derecho al libre tránsito y evitar que personas en situación de vulnerabilidad mental sean sometidas a tratamientos sin garantías mínimas de legalidad y derechos humanos.
Con esta iniciativa, el Congreso del Estado deberá analizar si mantiene la regulación actual, que permite excepciones para internamientos no voluntarios, o si avanza hacia una postura más restrictiva que equipara estas prácticas a una forma de detención ilegal.
La propuesta llega luego de que la versión potosina de la “Patrulla Espiritual” generó controversia en días recientes, debido a su método de anexar personas a centros de rehabilitación, ya que se viralizó un video en el que una joven fue subida a una camioneta por la fuerza en Soledad de Graciano Sánchez.
La Patrulla Espiritual es un grupo que se ha vuelto viral en redes sociales por su labor de rescate y rehabilitación de personas en situación de indigencia, alcoholismo y drogadicción, el cual opera principalmente en ciudades como Tijuana, Baja California, y Culiacán, Sinaloa.
La Fiscalía General del Estado aclaró que no se trató de un secuestro, sino de una intervención solicitada por la familia para internarla en un centro de rehabilitación debido a problemas de adicción.
Sin embargo, la fiscal María Manuela García Cázares señaló que no está permitido el uso de la fuerza para ingresar a personas a estos anexos, y se investiga la legalidad de estos procedimientos.
En lo que va del año, se han registrado al menos 10 denuncias relacionadas con casos similares en el estado.
