Estela Ambriz Delgado
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua emitió un pronunciamiento dirigido al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, con diversas observaciones y propuestas para una Ley General de Aguas (LGA) que sustituya a la actual, dada la urgencia de una nueva normativa que frene el exceso de concesiones, acaparamiento y despojo de derechos de agua en perjuicio de comunidades y colonias, históricamente excluidas del acceso equitativo.
En relación a las diversas acciones que el Gobierno Federal y la Conagua se comprometieron a llevar a cabo como parte del Plan Hídrico Nacional, como poner orden al sistema de concesiones, la Contraloría envió al funcionario sus observaciones y propuestas en la que se destaca la urgencia de una nueva ley general que sustituya a la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), creada en 1992.
En este sentido, explican que la ley actual ha fomentado una estructura legal que facilita el sobre concesionamiento, el acaparamiento y el despojo de derechos de agua, especialmente en perjuicio de comunidades originarias, campesinas, ejidales, y colonias urbanas que han sido históricamente excluidas del acceso equitativo, asequible y saludable al agua como bien común e indispensable para la vida.
“La Ley de Aguas Nacionales permite y facilita la compra y venta de concesiones (mercado del agua), beneficiando principalmente a los grandes usuarios y facilitando su concentración en pocas manos. Esto ha dado lugar a lo que denominamos hidrocracia. Es lamentable que los funcionarios hayan preferido reunirse con los acaparadores del agua”.
También puntualizaron que obstaculiza la prevención y corrección de abusos debido a la alta capacidad litigiosa de los concesionarios frente al limitado personal legal y técnico de Conagua, lo que genera condiciones de opacidad, dificulta la fiscalización y permite decisiones discrecionales en la asignación y renovación de concesiones.
En segundo lugar, apuntan a que el trabajo de las Contralorías Autónomas del Agua debe servir como base para la colaboración; desde noviembre de 2024, las Contralorías Estatales, Regionales y la Nacional, entregaron a las oficinas centrales de la Conagua y a sus Organismos de Cuenca (OCs) listas detalladas de irregularidades detectadas en los registros de concesiones, usos y disponibilidad del agua en sus territorios.
“Celebramos las aportaciones que ha logrado la contraloría nacional en estos años, y reiteramos nuestra disposición y propuesta —entregada en múltiples ocasiones— de trabajar juntamente con la Conagua, investigadores, académicos, organizaciones, colectivos y con las comunidades que han documentado estas problemáticas durante décadas”.
Cuestionamientos ante la falta de voluntad institucional
Dentro del pronunciamiento se manifestó preocupación por la negativa reiterada de la Conagua a colaborar con las contralorías para identificar, corregir y dar seguimiento transparente a las irregularidades reportadas.
Por ello solicitaron una respuesta pública a cuestionamientos como el por qué la dependencia no ha registrado el título de derechos al agua del pueblo Yaqui, consensado entre sus autoridades, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la propia Conagua desde 2022.
Además de una justificación para la respuesta negativa a sus solicitudes para transparentar las listas de concesiones irregulares anunciadas en “Las Mañaneras del Pueblo” y se les explique porqué se continúa evitando la colaboración con las contralorías, a pesar de que representan un esfuerzo legítimo, pacífico y técnico de participación ciudadana y contraloría social.
La Contraloría también cuestionó que para grandes proyectos de saneamiento como los de los ríos Tula y El Atoyac no se ha convocado ni aceptado la participación de investigadores, organizaciones y comunidades que llevan décadas trabajando en los territorios, además de la falta de acción ante los enormes volúmenes de desechos que se vierten diariamente en ríos, así como en el acuífero kárstico yucateco altamente vulnerable a la contaminación.
En este sentido, se exhortó al Gobierno Federal y a las instancias responsables de la administración del agua en México, a corregir este rumbo y a tomar en cuenta las propuestas desde los territorios, los pueblos, las comunidades y la academia.
“El país exige una transformación real en la política hídrica. Esta transformación no será posible sin participación desde las comunidades urbanas, rurales y los núcleos agrarios, sin transparencia y sin voluntad de diálogo con quienes han defendido el agua durante décadas”.
