Desiree Madrid
En el marco de una nueva política pública federal dirigida a pueblos indígenas y afromexicanos, el delegado del Bienestar en San Luis Potosí, Guillermo Morales López, informó que se asignaron más de 500 millones de pesos a 536 pueblos y comunidades indígenas en la entidad, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en su componente FAIS-PIAM.
El funcionario detalló que este fondo permite entregar recursos de forma directa a las comunidades, las cuales deciden en asamblea cómo y en qué invertirlos.
“La mayoría están optando por obras de impacto en agua, es lo que más se ha pedido”, señaló Morales López al subrayar que este tipo de obras responden a una demanda constante de la población.
Morales aclaró que inicialmente se había contemplado a 528 comunidades, pero tras una revisión se integraron ocho más, con lo que se alcanzó un total de 536 beneficiarias.
“Se están haciendo las asambleas y ya llevamos un avance importante, más del 51 por ciento”, afirmó.
Estas asambleas son fundamentales, ya que se realiza un diagnóstico comunitario, se eligen comités de administración y vigilancia, y se garantiza la participación de hombres y mujeres, tal como establecen los lineamientos del programa.
“En una comunidad de San Martín, por ejemplo, tuvimos que re agendar una asamblea porque el 99 por ciento de los asistentes eran hombres, y no se cumplía con el requisito de participación femenina. Se volvió a realizar con una representación equitativa”, narró el delegado.
Respecto a la entrega de los recursos, se estima que las primeras tarjetas con los apoyos económicos lleguen a partir de junio, aproximadamente un mes después de la conformación formal de cada asamblea.
Además, aclaró que, según el monto asignado, el recurso será entregado en una o hasta tres ministraciones.
Finalmente, Morales López reconoció que en algunos casos se detectó intervención de actores externos, incluyendo partidos políticos que intentaron adelantar la formación de comités. Sin embargo, el proceso es tutelado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual vela por el respeto a los usos, costumbres y derechos de cada comunidad.
