Fernanda Durán
La reforma al artículo 16 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí que reconoce el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo fue formalmente aprobada, al contar con el aval de 20 de los ayuntamientos aunque no con la totalidad de votos requeridos, conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución local.
A cinco meses de que el Congreso del Estado aprobara esta reforma constitucional —el 13 de diciembre de 2024—, se recibió un total de 29 actas certificadas de sesiones de cabildo. De estas, 20 contienen un voto aprobatorio, mientras que nueve registraron un voto en contra. Adicionalmente, otros 30 ayuntamientos no emitieron pronunciamiento dentro del plazo legal, lo que según el marco constitucional equivale a una aprobación sobreentendida.
Entre los municipios que votaron a favor destacan: Alaquines, Axtla de Terrazas, Cedral, Cerritos, Matehuala, Rayón, Salinas, San Martín Chalchicuautla, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Vanegas, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Villa Hidalgo y Xilitla.
Algunos de los municipios más grandes del estado, como San Luis Potosí y Ciudad Valles, no emitieron posicionamiento alguno, por lo que sus cabildos se consideran conformes con la minuta en virtud de la omisión.
La reforma al artículo 16 fue acompañada por modificaciones a los artículos 58 BIS y 58 TER de la Ley de Salud del Estado, que establecen la obligación de las instituciones públicas de salud de garantizar el acceso universal y gratuito al servicio de interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Esta reforma constitucional es resultado del cumplimiento a la sentencia de amparo 775/2024, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, que ordenó al Congreso del Estado a adecuar el marco jurídico para garantizar los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.
El decreto entrará en vigor tras su publicación oficial, y las instituciones públicas de salud tendrán un plazo de 60 días naturales para adecuar sus reglamentos, lineamientos y protocolos a las nuevas disposiciones. Con ello, San Luis Potosí finalmente se sumará a las entidades del país que han legislado a favor del acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo.
