Iraís Valenciano
“Todas y todos recordamos poder caminar de noche sin miedo, dejar nuestras casas abiertas, nuestros coches abiertos. Podíamos emprender un negocio sin miedo a que llegara un grupo de malandros a cobrarte su absurdo derecho de piso y ponerte una pistola en la cabeza con la amenaza de arrebatarte la vida si no le entregas una parte de tu trabajo. Era una ciudad gentil, una ciudad preciosa y segura”.
Así era San Luis Potosí hace unas décadas, y así lo recordaron los potosinos que el pasado domingo expresaron durante la Marcha por la Paz su hartazgo por la inseguridad.
Todavía en la década de los 80 había viviendas en las que se permitía libre acceso al zaguán; estudiantes caminaban a sus escuelas sin la necesidad de que sus padres les acompañaran; niñas y niños salían a la calle a jugar bote pateado, canicas, bebeleche, resorte, chinche al agua y otras actividades en las que no existía un celular o una pantalla de por medio, pero sobre todo, porque se podía vivir sin miedo.
¿Había delitos en aquel entonces? Sí, pero para nadie es un misterio que la situación ha escalado por múltiples factores, como la delincuencia organizada y la impunidad.
En lo que va de este año, 196 familias han enfrentado el sufrimiento causado por igual número de homicidios: 90 fueron dolosos y 106, culposos, pero no por ello dolieron menos.
¿Qué puede valer más que una vida? ¿Una noche de francachela que derivó en un mortal choque? ¿Un afán de enriquecimiento a costa de lo que sea? ¿Una venganza que se vuelve un cuento de nunca acabar?
196 asesinatos en un estado de más de dos millones 800 mil habitantes pareciera una cifra pequeña. Incluso, las autoridades potosinas han presumido la reducción en las estadísticas de homicidios dolosos. Pero para las familias de esas víctimas las cifras no importan, lo único que saben es que ya no podrán abrazar a sus seres queridos otra vez.
Yucatán, un estado con más de dos millones 300 mil habitantes acumula entre enero y abril de 2025 un total de 53 asesinatos: 48 de ellos estuvieron relacionados con hechos de tránsito y solo cinco fueron homicidios dolosos: dos en enero, dos en febrero, uno en marzo y cero en abril.
¿Cuándo fue la última vez que San Luis Potosí reportó cero delitos de ese tipo?
Uno de los hechos más recientes, el asesinato de Sandra Revilla el pasado 10 de mayo, reavivó la indignación ciudadana pero no es el único caso, y seguramente habrá más. Sí, los principales culpables son quienes le dispararon en la marmolera, pero también quienes por acción, omisión o reparto de culpas han permitido que cualquier delincuente haga de las suyas, y más reprobable aún, que existan quienes aprovechan una tragedia para golpeteo político.
Frente a la Fiscalía General del Estado, los integrantes de la Marcha por la Paz se comprometieron a dejar el sillón, la comodidad, la apatía y el confort. A cambio, pidieron estrategias eficaces.
Se dirigieron por igual a las autoridades estatales y municipales, así como a los diputados y la Fiscalía. Evitaron politizar o elegir bandos y recomendaron a los funcionarios guardar el ego para lograr resultados urgentes.
Argumentos -por no decir pretextos- ante la inseguridad puede haber muchos, pero más allá de colores, de investiduras y de egos, lo que la ciudadanía exige es atacar de frente el problema, y no solo se trata de los homicidios: 702 delitos sexuales en cuatro meses; tres mil 935 robos en ese mismo lapso; tres mil 567 delitos contra la familia y tres mil 869 casos de narcomenudeo implican que detrás de cada una de esas denuncias hay alguien que sufre, que ve cómo su esfuerzo se esfuma a punta de pistola o cómo su tranquilidad se desmorona por falta de políticas efectivas de seguridad pública.
Tampoco es para hacer un jolgorio que San Luis Potosí no está entre los estados más inseguros del país. Ya lo dice el refrán: “Mal de muchos, consuelo de tontos”.
Y sí, mucho depende de las autoridades, de la inversión en equipo y personal. Ya lo decían los ciudadanos en una de sus consignas: “Menos artistas, más policía”. Ojalá que los gobiernos destinen los recursos necesarios, que se planifiquen estrategias y que los uniformados sean contratados para disuadir a los delincuentes, no para pedir “mordidas” o para afiliarse a partidos políticos.
Y la ciudadanía debe también poner de su parte. Urge reforzar desde las familias, las escuelas y los espacios de convivencia el sentido de comunidad, de ayuda mutua y de responsabilidad.
La inseguridad no acabará por decreto y mucho menos se debe recurrir al maquillaje de cifras. Es una labor compleja, y tomará tiempo. San Luis Potosí es distinto a Yucatán en demografía, ubicación geográfica y actividades económicas, por mencionar solo algunas diferencias, pero no está al otro lado del mundo, es también un estado mexicano y tuvo cero homicidios en abril. ¿Acaso es imposible aspirar a algo así?
Claro que las y los potosinos quieren vivir sin miedo, y tienen todo el derecho a exigirlo a las autoridades, pero si el mayor temor de quienes están en el poder es perder las elecciones en el 2027, ¿en manos de quién está la seguridad de San Luis Potosí?
REFILL
Por lo menos ocho patrullas de la Guardia Civil Estatal resguardando el salón ejidal de Corcovada, donde se realizó la asamblea en la que se pretendían enajenar varios cientos de hectáreas. Así las prioridades de la corporación.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
