Fernanda Durán
Una vez más, el Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió de manera discreta y sin difusión pública el informe de actividades de un organismo autónomo, esta vez el correspondiente al primer trimestre de 2025 de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), sin que existiera constancia documental visible de su recepción o comunicación oficial a la ciudadanía.
Se trata de la segunda ocasión en lo que va del año en que el Poder Legislativo omite difundir o dar a conocer en tiempo y forma la entrega de informes institucionales que deben ser del conocimiento público. El caso más reciente fue el del informe anual de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entregado sin la validación de su Consejo Ciudadano y sin convocatoria a medios de comunicación.
En el caso de la CEGAIP, el artículo 33 BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece que su presidencia debe presentar informes trimestrales ante la Comisión Legislativa de Transparencia, los cuales deben entregarse en abril, julio y octubre.
Aunque el informe se presentó el 30 de abril, según confirmó el área de comunicación social del Congreso, no hubo registro gráfico, publicación institucional ni difusión en el pleno legislativo, lo que impide verificar que se haya cumplido en tiempo y forma con la obligación legal.
Fue hasta el martes 5 de mayo, días después de la supuesta entrega, que se publicó en redes sociales un código QR con acceso al documento. A diferencia de informes anteriores que han sido acompañados de fotografías y boletines oficiales, esta vez se optó por el silencio institucional.
También en la última sesión ordinaria del Pleno del Congreso, donde usualmente se lee la correspondencia oficial, esta fue omitida bajo el argumento de “dispensar la lectura”, un recurso legal que exime al Legislativo de dar lectura pública a ciertos documentos, pero que en este contexto refuerza la opacidad.
En marzo pasado, la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, entregó su informe anual sin aprobación del Consejo Ciudadano y sin convocatoria a medios de comunicación. La única difusión provino de las redes del diputado Marco Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Estos antecedentes evidencian un patrón preocupante en el manejo de la información pública en el Congreso del Estado, que contrasta con los principios de apertura, rendición de cuentas y publicidad que deben regir el actuar de los órganos del Estado y de los entes autónomos.
