Por Victoriano Martínez
Tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cualquiera espera que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) corra la misma suerte… menos sus integrantes.
En un contexto de trascendentes cambios en el panorama nacional, marcado por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resulta crucial consolidar a nivel local un órgano garante que continúe siendo pilar de transparencia y rendición de cuentas.
Con esas palabras, José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente de la CEGAIP, expone en el primer informe trimestral de actividades del organismo su apuesta para la armonización de la legislación local con la reforma federal en materia de simplificación orgánica que incluyó la desaparición del INAI.
Navarro Alviso va más allá:
Desde la CEGAIP, asumimos con responsabilidad este reto histórico, seguros de que San Luis Potosí puede y debe ser un modelo de liderazgo en esta nueva etapa para el país.
Hoy que está en puerta la determinación de la desaparición de la CEGAIP resulta que para su presidente se vuelve un reto la permanencia del organismo cuando, en los once meses que lleva en el cargo no ha dado una sola señal de haber asumido como reto ser un auténtico defensor y promotor del derecho de acceso a la información y la protección de datos, sino todo lo contrario.
De haberlo hecho, su informe de actividades representaría un verdadero catálogo de las ventajas que podría haber dado la transparencia en San Luis Potosí para que la población tuviera una detallada relación de la actuación de los hoy 254 entes obligados si, a diferencia de sus antecesores, hubiera hecho valer, por ejemplo, las obligaciones de transparencia.
No sólo lo habría diferenciado de sus antecesores, sino prácticamente de todos los organismos garantes del país por la ventaja que le da a la CEGAIP contar con una Ley de Transparencia cuyo catálogo de información que debe difundirse de oficio supera con mucho la apertura informativa que aparece en la legislación de otras entidades y la propia federación.
Los diez artículos que establecen obligaciones de transparencia generales y específicas en la Ley de Transparencia potosina se desglosan en 363, en tanto que en la ley general en 254. Es decir, hay 109 obligaciones que no sólo marcan una ventaja cuantitativa para que la población conozca el quehacer gubernamental, sino que además son de trascendencia cualitativa.
Entre esas 109 obligaciones de transparencia adicionales, que si Navarro Alviso se hubiera enfocado en garantizar que se cumplieran pero que no lo hizo igual que sus antecesores, le habrían dado oportunidad para presumir que su acción como garante de transparencia pudo posibilitar un debate más informado de temas que han estado en la agenda y han sido manipulados por actores interesados. Unos ejemplos:
Hoy que la deficiencia en los servicios de abastecimiento de agua potable es un problema recurrente, cualquier persona podría conocer el Inventario Estatal de Plantas municipales de potabilización y tratamiento de aguas residuales, de no ser porque la Comisión Estatal del Agua se limita a señalar que “no generó” esa información (Artículo 85, fracción I-M6).
Muchas especies potosinas en riesgo están más que nunca en peligro por proyectos depredadores como los que acosan a los ejidos de Corcovada, El Peyote y La Tapona, pero la CEGAIP no ha sido capaz de obligar a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental a publicar su listado y también aparece un “registro” con la leyenda “no se generó” (Artículo 85, fracción I-M3).
En materia de seguridad, la población podría conocer estadísticas sobre los procesos de Control de Confianza en los cuerpos policiacos, sobre infracciones, la incidencia de accidentes que involucran taxis o camiones, pero ni el Ayuntamiento ni la Secretaría de Seguridad y Protección Civil Estatal incluyen en su apartado de la Plataforma Estatal de Transparencia esa obligación, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reporta que esa información no le corresponde.
Entre las obligaciones que existen en San Luis Potosí a diferencia del resto del país se encuentra la de publicar los egresos con tal detalle que deben incluir “el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza”.
No obstante, son muy pocos los sujetos obligados que lo cumplen y, en su mayoría, presentan la información incompleta con formatos repetidos de un mes a otro, a pesar de ser un aspecto que abre con gran detalle la posibilidad de la fiscalización ciudadana sobre la utilización de los recursos públicos.
Si Navarro Alviso ha sido incapaz de responder al reto legal de hacer cumplir esas obligaciones, que representan sólo la parte activa de los sujetos obligados, mucho menos ha hecho por que se cumpla con los aspectos de transparencia proactivos y reactivos… ¿podrá con el reto de lograr la permanencia de la CEGAIP como “un modelo de liderazgo en esta nueva etapa para el país”?
Quizá en toco caso lo que ofrezca para lograrlo es reforzar su papel de organismo palero en la simulación del gobierno más opaco de la historia de las leyes de transparencia como en el propio informe trimestral simula ser muy efectivo:
“En estos meses, hemos atendido más de 2,200 solicitudes de información, resuelto 779 recursos de revisión y promovido la transparencia mediante actividades formativas que involucraron a cientos de ciudadanos” afirmó Navarro Alviso en el texto de su mensaje en el informe.
En la página 23 del propio documento se informa que la CEGAIP recibió “50 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, al 100% se le otorgó el trámite y gestión al interior de esta Comisión, en los términos y plazos establecidos en la Ley de Transparencia, otorgando las respuestas correspondientes dentro los plazos legales”.
¿Será que el presidente de la CEGAIP confunde la atención a las solicitudes de información como una labor exclusiva de ese organismo? Que no se queje de que le pidan a la CEGAIP información de cualquier dependencia gubernamental… o que se le vea tan inútil, que ni su presidente parece saber qué hace ahí.
